— octubre 6, 2020 a las 9:45 am

Demandan al Gobierno observar la ley que promueve el tráfico de tierras y pone en riesgo a los defensores de DD.HH.

Por

Foto: Andina

El 14 de septiembre, en plena crisis política, el Congreso de la República aprobó por mayoría absoluta un proyecto de ley que amplía el plazo para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales hasta fines del 2015, pese a que la propuesta de ley tenía observaciones del Ministerio de Vivienda, Cofopri, Bienes Nacionales y la SUNARP. Miguel Jugo, integrante del Consejo Consultivo de la Confederación Campesina del Perú (CCP), advierte que este proyecto va a generar más violencia en contra de las comunidades campesinas que han sufrido ataques de los traficantes de terrenos.

¿Qué dice el proyecto de ley? Señala que se dará títulos de propiedad a quienes tengan viviendas construidas de manera informal sobre terrenos públicos, que comprende a la propiedad fiscal, municipal o cualquier otra denominación que pudiera dársele a la propiedad del Estado, incluyéndose aquellos que hayan sido afectados en uso a otras entidades y aquellos ubicados en proyectos habitacionales creados por norma específica que no estuviesen formalizados o estén en abandono.

Jugo sostiene que el Presidente Martín Vizcarra debe observar este proyecto de ley porque perjudicaría a las comunidades campesinas, sobre todo de la costa, sobre todo en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima, que son las que más han sufrido los ataques de los traficantes de terrenos, advierte que también ponen en riesgo la integridad de los defensores de los derechos humanos.

El integrante de la CCP recordó que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, el tráfico de terrenos es el segundo delito que más dinero genera a las mafias delincuenciales, después del tráfico de drogas; y una norma como la aprobada por el Congreso va a estimular esta actividad ilegal. Por lo que solicitó que los representantes de los ministerios de Vivienda y de Justicia que se pronuncien a favor de observar la ley, pues lejos de solucionar el tema de la formalización, se terminará poniendo en mayor riesgo los derechos de las comunidades campesinas.

Hay que resaltar que diversas instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Lomas del Perú, el Instituto de Defensa de Legal, así como organizaciones de organizaciones representativas de las comunidades campesinas, se han venido pronunciando contra la aprobación de esta norma.

De acuerdo a una investigación realizado por la Ong Grade: Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú , en las últimas dos décadas, las ciudades del país se han expandido en cerca del 50% y más del 90% de esta expansión urbana es de carácter informal. Agrega que a través de la inversión pública en servicios e infraestructura, el Estado subsidia indirectamente a los hogares que adquieren lotes en urbanizaciones informales, lo que fomenta la adquisición de terrenos por la vía irregular.

“Estos subsidios indirectos del Estado a las urbanizaciones informales elevan el precio del suelo urbano, lo que aumenta la rentabilidad de los promotores inmobiliarios informales y afecta la viabilidad de las habilitaciones urbanas formales”, cita la investigación de Grade.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*