La pérdida de empleo y el confinamiento viene golpeando seriamente el hambre de los peruanos, las ollas comunes han sido la salida que han dado muchas mujeres y hombres frente a esta crisis alimentaria que viven muchos sectores vulnerables del país. La Defensoría del Pueblo informó que, en el último semestre del 2020, el 51% de 258 comedores populares, de 125 municipalidades supervisadas a nivel nacional, registraron un incremento de usuarios. De esta cifra, el 76 % precisó que no contaban con los insumos necesarios para afrontarlo, por lo que los impulsores de las ollas comunes demandan al Estado abastecimiento de alimentos.
Desde que inició la emergencia sanitaria, las ollas comunes han sido un símbolo de resistencia y apoyo de muchas familias en situación de pobreza que, producto del desempleo y la crisis económica, se vieron imposibilitados de acceder a un derecho básico como es la alimentación. Según el registro de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima este año se han contado con 1300 ollas comunes en 33 distritos de Lima que alimentan alrededor de 129 mil ciudadanos. Si tomamos en cuenta que una de las características de las ollas comunes es su surgimiento espontáneo y temporal, las cifras nos muestran que desde el año pasado, las ollas comunes en varios distritos de la capital se han incrementado, pero sobre todo, se han sostenido en el tiempo.
Así lo menciona Abilia Ramos, coordinadora de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho. “Las ollas comunes existen desde hace muchos años. Las hacíamos para cubrir las necesidades que hay en las zonas altas del distrito, pero la diferencia es que antes teníamos trabajo y ahora no. La pandemia nos agarró desprevenidos y sin dinero. Cuando se decretó la cuarentena, mucha gente dejó de trabajar y así fue que empezamos a formar nuestras ollas comunes, con recursos y alimentos que teníamos en casa. Muchas ollas van a cumplir un año sin la presencia de nuestras municipalidades ni ayuda del Estado. Nosotras mismas, desde nuestras organizaciones, hemos gestionado la ayuda”, señala.
Para enfrentar el desabastecimiento de estas iniciativas vecinales, en diciembre del año pasado el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que facilita el funcionamiento de iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal, como los comedores populares y las ollas comunes, en el contexto de pandemia por el COVID-19. Al respecto, Fortunata Palomino, representante de las ollas comunes de Carabayllo manifiesta que “el año pasado se asignó un presupuesto de veintidós millones para solventar tres meses a las ollas comunes; ahora nos han asignado un presupuesto de treinta millones aproximadamente para cinco meses y también se ha aprobado por insistencia la modificación de la ley de municipalidades que incorpora la atención a las ollas comunes y comedores populares. Ojalá podamos lograr un presupuesto de ahí”.
Para Abilia Ramos los retos que enfrentan hoy las ollas comunes son: lograr el registro y el reconocimiento oficial de la mayor cantidad de ollas comunes para lograr acceder al presupuesto asignado a estas iniciativas. “Ha habido bastante clientelismo político porque la municipalidad no nos ha entregado el registro de las ollas. Sin embargo, nosotras dentro de la Red de ollas tenemos un registro propio porque a estas alturas han aparecido bastantes ollas fantasmas creadas desde la municipalidad y por personas que quieren aprovecharse de esto. Desde San Juan de Lurigancho hemos hecho una denuncia para que la municipalidad nos entregue el registro total para hacer un trabajo en conjunto con el MIDIS y la misma municipalidad, pero no nos han dado una respuesta clara. En reunión con la ministra nosotras hemos pedido que nos hagan partícipes de la repartición de alimentos para poder fiscalizar y que estos lleguen a ollas que realmente lo necesitan”, sostiene Ramos.
Con la llegada de la segunda ola de contagios y la cuarentena impuesta a inicios de este año, la aparición de ollas comunes se incrementó considerablemente y con ello la participación y liderazgo de muchas mujeres en las distintas ciudades del país. En San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del Perú, hay alrededor de 420 ollas repartidas en 16 de las 18 comunas existentes que, en su gran mayoría, son dirigidas por mujeres que luchan contra todas las adversidades para llevar a cabo su labor. “En algunas ollas las mujeres no saben leer ni escribir, ni usan Whatsapp, no están enteradas ni del registro ni del apoyo de la municipalidad. Muchas ollas están ubicadas en zonas altas donde no llega agua, luz, ni internet. Esas señoras no tienen conocimiento de los apoyos que existen. Incluso hemos tenido que cambiar la leña por el gas porque el humo que se desprende puede generar otras enfermedades en las mujeres, más allá del Covid. La mayoría de ellas son mayores y tienen otras enfermedades, pero la necesidad de comer hacen que ellas estén ahí cocinando”, se lamenta Ramos.
Por su parte Fortunata Palomino hace un llamado a seguir en la lucha para que las ollas comunes sigan recibiendo el reconocimiento y presupuesto por parte del Estado, pues la emergencia sanitaria aún continúa. “Nosotras seguiremos haciendo gestiones externas con los ministerios, las autoridades en Lima y provincias que también luchan de la misma manera que nosotras. Si bien las autoridades pasadas nos invisibilizaron, nosotras seguimos luchando con nuestras banderas blancas. Tampoco hay que olvidarnos que somos peruanos y hay que izar nuestras banderas en señal de resistencia a la traición de las autoridades que han puesto sus intereses por encima de la gente pobre y nuestros líderes que han perdido la vida luchando”, finaliza Palomino.
