Ha tenido que transcurrir una década para que el Estado finalmente cumpla con el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de ONU, por el que se condenó al Perú, representado por el Ministerio de Salud (MINSA), a reparar a K.L. por los daños a su salud mental y proyecto de vida, reconociendo su responsabilidad ante la negación del aborto terapéutico. Asimismo, se exhortó al Estado a publicar, de manera oficial, el dictamen del caso y a adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, por ello el año pasado se aprobó el protocolo de aborto terapéutico.