Escribe Diana Párraga
CMP Flora Tristán
El acoso político[1], denominado así en el Perú, es una modalidad de violencia[2], contra las mujeres autoridades, candidatas y/o que ejercen algún cargo por elección popular, puesto de confianza, a nivel nacional, regional o local. Pero en este país esa violencia es políticamente correcta. Por ejemplo, el 12 de junio de 2017, fue publicado en el Diario El Comercio, una entrevista del congresista Edyson Humberto Morales Ramírez: “…Marisa Glave también se ha ganado a pulso la expulsión”[3], en la que expresó frases agraviantes contra las mujeres en general y de manera particular contra la Congresista de la República Marisa Glave Remy[4].”
Luego de este hecho, el 16 de junio, organizaciones feministas[5] que impulsan la Campaña Somos la Mitad Queremos Paridad, sin acoso; presentaron una denuncia contra el congresista Morales ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Dos meses después, recibieron la respuesta donde señalan que por mayoría declaran improcedente y revisando los descargos del congresista encontramos como argumento “b) Que, las expresiones fueron vertidas en un contexto político que debe tenerse presente, no siendo expresiones premeditadas ni dirigidas a denigrar la dignidad de las mujeres; admitiendo que su estado de ánimo no era el mejor al momento de brindar la entrevista, pues el grupo parlamentario al cual pertenece estaba siendo objeto de ataques desmedidos por quienes en su momento fueron compañeros de partido y bancada, por lo que su respuesta tuvo carga emocional.”[6]
Si tenemos en cuenta la cobertura mediática que tuvo ese hecho a nivel nacional, sobre la agresión de un congresista contra su colega de bancada y literalmente no pasó nada. Imaginemos, la problemática de las mujeres autoridades de todo el Perú, mujeres diversas: indígenas, campesinas, jóvenes, afroperuanas, el 96.54% están en los municipios provinciales y distrital como regidoras.
Las investigaciones sobre esta problemática, nos dicen que: “2 de cada 5 mujeres autoridades de gobiernos locales y regionales han sufrido acoso político.”[7] Y: “3 de cada 10 mujeres candidatas a gobiernos regionales han sufrido acoso político en la campaña electoral del 2014”[8].
¿Qué es Acoso Político?, es cualquier acción, conducta u omisión que tenga como objetivo limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos de las mujeres autoridades. ¿Cuáles son las modalidades? realizar actos de violencia psicológica, amenazas contra su integridad, agresiones físicas y sexuales; obstaculizar sistemáticamente sus iniciativas y propuestas; interceptar sus comunicaciones, inducir a cometer errores administrativos, interferir en sus funciones de fiscalización; difamarlas con índole sexual, patrimonial, intelectual; citarlas a reuniones en horarios o lugares que dificulten la participación colectiva. Todas estas modalidades de acoso político han sido recogidas de testimonios de mujeres autoridades organizadas en la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú-RENAMA[9].
Existe conexión directamente proporcional, que a mayor fiscalización ante hechos de corrupción, el acoso político hacia ellas repercute con mayor énfasis. Teniendo como agresores a: “alcaldes (71%), regidores (48%), prensa (24%), personal de municipalidad (14%), población en general (14%) y otros (14%).”[10]
Desde el 2011, instituciones feministas[11] articuladas con la RENAMA han formulado propuestas de ley para sancionar este tipo de violencia y atender esta barrera para la participación política de las mujeres. Así, el 1 de febrero de 2013, se presentó como proyecto la Ley N° 1903/2012, logrando tener dictamen favorable y aprobación por unanimidad en la Comisión de la Mujer, estuvo en agenda para el Pleno del Congreso desde marzo de 2015 hasta el término del periodo parlamentario, sin ser debatido. El 23 de noviembre de 2016, en el nuevo Congreso 2016-2021, se volvió a presentar el proyecto de Ley N° 673/2016-CR, el cual tiene como objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática.
Las mujeres de este país tienen que ejercer sus derechos políticos libre de violencias y en condiciones de igualdad.
