La creación del registro de víctimas permitirá conocer 18 años después el número de afectadas.
Se abre una puerta para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú. A ocho meses de concluir su mandato, el presidente Ollanta Humala promueve la creación del Registro Único de Víctimas que permitirá 18 años después conocer el número de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia. Existen 2074 denunciantes pero, la investigación del fiscal Marco Guzmán Baca, arroja una cifra de más de 10 mil mujeres. Sin embargo, la norma que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995-2001 (Decreto Supremo N° 006-2015-JUS) todavía no contempla la reparación a las víctimas.
“Destacamos la voluntad política expresada a través de este Decreto Supremo, además el avance por parte del Estado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y reconocemos que es un primer paso y una herramienta hacia la verdad y la justicia, pero esta medida no reemplaza una política de reparaciones integrales aún pendiente”, señala María Ysabel Cedano, directora del Centro de Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS).
Vacíos normativos
El primer vacío de la norma se evidencia cuando, en el artículo 6, se señala que las personas incluidas en el registro recibirán atención integral en salud en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud – SIS”, pues eso significa que las víctimas no recibirán una atención de salud preferente, sino que gozarán del SIS, que actualmente todos los ciudadanos en situación de extrema pobreza reciben,como así lo subrayan organizaciones como DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF).
Cuestionan además que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) -institución encargada de la atención psicológica a las víctimas-, no tenga la capacidad suficiente para atender al universo de afectadas por las esterilizaciones forzadas, debido a sus deficiencias logísticas.“Todavía la norma no señala el término reparación, solo señala atención en salud, se podría mejorar y prever otros mecanismos del Ministerio de Salud que contempla atención en salud mental y que tenga la capacidad de dar esa atención”, sostiene Ana María Vidal, del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF).
Por otro lado, el Estado se comprometió, mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a brindar asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de las esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de formular las denuncias y brindar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente.
“Esperamos que la defensa pública pueda empezar desde ya para que todas las personas que se sientan afectadas por esta política pública, puedan acceder a la justicia”, comenta Vidal.
El 6 de diciembre es el último día para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reglamenten la norma.
Las organizaciones de derechos humanos esperan que pronto se ponga en marcha una política de reparación integral que contemplaría disculpas públicas hacia las víctimas de esterilización, indemnización, acceso para las afectadas a servicios sociales y programas de emprendimiento económico, que puedan acceder de manera preferente al SIS y ser atendidas en cualquier establecimiento nacional, y la capacitación del personal de salud para atender a las víctimas como parte de una política de reparación.
Escenario electoral
Hay que recordar que durante la campaña electoral del 2011, el entonces candidato a la presidencia Ollanta Humala puso sobre la mesa el tema de las esterilizaciones forzadas. Casi cuatro año después, a ocho meses de concluir su mandato, el Ejecutivo dispuso la aprobación de esta norma. Para el analista político, Agustín Figueroa, “está bien que Ollanta cumpla con algo que ofreció, pero está mal que lo haga en pleno proceso electoral, sabiendo que su Gobierno no va a ejecutar lo establecido en el decreto porque está de salida y eso le correspondería al próximo mandato”.
El decreto aprobado sería el talón de Aquiles de la candidata que lidera las encuesta presidenciales en Perú, Keiko Fujimori, quien fue primera dama cuando se ejecutó el programa de Planificación Familiar que ligó las trompas de manera forzada a mujeres pobres, quechua hablantes y rurales, con el pretexto de eliminar la pobreza en el país.
Al respecto Pedro Francke, coordinador del Frente Amplio, señala que las esterilizaciones forzadas se han convertido en un “tema clave” para estas elecciones, tal como sucedió en la última contienda electoral, donde Ollanta Humala utilizó el tema para atacar a Keiko Fujimori y finalmente resultó ganador del proceso electoral. “Keiko podría bajarle el dedo a Alejandro Aguinaga, quien fue uno de los ministros de salud fujimorista, que actualmente está siendo investigado. Ella podría resaltar que él es la persona responsable de las esterilizaciones forzadas”, señala y agrega que, si Keiko gana las elecciones, el registro sería inútil, pues aunque podría no derogarlo, no cumpliría con lo establecido en el mismo.
Caso Mamérita Mestanza
Es importante resaltar que la investigación sobre las esterilizaciones forzadas inicia en el año 1998 cuando María Mamérita Mestanza, mujer esterilizada contra su voluntad en Cajamarca, fallece tras ser sometida a una operación de ligadura. Es a raíz de ese hecho que varias organizaciones feministas y de derechos humanos presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el año 2003, se firmó una Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado por el que se comprometió a reparar a los familiares de la fallecida y a realizar las investigaciones pertinentes que esclarezcan el caso de esterilización forzada. El pasado 21 de octubre se realizó una reunión de seguimiento al caso en la CIDH, donde el Estado reafirmó su compromiso con el mismo y reconoció la importancia de la creación del Registro Único de Víctimas.
