El Departamento de Trabajo de Estados Unidos expresó su preocupación respecto a la falta de garantías en el sector exportador peruano para ejercer el derecho a la libertad sindical. Además realizará una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones por el nuevo Ejecutivo en los siguientes 9 meses.
A dos días de celebrarse las elecciones presidenciales en Perú, la mochila de las promesas electorales que cargan los candidatos sobre sus espaldas es pesada, especialmente se ha engrosado durante estos últimos días de cierre de campañas, donde, exultantes, a ritmo de huaynos y melodías regaetoneras entonan sus últimas medidas. El tema laboral ha saltado a la palestra por el debate del aumento del sueldo mínimo y la informalidad. Sin embargo, el próximo Gobierno tiene una tarea pendiente: poner coto a la renovación indefinida de los contratos temporales, amparada por el Decreto Ley 22342 (Ley de Exportación No Tradicional), que perjudica la libertad sindical de los trabajadores, especialmente los del sector textil, y reforzar el sistema de fiscalización laboral. Así lo ha recomendado en un informe el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, país con el que Perú mantiene un Tratado de Libre Comercio en vigor desde el 1 de febrero de 2009.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos se muestra preocupado por la falta de garantías para ejercer del derecho a la libertad sindical en el sector exportador peruano.
Este pronunciamiento se hizo público el 18 de marzo del presente año como respuesta a queja presentada el 21 de julio del 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones de trabajadores. La queja se sustenta en la falta de cumplimiento por el gobierno peruano de las normas laborales incluidas en el acuerdo de promoción comercial entre ambos país. Los sectores perjudicados con estos incumplimientos son el textil y confecciones, y el sector de la agroindustria. Los peticionarios pedían la derogación del Decreto Ley 22342. «Esta normativa, junto con la Ley 27360 [Promoción del Sector Agrario], genera dumping social. Ambas normas hacen que el Perú tenga una ventaja comparativa en sus productos de exportación, pero esa ventaja se genera a costa de los bajos salarios y las condiciones precarias de empleo. Este pronunciamiento es un llamado de atención al Gobierno peruano por esta legislación, y sobre todo, por las consecuencias que tiene respecto al ejercicio de derechos fundamentales principalmente el de libertad sindical, vulnerando los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo», afirma Luis Mendoza, abogado laboralista de Plades (Programa Laboral de Desarrollo).
«En la actualidad las empresas están haciendo firmar contratos de 30 días, si algún trabajador reclama algún derecho al siguiente mes simplemente la empresa no lo renueva, y con mayor razón si es que el trabajador pretende organizar un sindicato o afiliarse. Hay mujeres embarazadas que han tenido que asistir a trabajar hasta el último día que ya tiene contracciones de parto», explica Gerardo Olórtegui, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles (FNTTP), peticionaria de la queja. «Si el contrato de trabajador fuera por mayor tiempo, tendría la posibilidad de afiliarse a un sindicato y negociar mejores condiciones de trabajo», agrega. Las exportaciones peruanas del sector textil bordean los dos mil millones de dólares anuales, siendo Estados Unidos el principal destino con una participación del 34%, según datos de Comercio Exterior. Además, las exportaciones de prendas de vestir alcanzaron los 1.368 millones de dólares, concentrando Estados Unidos el 46% del valor exportado.
“La ventaja comparativa de las exportaciones peruanas con el Decreto Ley 22342 se genera a costa de los bajos salarios y las condiciones precarias de empleo”
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos recomienda al Estado peruano poner fin a la renovación indefinida de contratos temporales, para que tenga un tope máximo de 5 años-siguiendo el régimen general- establecido en el artículo 74 del Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), para ello habría que derogar el artículo 32 del Decreto Ley N° 22342. También señala que el Estado debe reforzar la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales. Si bien es cierto, el informe de Estados Unidos menciona ciertas medidas positivas adoptadas por el Gobierno como la creación de la SUNAFIL, o a la aprobación de una nueva ley procesal del trabajo, sin embargo, resultan insuficientes para garantizar los derechos de los trabajadores como demuestra el informe. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) negó en un comunicado supuestos incumplimientos del capítulo laboral del acuerdo comercial entre ambos países.
Javier Mujica, abogado laboralista de Equidad, recuerda en el último informe anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que la SUNAFIL desde el 2014 hasta el 2017 (mediante la Ley N°30222) deberá circunscribirse principalmente a «intervenciones orientadas a la prevención y no corrección de conductas infractoras». Además señala que el número de inspectores es «desproporcionadamente pequeño» respecto de los trabajadores, hay 450 inspectores en total para una población ocupada asalariada de 7 millones.
“Las empresas firman por 30 días, si algún trabajador reclama algún derecho al siguiente mes simplemente la empresa no lo renueva”
El asunto de los regímenes laborales no ha estado muy presente en la campaña electoral. El partido Fuerza Popular que lidera las encuestas no ha acudido a ninguno de los foros realizados sobre temática laboral. El vicepresidente del partido es José Chlimper, presidente de una de las grandes agroexportadoras del país: Agrokasa, fue exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori donde impulsó la Ley N°27360 que «hizo mucho más inestable la relación laboral para los trabajadores y se redujeron los costos laborales», afirma Fernando Eguren en un informe. Aunque, su programa electoral sí contiene una propuesta para fortalecer la SUNAFIL. El representante de PKK, Alfredo Thorne, sí acudió al foro que celebró la OIT en Lima para conocer las propuestas de los candidatos, sin embargo, eludió la pregunta de los periodistas presentes sobre los regímenes especiales laborales. Frente Amplio es el único partido que cuenta con una propuesta para adoptar la igualdad de derechos de los trabajadores en los diversos sectores laborales (incluido exportación no tradicional y agroexportación). Acción Popular, por su parte, no se ha pronunciado sobre este tema. Alianza para el Progreso del Perú ha sostenido que revisaría los regímenes laborales especiales, incluso el representante de este partido Ángel Villasante durante el evento de la OIT, afirmó que los regímenes de exportación no tradicional y de agroexportación deben terminar.
El Decreto Ley N° 22342 fue promulgado durante la dictadura Morales Bermúdez en el 1978 y nació para fomentar el sector de las exportaciones no tradicionales que por aquel entonces era aún incipiente. Sin embargo 38 años después, y a pesar de que las exportaciones de este sector han crecido significativamente, aún se mantiene vigente. El informe estadounidense reconoce que «el porcentaje de sindicalización en los sectores de exportación no tradicional es inferior a la mitad del porcentaje de los trabajadores empleados de forma indefinida», por ello, concluye que «tiene preocupaciones significativas» de si el marco legal » es suficiente para proteger el derecho a la libertad de asociación”.
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