
Lanzamiento de campaña
Como parte del documental transmedia La vida no vale un cobre, la productora Hiperactiva Comunicaciones viene impulsando la campaña de sensibilización Salud y agua para Espinar, con el objetivo de llamar la atención a las autoridades peruanas en garantizar dos derechos fundamentales para la población de Espinar que vive alrededor de una de las minas de cobre más grandes del mundo: Glencore, que controla el 50% del mercado libre de cobre. Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente. Este es el contraste de la riqueza minera frente a la situación en el que viven centenares de poblaciones expuestas de manera crónica a la exposición de metales.
La vida no vale un cobre denuncian la inacción del Estado frente a la alarmante contaminación en el sur del país. Del medio centenar de entrevistas realizadas, la principal preocupación de los integrantes de las comunidades de Alto Huancané, Huisa y Alto Huarca, es el acceso a la salud y al agua, dos derechos fundamentales que les viene negando el Estado peruano. Aunque los altos indicadores de enfermedades como cáncer, cirrosis, insuficiencia renal y enfermedades crónicas del hígado mantiene en alerta e incertidumbre a la población.
Esta tierra andina rica en minerales lleva 36 años de explotación minera y no ha superado aun los niveles de pobreza ni desnutrición, según el Censo del 2007 (INEI), el 65% de la población de la provincia de Espinar es pobre y la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de cinco años. Para el 2009, el 52% de la población no contaba con agua y el 79% no contaba con desagüe.
“Vivimos en llantos y sufrimiento. Antes vivíamos felices teníamos bonitos animales, teníamos nuestras chacras de papa y pasto en abundancia. Ahora la minera nos ha arrinconado, estamos entre desmontes, rodeados de polvareda y con la filtración de la relavera. Ahora todos estamos enfermos, me duele mis dos pies, me duele mis huesos, ya no puedo caminar bien. El viento que trae la relavera hasta nuestra comida contamina”, relata en quechua y entre lagrimas Margarita Taquina, comunera de Alto Huancané.
Melchora Surco dirigente social y representante de la Asociación de Paccpaco Afectada por la Minería (Adepami), forma parte de las 686 personas que han pasado dosaje entre los años 2010 y 2013, realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) del Ministerio de Salud, dichos estudios arrojaron que casi el 100% de las personas analizadas tienen metales pesados tóxicos en su organismo, entre ellos, la madre y nieto de Melchora, quien en abril de 2016, se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado peruano por la vulneración del derecho a la salud y a la integridad física de los comuneros de Espinar. “Yo pediría al Estado, gobierno regional, local, urgente es nuestro pedido de agua, y que nos haga el tratamiento de metales pesados. Suplicamos eso al Estado nacional. Yo creo que hasta un perro tiene derecho de vivir sano. Nosotros hemos convivido con la empresa minera, gracias a nosotros el Estado tiene plata”, implora.
Toribia Rimachi, es la madre de Melchora de aproximadamente 80 años, ella tiene entre sus pies más de una docena de pomos medicinales para calmar el dolor de los males que padece. “Así es mi vida ahora, estoy enferma, día y noche pasamos llorando. Mis hijos me han llevado a Arequipa, pero estoy preocupada por mi hija Melchora, sufro por mi hija, que va ser de ella, por eso he vuelto a la comunidad así enferma como estoy. La mina nos ha contaminado nuestra agua por eso estamos mal. Antes teníamos animales, ahora no tenemos nada”, se lamenta.
Las comunidades que están alrededor de la mina viven de la ganadería y la agricultura, los alimentos que producen es para su autoconsumo. Los animales y la pequeña producción agrícola también están expuestos a los metales, pues están al pie del relave de la ex mina Tintaya, hoy en manos de Glencore. Aquí solo habitan personas adultas mayores -porque los hijos y nietos han migrado a la ciudad espantados por la alarmante contaminación-.
“Hemos podido comprobar que existe una elevada incidencia de cáncer en la zona y niños con leucemia. Esta gente tiene un riesgo potencial de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes. Sin embargo, el Estado ha preferido no hacer nada. Jamás ha habido intencionalidad de poder saber el grado de afectación a la salud de estas personas, y mucho menos de determinar cuáles son los orígenes y las fuentes de la contaminación. Tampoco se han implementado medidas para evitar que las personas se sigan exponiendo”, señala el médico ambientalista Fernando Osores, quien fue denunciado por el Ministerio de Salud por denunciar la contaminación en Espinar.
Estado indolente
El año 2012, es recordado por los espiranenses debido a que estalló un conflicto que dejó como saldo dos muertos y decenas de heridos. Frente a estos hechos los representantes del Estado asumieron compromisos que hasta la fecha no se cumplen, como realizar un estudio que determine las casusas de la contaminación y la implementación de un Plan de Intervención en Salud, entre otros acuerdos que solo ha generado falsas expectativas en las poblaciones.
Cinco años después de los primeros resultados del Censopas y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia.
El informe “Metales pesados tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por CooperAcción, Derechos Humanos sin Frontera de Cusco, IDL y Broederlijk Denle, hace un recuento de los monitoreos ambientales que se ha realizado en la zona desde hace 16 años, desde entonces ya se alertaba de la contaminación. “La situación de Espinar incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, esta contaminación viene deteriorando la salud de las personas”, advierte en informe, y concluye que el caso de Espinar es un claro ejemplo de los graves impactos en la salud que se producen en varias zonas con presencia minera en nuestro país, la ineficiente respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas orientadas a proteger y a atender de manera eficiente a las poblaciones de estos lugares.
Ante el fracaso de los varios planes y descoordinaciones del gobierno, los afectados de Espinar exigen que se declare el estado de emergencia sanitaria por exposición crónica a metales pesados en la provincia, como medida para asegurar que se activen mecanismos efectivos de inversión pública para la atención a la salud y a las fuentes de agua. No obstante, las entidades de gobierno hacen caso omiso a las demandas y continúan con una estrategia mínima de atención genérica y esporádica a la población, así lo confirma la propia Defensoría del Pueblo.
La situación en la zona es preocupante y el Estado se mantiene de brazos cruzados como un Estado indolente sin garantizar derechos humanos tan básicos. A fin de difundir esta problemática el documental transmedia La vida no vale un cobre te muestra a través de diversas piezas audiovisuales una radiografía de la situación de Espinar en la web: lavidanovaleuncobre.com. Forma parte de la campaña de difusión, que solo pretende llamar la atención del Estado para que actúe frente a la urgente exigencia de las poblaciones afectadas.