“Desde 1996 al 2000, miles de mujeres murieron producto de una política, promovida desde la Presidencia de la República durante el Gobierno de Alberto Fujimori, para esterilizar mujeres sin su consentimiento, no podemos permitir que la historia se repita”, afirma la ex regidora de la Municipalidad de Lima, Marité Bustamante.
Marité recuerda a Mamérita Mestanza, mujer que accedió a esterilizarse en 1998 porque “le habían señalado que incluso existía una ley que penalizaba y encarcelaba a las mujeres que tenían más de cinco hijos. Ocho días después de someterse a esta operación, Mamérita fallece producto de una infección a pesar de haber solicitado atención en el centro de salud”.
El 21 de octubre el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte del seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (2003) por el caso de Mamérita Mestanza, se ha comprometido a sumarse a la exigencia de justicia para el caso de esterilizaciones forzadas, y ha reconocido la importancia de crear un Registro Único de Víctimas.