— diciembre 29, 2023 a las 11:00 am

EL BOOM DE LA AGROEXPORTACIÓN EN ICA: UN MODELO QUE HACE AGUA

Por

Escriben Maga Zevallos y Ricardo Prieto

Este informe periodístico fue promovido por Perú Equidad

Cuando Michael Galarza nos recibe en su parcela en Yauca del Rosario, en Ica, sus pasos solo levantan polvo. “Hace más de cinco años que no hay agua suficiente para regar. Solo nos queda esperar la lluvia”, nos cuenta este agricultor que hasta hace poco tenía cultivos de manzanas, naranjas y maíz. La falta de sembríos en su tierra  contrasta dolorosamente con los campos que la rodean.  Solo a cinco metros de las tierras desnudas de Michael, emergen los abundantes y verdes campos de mandarinas de su vecino, una de las muchas empresas agroexportadoras que operan en la zona. Esta imagen, partida en dos, es el retrato del complejo momento que vive Ica, la región de la que tanto nos jactamos por ser el corazón del “Boom” de la agroexportación. 

Yauca del Rosario es uno de los 14 distritos de Ica y es conocido por la excelencia de sus olivos y uvas. Pero aquí, el agua escasea y la que hay, no se distribuye a todos por igual. Y también falta para el consumo humano. El pozo local fue mal perforado y ninguna autoridad exigió que lo dejaran operativo. Michael piensa que las autoridades tienen prioridades muy distintas a las de los pequeños agricultores y que, más bien, sólo favorecen a las grandes empresas dedicadas a la exportación. “Han hecho una carretera de 30 millones de soles que no necesitamos, es para favorecerlos a ellos mismos, porque, nosotros, lo que necesitamos es el agua”, dice.

Dora Carlos es una pequeña agricultora de 68 años que heredó de sus abuelos y padres la sabiduría de la agricultura familiar campesina.  Entre lágrimas relata que en Yauca, desde hace cinco años los agricultores no riegan sus tierras, y los que riegan deben pagar 200 soles por cada hectárea. “No deberían de cobrarnos si es agua de avenida, acá en Yauca hay mucha pobreza, en vez de hacer una carretera debieron pensar primero en darle de comer a la gente”.

 

“Los más grandes tienen el agua y nosotros, los pequeños agricultores, estamos abandonados”.

 

En Yauca del Rosario, la gente como Michael y Dora tiene agua potable solo media hora por semana. Ellos compran agua en cisternas para su subsistencia y riegan sus tierras prácticamente solo cuando llueve. Los pequeños agricultores no pueden agenciarse un pozo para los cultivos que se secan frente a sus ojos, debido principalmente, a que está prohibido perforar la tierra en toda la región. Además de los enormes costos que supone la construcción de un pozo formal de agua, el acceso al agua tecnificada es algo imposible para los pequeños agricultores, esos que surten de alimento al mercado nacional, de los que finalmente depende nuestra soberanía alimentaria. 

Lo que ocurre en Yauca del Rosario es, en pequeña escala, lo que ocurre en toda la región Ica.

LA OLA EXPORTADORA 

Ica es una de las regiones más pequeñas del Perú, con poco más de 850 mil habitantes. Pero su tamaño contrasta con la fertilidad de sus tierras. Produce uvas, espárragos, alfalfa, trigo, papas, cebada, mangos, pecanas, paltas, granadas, arándanos y otros frutos en cantidades realmente industriales. Sus productos llegan a más de 100 mercados a nivel internacional, la agroexportación iqueña es la segunda más importante del país. Son más de 30 mil las familias que se dedican a la pequeña agricultura, según cifras del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y actualmente hay más de 300 empresas dedicadas a la agroexportación.

Treinta años después de las primeras iniciativas de agroexportación, cuando las uvas peruanas y el espárrago abrieron la gran conquista de los mercados internacionales, muchos se aventuraron a comprar tierras en esta región con el sueño de sumarse a la gran ola exportadora. Llegó entonces el reinado de las paltas y los arándanos en Europa y Estados Unidos, con ventas en mercados externos que superaron, en plena pandemia, los mil millones de dólares. Ica ha sustentado su crecimiento sostenido en la última década, con el desarrollo agroindustrial y es la quinta región más competitiva del país.

Según la Cámara de Comercio de Lima, Ica es la segunda región que aporta más al Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario. El “boom” agroexportador sigue situando a la actividad en la zona del éxito. Pero también muestra las enormes grietas en su sostenibilidad: crisis creciente en la distribución del agua, una informalidad en el sector que amenaza con arrastrar los cimientos del modelo, pobreza de familias enteras que viven de la pequeña agricultura, crecimiento desordenado de la ciudad, sobrepoblación de asentamientos humanos que han ido cobijando a migrantes procedentes principalmente de regiones pobres, como Ayacucho y Huancavelica. La presencia del Estado aquí es tan escasa como el agua.

UN MODELO ECONÓMICO INSOSTENIBLE

La región sureña es una zona desértica, un oasis rodeado de valles. Depende de lluvias que se acumulan en los meses de verano, pero principalmente del agua que llega desde las alturas de Choclococha, en Huancavelica, agua que, según diversos acuerdos entre la región, municipios y otros actores que participan en la gobernanza del agua, está reservada para uso exclusivo de la pequeña agricultura.

“Todo el agua que va a Ica, ya sea por lluvia o por río, viene de Huancavelica, por lo tanto, Ica no sería viable sin el agua de Huancavelica”, explica Eduardo Zegarra, investigador principal de GRADE y doctor en economía agraria.

Por eso entre Ica y Huancavelica existe un permanente enfrentamiento por el agua, que se ha agudizado con los años.

Yo no la llamaría el conflicto del agua, sino esta interdependencia que hay entre Ica y Huancavelica que, lamentablemente, nunca ha sido bien manejada ni por el Estado ni por la propia élite de Ica”, dice Zegarra.

 

“La agroexportación no sería posible sin el agua de Huancavelica

 

En este contexto, el problema se agudiza pues, para su producción y cumplimiento de las exigencias del mercado global, la agroexportación necesita una cantidad de agua gigantesca. Pero no todas las empresas agroexportadoras son iguales ni acceden al agua por igual.

El mercado de la agroexportación en Ica se diversifica en tres grupos principales: las empresas formales, que exportan a varios países y que se alinean a exigencias y tratados, con una gran inversión. Las informales, que operan dentro de la legalidad, pero incumpliendo normas laborales y las abiertamente ilegales, que operan al margen de toda reglamentación. Todo esto, con consecuencias: una debacle en los derechos fundamentales de los trabajadores, los abusos de género y un estallido de protestas que han dejado muertos y heridos el 2020.

Las primeras, las empresas formales, han logrado obtener licencias de uso de agua subterránea y tecnificaron sus pozos para asegurar disponibilidad y accesibilidad para bombear agua las 24 horas del día. Las informales e ilegales suelen agenciarse de agua de riego, a través de pozos informales e ilegales. Muchas veces, a través de canalizaciones y desvíos no autorizados ni fiscalizados. Pero esta sobreexplotación del recurso está originando un descenso en la capa freática y una disminución de los caudales, que viene incluso afectando el abastecimiento de agua para consumo humano. El 100% del agua para consumo humano en la provincia también es extraída del subsuelo por las empresas públicas y prestadoras del servicio.

Para el año 2015, según cifras de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la extracción de agua en Ica representaba el 30% de toda la extracción de agua subterránea en el país. Zegarra señala que el sector agroexportador en Ica está teniendo una tasa de extracción de agua totalmente insostenible. “La extracción anual de aguas subterráneas del Valle de Ica –que tiene el acuífero más grande del Perú- equivale a tres años de recarga hídrica, lo que indica que la napa freática está cayendo cada año, así lo sostienen diversos estudios y la propia Autoridad del Agua. Esto está llevando a que sea más complicado y costoso la extracción del agua”.

 

“Los organismos del Estado tienen poca capacidad para hacer cumplir las leyes en cuanto al uso de las aguas subterráneas”

 

De acuerdo al inventario de la ANA, Ica tiene un total de 2,215 pozos, pero menos de la mitad, solo 961 de ellos,  se encuentran totalmente operativos, equipados y en actual uso. A ello hay que sumar la indiscriminada perforación de pozos informales que no es debidamente fiscalizada por la autoridad del agua y que durante la pandemia se ha incrementado.

Sumada a la inequidad en el acceso y disponibilidad del agua, existe una ley de veda en el uso de aguas subterráneas, que termina afectando a los agricultores más empobrecidos.

Desde hace 18 años, el Gobierno Regional de Ica ha prohibido la perforación de pozos subterráneos y, desde el 2008, el Ministerio de Agricultura declaró en veda a la región para el nuevo uso de aguas subterráneas y determinó la prohibición de obras de explotación del recurso hídrico. Sin embargo, resulta muy contradictorio y revelador que la propia Autoridad del Agua levantara la veda de manera muy puntual, favoreciendo a grandes empresas privadas. Un ejemplo claro: La ANA permitió la perforación de pozos en el distrito de Ocucaje en los años 2008, 2014 y 2017. Coincidentemente, durante estas ventanas de tiempo, Agrícola La Venta y Agrokasa, dos de las más poderosas empresas agroexportadoras de Ica, obtuvieron  más de veinte licencias de uso de agua subterránea.

“Esta ley sólo se cumple para los pequeños agricultores, que son quienes más padecen con la escasez del agua”, sostiene Rosario Huayanca, representante de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH ICA). “Ellos están endeudados con la banca privada porque sus cultivos no están rindiendo económicamente, no pueden vender al precio que corresponde. El pequeño agricultor endeudado se ve en la obligación de alquilar, de concesionar o de vender sus terrenos. Acá vemos las brechas de desigualdad por el lado de las tierras, el territorio y el impacto ambiental”, señala. 

ABUSO E ILEGALIDAD EN EL USO DEL AGUA

De acuerdo a las resoluciones sancionadoras a las que hemos tenido acceso, entre el 2013 al 2021, la ANA ha impuesto 24 sanciones a 13 empresas por perforar pozos en zonas naturales prohibidas, por incumplir la veda, por desviar agua de manera irregular y, en algunos casos, en acuíferos sobreexplotados.

La empresa con mayor sanción es Agrícola Miranda, que en el 2013 y 2014 utilizó agua subterránea sin el correspondiente derecho de uso y ejecutó obras hidráulicas sin autorización de la ANA. La primera sanción fue de S/43,800 y la segunda de S/ 385,000. Le sigue Fernando Fox Sam, quien tiene dos multas, en 2016 y 2018, como persona natural y persona jurídica. Personal de la ANA constató la construcción de seis pozos subterráneos en zona de veda, sin autorización de la autoridad competente, entre otras infracciones.

 

“Personal de la ANA constató la construcción de seis pozos subterráneos en zona de veda en terrenos de Fernando Fox Sam

 

En la larga  lista de infractores figura el hijo del ex gobernador de Ica, Fernando Cilloniz, quien en plena campaña electoral del año 2014, prometió con bombos y platillos que revertiría “el fracaso social reflejado en la carencia de agua de la región”. Con ese discurso impulsó la campaña “Agua grande” para la agricultura, donde aplicaría el modelo del Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque), con obras como la represa del Río Tambo y el Canal de Pisco a Villacurí, obras que, por cierto, nunca se ejecutaron. Su hijo Cristóbal Cillóniz Guerrero, un reconocido empresario agroexportador en Ica, de acuerdo a la ANA tiene tres infracciones el 2021, por construir sin autorización, obras de tipo permanente en las fuentes naturales de agua.

LA FALTA DE LLUVIAS AGRAVA LA SITUACIÓN

El cambio climático aporta su cuota al desastre en esta región. En Ica, según lo reportado por Senamhi, a través de las estaciones meteorológicas Tambo, San Camilo y Huamaní, cada año llueve en menor volumen y por menos tiempo. Cada vez el clima es más caliente. Tener agua todo el año es una inversión que no pueden hacer los pequeños agricultores que abastecen el mercado interno. Para el economista Eduardo Zegarra si se sigue sobreexplotando el agua subterránea al ritmo que lo hacen los agroexportadores, no descarta que, en los próximos años, Ica entre en un colapso hídrico y ambiental.

Michael Galarza, el agricultor que se paseaba impotente entre sus sembríos polvorientos, recuerda que, hasta hace unos años, se daban épocas de huaycos -producto del embalse de los ríos- dos o tres veces al año. “Luego empezó a darse una vez al año. Y luego, cada dos. Este es el séptimo año que no baja agua suficiente desde las alturas para nuestras tierras”, asegura.

 

La sostenibilidad y crecimiento de la agroexportación se basa en la demanda altamente intensiva del agua

 

La escasez de agua, el fuerte incremento en los costos de fertilizantes y agroquímicos, la amenaza del Niño Costero y El Niño Global, fenómenos que podrían causar inundaciones y sequías abrumadoras porque no existen políticas preventivas, sumada a ello el abandono del agro rural por parte del Estado en las últimas décadas, pinta un futuro muy incierto para los agricultores de los productos de panllevar y una aguda crisis alimentaria en nuestro país.

“La frontera agrícola para los pequeños productores cada vez es más pequeña, la necesidad de alimentos va a ser grande, entonces vamos a estar obligados a comprarles al agroexportador, con el tiempo vamos a ser dependientes de ellos. Los grandes empresarios mueven su capital, su producto, imponen sus precios, mientras nosotros vamos a ir desapareciendo, porque va a ser muy valiente quien siga en el campo”, nos dice Mirtha Álvarez, agricultora del centro poblado de Yanquisa, del distrito de San Juan Bautista.

UN MODELO LABORAL CON ILEGALIDAD E INFORMALIDAD

El “boom” agroexportador en Ica es explosivo no solo por las inequidades en el uso del agua. En derechos laborales sucede algo muy parecido: el modelo se hace insostenible. De acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur), el 2022 se registraron 309 agroexportadoras en Ica, pero según la última información disponible del Ministerio de Trabajo, existen tan sólo 38 empresas agroexportadoras en los registros de la planilla electrónica a diciembre de 2020.

Al igual que con el tema de la explotación de las aguas, a las empresas agroexportadoras formales, se les exige cumplir con una serie de requisitos que demandan las acreditaciones y certificaciones del exterior: medidas sanitarias y fitosanitarias, pago de jornales y beneficios sociales y -en mayor o menor medida- servicios básicos que aseguran a su trabajador seguridad y dignidad: baños acondicionados cerca al lugar de las tareas que se realizan en el campo, acceso a agua potable ante el sol intenso, momentos de descanso de la faena, un lugar de reposo, un comedor adecuado y un centro médico implementado para emergencias laborales.

Pero no son la mayoría. Hay una gran cantidad de empresas que operan legalmente, pero que incumplen con mínimos salariales o beneficios sociales, que no brindan a los trabajadores servicios básicos, ni seguridad y que tampoco  cumplen con normas sanitarias. Frecuentemente estas empresas recurren a reclutadores que consiguen mediante engaños, a  trabajadores a costos mínimos.

 

“De las 309 agroexportadoras iqueñas, sólo 38 están registradas en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo

 

Tal es el caso denunciado públicamente por los obreros del Fundo Santa Luzmila en enero de 2022. Tras protestar por el incumplimiento de un pago ofrecido en el lugar de reclutamiento más grande de la región, el llamado Paradero El Álamo, el empresario agroexportador Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano, amenazó a más de 200 trabajadores como consta en videos. Este fundo tiene como razón social a la empresa Villa Agro EIRL, que, según registros de la SUNAT, no tiene a ninguno de sus trabajadores en planillas ni con beneficios laborales.

Los trabajadores también reclamaban la baja calidad de los alimentos que recibían, por no contar con un comedor apropiado, por la insalubridad de los baños, entre otras demandas que evidencian las condiciones de precariedad en la que trabajan los obreros del campo. Actualmente la empresa tiene un historial de aproximadamente 30 fiscalizaciones en los últimos tres años, así como dos últimas actas de infracción interpuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) que suman multas por casi 350 mil soles.

Carlos Villacorta también es dueño de otras empresas dedicadas al mismo rubro, como  RVR Agro EIRL, que, según el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL (última instancia administrativa), también ha cometido infracciones de seguridad y salud en el trabajo con multas por otros  346 mil soles.

Existe un tercer y enorme sector de empresas abiertamente ilegales, que no participan de la agroexportación, pero que se las arreglan para comercializar sus productos, casi siempre en mercados internos. Estas empresas se “reciclan”; aparecen y desaparecen del mercado, por lo que es muy difícil ubicarlas y sancionarlas.  “Hasta el conflicto que estalló en noviembre de 2020, las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo cumplían un papel testimonial frente a los abusos que podían sufrir los trabajadores, en Ica no había más de tres inspectores con capacidades plenas para fiscalizar a las empresas y un pequeño grupo de inspectores auxiliares que no se daban abasto para controlar las más de 300 empresas que operan en la región y así poder proteger los derechos laborales de cerca 100 mil trabajadores”, señala Javier Mujica, abogado laboralista y director de Perú Equidad.

Para Manuel Olaechea, empresario de la agroexportación formal, este modelo de empresas formales, informales e ilegales, se repite en la pesca, en la minería y en la industria textil; y calcula que son los informales e ilegales quienes copan el agro: “Mientras más exigente es el mercado, más certificaciones de calidad y seguimientos tienen sobre las personas que trabajan con nosotros. La normativa peruana es la línea base. Los únicos por debajo de eso es el informal, que es el 85% de la agricultura peruana y el ilegal”.

Los números son muy reveladores de la crisis: 81% de los asalariados agrarios son informales laborales, el 98% en el caso de las microempresas agrícolas, según cifras que maneja Christian Sánchez, ex ministro de Trabajo y actual coordinador del Observatorio Social Laboral de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

La naturaleza estacional del trabajo agrícola, que se divide básicamente en siembra y cosecha, hace que los contratos de los trabajadores de la agroexportación sean, en muchos casos, igual de temporales, generando una gran inestabilidad laboral. El ex ministro Sánchez opina que es un error que recoge la misma ley, un error que va en contra del trabajador.  “La ley considera de manera inapropiada que todas las actividades agrícolas son temporales y no es así. Hay, en las actividades agrícolas, también actividades permanentes y ahí correspondería aplicar un contrato de trabajo indefinido. Con la ley actual se sigue proliferando la contratación temporal en esta actividad, hay una alta rotación de personal, se mantiene la tercerización”, asegura.

Foto: Andina

Y la tercerización, a través de “services”, con todas las carencias que acarrea, es muy frecuente en el rubro agroexportador en Ica.  “En otros países las actividades agrícolas prohíben la tercerización porque es un instrumento que tiende a precarizar el empleo, las tercerizadoras pagan mucho menos remuneración y tienen menores condiciones de trabajo y por eso recurren a ellas, para precarizar el empleo, y para reducir los costos laborales desde las empresas principales”, asegura Sánchez.

Empresas formales como las de Manuel Olaechea exportan fruta y verduras a un centenar de países, respetando los derechos laborales que la ley actualmente exige. Son la cara más bonita, pero menos frecuente del boom agroexportador. Valle adentro, la realidad es otra.

La ley agraria permite que las empresas prorrateen la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en pagos mensuales dentro del salario de los trabajadores, precarizando un fondo creado para la protección en épocas de desempleo.  Los tiempos de vacaciones pagas son también privilegio de unos pocos. Los contratos temporales y los bajos salarios generarán jubilaciones proporcionalmente bajas, se avecina un futuro incierto para los jubilados de este sector. La pobreza abunda.

 

“Según el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de Ica cuenta con sólo 17 inspectores para realizar prevención y fiscalización laboral

 

La situación empeora cuando se trata de empresas informales o ilegales en las que se paga al destajo y obligan a los trabajadores a cumplir más horas al día. Muchos trabajadores aceptan porque no tienen otra opción, sobre todo la población migrante, las condiciones de los venezolanos es aún más precaria, ya que muchos no tienen papeles en regla. Una verdadera ola que llega en busca del sueño del “boom” del agro.

“La mayoría de trabajadores acá en Ica son ayacuchanos, huancavelicanos, apurimeños, puneños, ellos son los que realmente sufren el abuso de los agroexportadores porque son trabajadores que necesitan trabajar día a día por la misma razón que no son de acá, la mayoría vive en casas alquiladas, en cuartos alquilados, entonces, salen a buscar trabajo al sector El Álamo, donde es el punto neurálgico donde se embarcan todos los trabajadores a su centro de trabajo y ese es un mercado humano. Ahí es donde se ofertan los trabajadores por los famosos captadores, se pelean por los trabajadores, ofrecen un punto más o un punto menos y el trabajador por la necesidad se va con el que mejor le ofrece, pero cuando llega al punto de trabajo, no es lo que le ofrecieron”, señala Miguel Ángel Trujillo, secretario general adjunto de la Federación Fentagro.

UNA LEY CON APELLIDO PARA BENEFICIAR A ALGUNOS POCOS

A todo esto, se suma que, durante 20 años, la actividad de agroexportación ha tenido un trato preferencial gracias a la Ley de Fomento Agrario N°27360, que otorgaba a los empresarios ventajas arancelarias, riego subsidiado por el Estado, impuestos recortados y sobre todo, la posibilidad de hacer contrataciones temporales de manera prácticamente perpetua, recortando y licuando beneficios salariales dentro de la paga mensual a los trabajadores. Se le conocía como la “Ley Chlimper”, en alusión al ex ministro de agricultura y empresario de la agroexportación, José Chlimper, quien la promulgó durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Por ejemplo, pagaron durante 20 años menos de la mitad del aporte al Seguro de Salud  de sus trabajadores, sólo el 4% de los 9% que corresponde a cualquier empresa, porcentaje que se irá regulando gradualmente entre los años 2025 y 2028. El 50% menos del impuesto a la renta que pagan al Estado peruano se viene reduciendo gradualmente desde enero de 2023, pasando del 15% al 20% a empresas o personas naturales cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT, así entre los años 2028 y 2031 las pequeñas y grandes empresas recién estarían pagando el monto del régimen general que paga cualquier individuo o empresa: 29.5%.

Se trataba de una ley que beneficiaba sólo a un puñado de empresas agroexportadoras. 15 empresas agrícolas eran las principales beneficiarias del régimen agrario, y concentraban al 35% de trabajadores, bajo el referido régimen”, dice el abogado Christian Sánchez. En síntesis, el régimen especial agrario fue fundamentalmente un subsidio a la rentabilidad de las grandes empresas agrícolas”.

 

“Las jornadas de protesta se enardecieron en noviembre de 2020, debido a la carencia y el olvido del Estado, que durante dos décadas sólo buscó beneficiar al empresariado

 

Durante el 2020, en el gobierno de Martín Vizcarra, se intentó una nueva prórroga a esta ley,  algo que caldeó los ánimos y el resultado fue un violento paro agrario que dejó dos muertos y varios heridos de gravedad en esta región sureña.

Aquel 30 de noviembre, además de Barrio Chino, pobladores de los vecindarios Expansión Urbana, Salas Guadalupe y otras localidades, bloquearon diversos tramos de la carretera Panamericana Sur. Reclamaban la derogatoria del decreto de urgencia Nº 043-2019, que ampliaba la duración de la Ley de Promoción Agraria y pedían también mejoras en sus ingresos. Las jornadas de protesta se enardecieron en estas zonas, la carencia y el olvido del Estado sumaron varios grados a la violencia. La capacidad de organización de los trabajadores generó suspicacias en algunos exportadores.

“Yo creo que el coronavirus había exacerbado a la población”, recuerda el empresario agroexportador, Manuel Yzaga, que vivió el conflicto en primera línea. “Tenían un reclamo que no sabían cómo canalizarlo y encontraron que quien les ofrecía el trabajo (el empresariado), era la única manera de dónde conseguir más recursos. Eso fue aprovechado por políticos de turno, sin lugar a dudas. Yo, personalmente he visto más de cien personas caminando camino a Lima, a la altura de Pisco, cuando se terminó todo esto. Era gente preparada para una lucha y no eran de Ica”.

Foto: Andina

“Responsable podía ser el Estado, el coronavirus, algunas empresas, pero se volcaron al que les podía resolver en algo la situación”, añade el empresario agroexportador Manuel Olaechea. “De ahí, de esa necesidad es que salió el aprovechamiento de algunos grupos políticos que, en días posteriores trajeron gente, se armó de otra manera, vinieron abogados, vinieron asesores y mientras el pueblo necesitaba A, esta gente decía: el pueblo quiere B”.

Para Yzaga y Olaechea, la derogación de la llamada Ley Chlimper, tras las manifestaciones, no resolvió el problema de fondo que tenían los trabajadores. La nueva ley no cambia sustancialmente las cosas salvo el supuesto beneficio llamado “Bono Beta”, un aumento de nueve soles diarios que debe asumir el empresario en el jornal, pero que anula cualquier otro bono anterior y que no se suma al salario básico en términos de beneficios.

“Estamos exactamente con la misma ley, salvo que ahora los trabajadores cobran nueve soles más y a nosotros nos han aumentado el impuesto a la renta, lo de salud, han aumentado el pago y reparto de dividendos, han puesto a la Sunafil detrás como si fuéramos los peores empresarios del Perú”, se queja Olaechea. “La ley lo único que ha hecho es convertirnos en el enemigo público número uno. La gente tenía un problema derivado de la falta de Estado, de una pandemia a  nivel mundial, de la falta de asistencia”.

“Esto ha sido un engaña muchachos”, asegura Miguel Quijandría, secretario general del Sindicato de la empresa Agrokasa. “El problema más crítico es que nos han quitado bonos antiguos por el bono Beta. Por ejemplo, Exportadora del Sur. Ellos tenían un bono de S/ 5,50 y ahora le han puesto S/ 9,30 y le han eliminado el S/ 5,50, entonces ¿cuánto ha producido? Cuatro soles. No están ganando nada”.

Javier Mujica dice que el Bono Beta de nueve soles es finalmente algo de dinero más en el bolsillo, pero que es negativo que ese incremento no tenga carácter remunerativo. “Es muy malo que ese bono especial no tenga efecto sobre el pago de horas extras, no tenga sobre la compensación por tiempo de servicio, ni las vacaciones, ni las gratificaciones. Eso está pésimo y tiene que cambiarse, pero eso no significa que recibir esa cantidad sea peor que lo que tenía antes, está peor en el sentido de que la nueva norma ya no reconoce un derecho a ser recontratado cuando ya laboró más de dos meses, o más de dos o tres veces consecutivas para un empleador con estos contratos intermitentes”.

En Chile el salario actual de un trabajador del agro es de 383 dólares, en promedio y en México es de 273. En Perú apenas roza los 250 dólares.

Esta nueva ley tampoco ha tomado en consideración que el Perú ratificó su compromiso con el convenio de la OIT, que prevé que se debe fijar una remuneración mínima agrícola, debido a las particularidades que tiene este trabajo. En varios países de la región, existe un consejo especial, en el que, entre el Estado, los trabajadores y las empresas agrícolas, se fijan acuerdos y remuneraciones.

 

Los salarios de los trabajadores de la agroindustria es inferior a países vecinos, como: Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México

 

El Paro agrario que, finalmente, presionó para el cambio hacia una nueva ley, tuvo una férrea oposición del gremio agrario que afirmaba que cambiar la ley dejaría sin empleo formal a más de 200 mil trabajadores, pérdida de exportaciones y quiebra de las empresas, ninguno de esos panoramas catastróficos sucedió, con esta campaña el sector pretendía de alguna manera perpetuar sus privilegios. A tres años de vigencia de la nueva ley, el país vive un “boom” agroexportador con cifras récord que colocan al Perú como líder en Latinoamérica como país con mayor porcentaje de exportaciones no tradicionales, a mayo de 2023 estas ascendieron a US$ 1,398 millones, manteniendo con ello la tasa más alta de crecimiento anual de los últimos cinco años, con una expansión promedio anual de 8,8 %. Por ejemplo, en el 2022 el Perú fue el primer exportador mundial de arándanos, por cuarto año consecutivo, con US$ 1.362 millones 740.000, mientras que en el 2021 los envíos alcanzaron los US$ 1.221 millones, lo que implicó un crecimiento de 172% en comparación con el 2020, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Pero el paro sí dejó una estela de amargura y dolor por los muertos, por los heridos que hoy ni tan siquiera pueden trabajar y por las decenas de personas que han sido criminalizadas por las protestas y que afrontan cargos penales.

“Isaac Ordoñez y Andy Panduro se quedaron en silla de ruedas, sufrieron disparos por parte de la policía, por lo que hemos podido determinar, la policía, utilizó armas letales, utilizó balas que están prohibidas en las manifestaciones y a ambos le generaron traumas medulares por lo que se han quedado en silla de ruedas”, cuenta Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Isaac Ordoñez, 30 años

Ella señala además que, entre las personas de Ica que se manifestaron contra la ampliación de la ley de fomento agrario en noviembre de 2020 y las que se adhirieron a las protestas de otras regiones del norte, suman más de 45 que han sido criminalizadas y perseguidas legalmente por una asociación civil ligada a un importante empresario de la agroexportación. “Una seudo ONG presidida por el señor José Cillóniz y a los denunciados se les imputan delitos gravísimos entre ellos, el delito de extorsión que se puede sancionar hasta con 25 años de prisión y eso es una modalidad que hemos visto ya en muchos lugares del país, es lo que llamamos la criminalización de la protesta, se trata de sembrar el terror, sembrar el miedo entre las personas que quieren movilizarse para reclamar sus derechos, se les está usando como chivos expiatorios para darle un mensaje a todos los ciudadanos y el mensaje es: si tú sales a reclamar por tus derechos la consecuencia van a ser terribles, lo estamos viendo en diferentes partes del país”, sostiene la abogada de derechos humanos.

Isaac tenía 27 años cuando fue baleado a quemarropa, el 23 de diciembre de 2020, cuando pasaba por la carretera Panamericana Sur, donde los trabajadores agrarios protestaban. “Soy de Huancavelica, pero todos los años yo venía a Ica en temporada de campaña, entre los meses de octubre y marzo, buscando siempre calidad de vida para mi familia”, cuenta. “Yo no estaba participando, porque se veía el peligro, había gases y perdigones, estaba mirando como cualquier persona, una policía me apunta y yo pensé que no me iba a disparar y seguí avanzando, pero lastimosamente me disparó con arma de fuego y quedé inconsciente hasta marzo de 2021. La bala ingresó por la parte de arriba de mi estómago y salió por mi pulmón, esa bala pasó por mi columna. No tengo movilización desde mi ombligo hasta las puntas de los pies, no puedo pararme, me tienen que cargar para todo, como un bebe”.

El testimonio de Isaac se hace más duro cuando relata que sus dos hijos pequeños deben a veces mendigar para poder comer. Su esposa organiza actividades para obtener fondos y poder comprar la medicina que él necesita.

 

Barrio Chino es un centro poblado que concentra a más de 10 mil personas que, en su mayoría, trabajan en los fundos agrícolas de la región”

 

“Barrio Chino está en el centro de todas las agroexportadoras, pero no tenemos servicios básicos, ni agua ni electricidad y en algunos barrios no tienen ni desagüe”, cuenta Harry Urquía, que asegura que llegó a Ica hace ocho años en busca de progreso, porque en Ica hay trabajo, lo que no hay es formalidad.

“Por eso hemos migrado los shipibos, en el Barrio Chino hay muchísima población selvática, hemos venido para tener una mejor calidad de vida”, señala. Harry trabaja en la agroexportación al igual que su pareja para asegurar un mejor ingreso. Pero hay cosas que no mejoran cuando se trabaja sin respeto a las leyes laborales.

LA PRECARIEDAD LABORAL EN CIFRAS

Tierra prometida

Recorrimos varios de los vecindarios en donde se agrupa la mayor cantidad de trabajadores de la agroexportación. Visitamos los paraderos de Barrio Chino y El Álamo, donde esperan el transporte diario y los mercados en donde se abastecen o trabajan sus familiares. Pudimos desarrollar una encuesta entre 104 trabajadores y los resultados hablan de una situación que aún tiene mucho que cambiar.

Se trata de una población mayoritariamente masculina entre los 26 y 50 años, aunque un 30% refiere tener 25 años o menos. El 25% de los entrevistados es de origen iqueño, pero existe una creciente población migrante sobre todo de Huancavelica (14%), Ucayali (13%) y Ayacucho (9.6%).

Pese a que se identificó como formal más de 75% de los encuestados y bajo contrato más del 64%, hay aún un 40% que refiere no recibir por parte de sus empresas, los implementos de trabajo necesarios y equipamiento y un 19% que refiere no tener los servicios básicos en sus lugares de trabajo: hablamos de baños bien equipados (papel higiénico, jabón, otros), acceso a agua para combatir las temperaturas ardientes en la jornada o un comedor habilitado para almorzar.

Un 32% de los trabajadores encuestados sostuvo que no cuenta con servicios de atención médica ante una emergencia en pleno horario de trabajo.

 

El boom agroexportador no llega a los hogares de los trabajadores del campo

 

Sobre la nueva ley en reemplazo de la de fomento agrario, el 55% de los encuestados tiene la percepción que su situación no cambió en nada. Un 21% piensa que está peor que antes y un 15% percibe que está mejor.

Pero sin duda, el dato más revelador sobre la situación del trabajador se encuentra en la percepción del futuro. Preguntamos a los encuestados si desearía que sus hijos se dediquen a lo mismo que ellos, que sean trabajadores de la agroexportación, y un 92% respondió que no.

LA RIQUEZA CRECE, EL REPARTO SIGUE SIENDO DESIGUAL

Quiero que recuerden cómo era Ica hace 30 años. Teníamos niños con efecto de polio en las calles”, recuerda el empresario Manuel Olaechea sobre los inicios de la industria en cuya fundación participó su abuelo. El empresario tiene una visión propia sobre lo que vive Ica hoy en día: “Las invasiones que hay hoy en día en Ica no es derivada de la pobreza, es derivada de la riqueza de Ica. La gente no está viniendo a invadir Tierra Prometida, Barrio Chino, Expansión Urbana por pobreza, están viniendo porque quieren ser parte de la riqueza que está desarrollando la industria”.

Efectivamente, según cifras de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron un valor de US$ 3,722 millones en la primera mitad de 2023, en ese periodo Ica lideró las exportaciones de dicho sector, con un valor de US$ 924 millones. En esos seis primeros meses por ejemplo, la uva fresca fue el principal producto exportado, con US$ 667 millones. Cabe recordar que Ica es el primer productor de uva en el país (46,8% del total).

La riqueza es innegable, pero lo es también que el trabajador de la agroexportación no disfruta de ella proporcionalmente.

“Para que esto sea una actividad rentable, tiene que ser sostenible, tiene que ser legítima, y como nosotros vimos en noviembre del año 2020, no parece serlo. Por lo que se afirma, entonces todo el mundo en Ica estaría feliz y estaría contento con la actividad y nadie podría haber apoyado a los trabajadores que tomaron las carreteras de Ica. Más allá de los argumentos y los discursos, está la realidad y la realidad nos está diciendo que acá hay un problema de distribución de los ingresos, de la ganancia, de la riqueza, que tiene que ser abordado para que repartamos un poco mejor esa prosperidad, que los empresarios sean prósperos en buena hora, pero esto tiene que ir de la mano con una mejora de la situación de los trabajadores y de sus familias y una mejora de la situación de los pequeños agricultores que también viven en Ica, que no son extranjeros, sino que son residentes de Ica y que tienen que tener las mismas oportunidades de acceder al recurso del agua que tienen los grandes empresarios”, concluye Javier Mujica.

Si el Estado mira hacia Ica, si se generan propuestas de ley favorables y basadas en lo racional y lo técnico -y no sólo cuando estalle una protesta-, si existe una distribución más equitativa de la riqueza generada y con una mirada ambiental de respeto y sostenibilidad, tal vez más trabajadores de la agroexportación quieran que sus hijos sigan el camino que ellos están trazando hoy.

Para el presente informe periodístico  se realizaron 28 entrevistas, entre especialistas,  trabajadores y trabajadoras del sector, empresariado y pequeños agricultores. Además de 104 encuestas.

Ver informe completo acá: https://issuu.com/hiperactivacomunicaciones/docs/asimetrias_del_boom_agroexportador_ica

Investigación: Maga Zevallos / Almendra Zevallos
Fotografías: Hiperactiva Comunicaciones, Andina y Ricardo Prieto

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