Desde que Pluspetrol anunció su liquidación, comunidades que viven entorno al centro de operaciones han manifestado su preocupación porque la empresa no ha cumplido con la remediación de los sitios contaminados durante los años que estuvo operando en los Lotes 8 y 192, asimismo la petrolífera ha presentado un Plan de Abandono que no ha sido aprobado aún por el Ministerio de Energía Minas. La empresa tiene un largo expediente ambiental, por ejemplo, el propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha manifestado que Pluspetrol es responsable de alrededor de 2000 impactos ambientales entre los lotes 8 y 192, por lo que se le impuso una sanción de cuatro mil UIT de multas coercitivas, mientras que la empresa se niega a reconocer y asumir dichos pasivos ambientales.
En diciembre del 2020, la empresa Pluspetrol que operaba los lotes 8 y 192 en Loreto anunció su liquidación tras negarse a pagar la multa por cuatro mil UIT que OEFA le había impuesto por no haber realizado las remediaciones en las zonas de sus operaciones. Aunque la empresa se ha negado a asumir esa responsabilidad, el Estado peruano tampoco ha tomado medidas para enfrentar esta situación que pone en situación de vulnerabilidad a las comunidades indígenas y poblaciones ribereñas que viven alrededor del centro de operaciones de la empresa, pues señalan que no han sido informados ni consultados sobre la decisión de retiro de la empresa, denuncian también que no ha sido partícipes de las coordinaciones de cómo se llevará a cabo la salida de la empresa de sus territorios, ni sobre quién recaerá la responsabilidad de remediar los pasivos ambientales.
Según el informe “La sombra del petróleo” elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y OXFAM en el que se hace una revisión de los derrames petroleros ocurridos entre el año 2000 y 2019, la empresa Pluspetrol sería responsable de alrededor 2000 sitios contaminados por actividad petrolera ubicados en los lotes 8 y 192. Al respecto representantes del pueblo Kukama y Uranina han emitidio una carta pública firmada por las comunidades de San Gabriel, San José de Saramuro, San Pedro y La Petrolera, comunidades cercanas al centro de operaciones de Pluspetrol, en la que señalan que “es una nueva falta de respeto y vulneración a nuestros derechos que hasta hoy el Estado no se haya comunicado con nosotros para explicarnos y aclarar lo que va a suceder con el Lote 8. El Estado se comporta como si los pueblos indígenas no existieramos; a pesar que nosotros denunciamos permanentemente la contaminación y los aqabusos de las empresas petroleras. En estos años ni una sola vez entró el Ministerio de Energía y Minas o Perupetro a informarnos sobre las obligaciones de las empresas petroleras, o sobre su rol como autoridad socioambiental”.
Ante esta situación, el apu de la comunidad Achuar San José de Nueva Esperanza, Nemesio Díaz, afirmó que es necesario que haya una mesa de diálogo donde se informe a las comunidades cuáles serán las acciones a ejecutar tras la salida de Pluspetrol a finales de este año porque la situación de contaminación es insostenible. Señaló que hace un año realizaron el pedido de una mesa de diálogo y hasta el momento no han recibido respuesta alguna.
“Toda flora y fauna silvestre es una vida, pero la empresa petrolera no lo quiere reconocer y por eso quisiéramos tener una mesa de diálogo. Pluspetrol tiene un contrato hasta 2024 y este año ha presentado una carta de liquidación, pero no hubo una consulta sobre cómo va a dejar el territorio. Hay tuberías que tienen que ser retiradas porque causan derrames de óxidos sobre las quebradas. Comemos animales contaminados y es por eso que queremos saber cuándo los van a retirar. Tampoco nos han informado quiénes van a asumir la responsabilidad del retiro de las tuberías si PerúPetro o PetroPerú, que son las posibles empresas que operaría el Lote 8. Varias veces hemos presentado los documentos a Osinergmin, al Ministerio del Medio Ambiente y OEFA, pero no nos hicieron caso. El 2 de febrero del 2020 presentamos un documento para solicitar a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) que se forme una mesa de diálogo con Pluspetrol, pero fue rechazado”.
Además de la contaminación, otro problema que critican las comunidades es el estado en el que se encuentra el Plan de Abandono de Pluspetrol y la ausencia del Estado peruano frente a este caso. Sobre este tema, el apu Nemesio Díaz señaló que las autoridades correspondientes no les han brindado el apoyo necesario y cuando lo han hecho, ha sido porque ellos lo han exigido.
“Cuando yo reclamé porque nos dejaron a un lado, recién hablaron del Plan de Abandono. Si yo tiro un bidón de aceite quemado en una quebrada de Lima, a mí me llevan inmediatamente a la cárcel; si yo derramara una botella de petróleo a mí me denuncian. El gobierno calla cuando hay un reclamo de los pueblos indígenas de los pueblos achuar. Cuando hay este tipo de problemas, las comunidades hacemos paros porque no nos hacen caso y recién ahí atienden a los peruanos. Si tu pides apoyo, las empresas o instituciones del gobierno no lo hacen”.
Finalmente, en la carta pública presentada por las comunidades mencionadas afirmaron que no permitirán que se avance con nuevas operaciones en el Lote 8 hasta que no se les brinde la información sobre el futuro del lote y se realice un proceso de consulta previa. También exigieron que “se inicie en el más breve plazo una labor de identificación de impactos en las zonas correspondientes a los puntos contaminados en territorios comunales, esto con la participación de los monitores ambientales de nuestra comunidad, sus autoridades comunales y nuestra federación ACODECOSPAT”, sostiene Nemesio Díaz.
