Foto AndinaLa congresista Ruth Luque nos habla de las condiciones de los heridos en el contexto del conflicto social, la precariedad del sistema de salud, la falta de apoyo por parte del Estado y el daño irreversible al derecho a la integridad. Señala que hay una persecución penal y una sobredimensión del castigo —al llevarlo al ámbito penal— por el sólo hecho de cuestionar políticamente al gobierno. “Se ha arrancado el derecho a la vida que es un valor supremo sustancial, generando un daño directo hacia la familia, que se extiende a la comunidad y al país. Estamos en un duelo colectivo”.
Por Maga Zevallos
P.- ¿Cómo está dando seguimiento su despacho a las muertes y heridos en el conflicto social?
R.-En este contexto de grave crisis política, con 67 muertos y más de 1300 heridos, lo que corresponde a un congresista es supervisar que haya una correcta acción para garantizar los derechos de todos los peruanos. En estos más de 100 días de gobierno hemos visto cómo se ha relativizado la garantía de varios derechos: el derecho a la libertad personal, detenciones masivas, el uso absolutamente desproporcional de la fuerza, declaraciones altamente estigmatizadoras que “terruquean” y acusaciones serias a poblaciones indígenas de pertenecer a redes criminales. Esto es una situación muy peligrosa de graves violaciones a derechos fundamentales, por eso, estamos viendo desde mi despacho 23 casos de heridos y fallecidos. Por ejemplo, a los heridos no se les está garantizando su plena recuperación, se ha dañado su derecho a la integridad y en algunos casos se les ha truncado su proyecto de vida.
P.- ¿Qué problemas vienen enfrentando los heridos? ¿Están teniendo una adecuada atención en el sistema de salud pública?
R.- Yo he visto, desde el inicio el caso de Rosalino Flores, que el sistema de salud funciona muy mal: Rosalino tenía alrededor de 30 perdigones en el cuerpo que le dañaron todos los órganos, le destruyeron el intestino y tuvo tres intervenciones quirúrgicas. Estuvo primero en el Hospital Antonio Lorena (Cusco), luego fue trasladado a Lima e ingresado al hospital, aunque fue difícil conseguir una cama. No sólo hay burocracia administrativa, muchas veces los partes médicos no llegan con información detallada, esa exactitud se solicita acá.
Otro tema importante tiene que ver con los medicamentos, el SIS no los cubre. En el caso de Rosalino hubo varias medicinas que la familia tuvo que comprar y aquí viene el siguiente elemento: los recursos económicos. Estamos hablando de familias que no tienen dinero para sustentar esto, no tienen casa en Lima, son familias absolutamente pobres, campesinos, entonces ¿quién provee los alimentos?, ¿quién provee dónde se queda el familiar que viene con el herido?, eso no lo prevé el Estado.
P.- Y en el caso de Rosalino, ¿se tuvo que hacer trámites para el traslado del cuerpo?
R.- A mí me indignó mucho este caso, esta muerte me duele. Cuando hablé con los funcionarios de salud, les pedí que apoyaran con los pasajes de Rosalino y les informé sobre los trámites funerarios. Yo misma he tenido que garantizar que la Fiscalía realice y haga lo más pronto posible la necropsia, he tenido que garantizar, por ejemplo, que el certificado de inhumación salga de manera oportuna; he tenido que ir a las 11 de la noche a una comisaría para exigir un oficio y ahí me he enterado de que el oficial trabaja 24×1, es decir, si ese día no está no hay quién haga un oficio. Me parece increíble que el sistema no pueda funcionar de manera adecuada. Este proceso tedioso a mí me ha indignado. En este caso el SIS sólo pagó el flete, que son alrededor de dos mil soles, lo demás no ha sido cubierto. Además, por el calor, el cuerpo necesitaba congelarse, ya no estaba en la morgue, la familia estaba desesperada por irse. Cuento esto para que se vea, a través de este caso, lo compleja que es esta situación, lo burocrático e indolente que es el sistema de salud pública.
P.- Según Amnistía Internacional muchos heridos no van al sistema de salud porque tienen miedo de ser denunciados.
R.- Hay gente que no va porque el sistema es crítico, no los atienden bien, no los tratan bien y no les brindan información clara. También hay temor, porque lo que han vivido en los primeros meses de represión es que la policía iba a los hospitales y la gente se sentía perseguida. Yo tengo versiones de médicos que muy reservadamente me decían: “nosotros tenemos que cuidar la vida del paciente, pero si está el policía no se puede trabajar”. En su momento emití un oficio al MINSA comunicando esta sensación de inseguridad que había percibido. Por las cosas que he denunciado me han pedido una reunión donde espero poder detallar, caso por caso, lo que he visto. Quiero que la gente reciba de manera oportuna atención médica, información y que tenga un seguimiento real de su proceso de recuperación, especialmente en los casos de los heridos de las regiones que han sido dados de alta y no les dan seguimiento. Por ejemplo, de los heridos de diciembre, los menores de edad están viniendo porque tienen que hacerse controles, ¿quién paga los pasajes? No los paga el sistema ¿Cómo se está asumiendo? Con solidaridad, con ayuda. Los heridos en situación de la protesta tienen secuelas profundas que dejan daños físicos y emocionales.
P.- ¿Qué tipo de heridas tienen los muertos y heridos en el conflicto?
R.- La mayoría de las heridas son de proyectiles y perdigones, en varios casos además hay golpes. El caso más fuerte de todas las historias que he escuchado es el de Andahuaylas. Unos campesinos estaban retornando de Aymaraes en la tolva de una camioneta, de pronto fueron interceptados por un grupo de policías, los apuntan, hacen varios disparos al carro donde había mujeres y niños. Los obligan a bajar, los ponen boca abajo, les disparan al cuerpo y luego los golpean.
P.- ¿El derecho a la protesta social se está respetando en este país?
R.-El derecho a la protesta ha sido estigmatizado. Es un derecho que está siendo perseguido penalmente; hay casos concretos que hablan de una persecución penal y una sobredimensión del castigo, la llevarlo al ámbito penal por el solo hecho de cuestionar políticamente al gobierno. Mi despacho ha venido siguiendo de cerca el caso de Ciro Jara, rondero de la comunidad campesina de Tinke, (Quispicanchi, Cusco) que es parte de una investigación por organización criminal donde él es, supuestamente, financista por tener 2230 soles. Jara estuvo detenido varios días, se pidió 18 meses de prisión preventiva para él y ahora está con comparecencia restringida. Esta es la forma como en el país se persigue y sanciona penalmente a quienes tienen el legítimo derecho de criticar políticamente y cuestionar un tipo de gobierno que considera ilegítimo.
P.- ¿Hay diferencia en el tratamiento del conflicto entre Lima y las regiones del sur?
R.- Yo soy congresista de Cusco, así que discriminación he vivido muchas veces, por mi origen y por mi procedencia. La estigmatización la he palpado y la vivo de forma directa. Hay que decirlo de manera clara: es la población indígena y campesina quien vive la racialización, la estigmatización, la discriminación y la sobrepenalización por protestar.
P.- ¿El gobierno ha levantado el fantasma del terrorismo para justificar la criminalización de la protesta?
R.- Existe una estrategia desde el gobierno de sobredimensionar y buscar una explicación de la causa de esta crisis; y lo que se ha hecho para eso es revivir un fantasma, como parte de esta estigmatización, con denuncias y discursos. Se está jugando con una sensibilidad social alta que recuerda una época dolorosa que hemos vivido los peruanos. Hay que señalar también que muchos jóvenes ni siquiera la conocen. Esto es una estrategia burda que lamentablemente ha calado y que políticamente no se ha combatido como corresponde, porque creo que el movimiento social también está debilitado.
Esta lógica de criminalización con el “terruqueo” viene de hace mucho tiempo, yo vengo de una región del sur con muchas protestas sociales en temas ambientales, mineros, hemos visto y vivido permanentemente el “terruqueo” para acallar denuncias ambientales.
P.- ¿Qué tipo de violaciones de derechos viene cometiendo el gobierno de Dina Boluarte?
R.- Para mí se está violando el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Se ha arrancado el derecho a la vida que es un valor supremo sustancial, lo que ha generado un daño directo hacia la familia y se extiende a la comunidad y al país; estamos en un duelo colectivo. Y se está violando el derecho a la dignidad, porque lo que ha mostrado este gobierno es el mayor desprecio hacia todos los derechos con una carga estigmatizadora, criminalizadora, y eso ha dañado profundamente a las personas del pueblo. Un ministro de Educación, que compara con animales a las mujeres aymaras, es la expresión más clara de amenaza a la dignidad de las personas.
P.- ¿Qué ha sentido al ver las imágenes de los policías tirando bombas lacrimógenas a mujeres aymaras que cargaban a sus hijos en la espalda?
R.- Me generó profunda indignación; por ese motivo he presentado una denuncia penal por discriminación contra el ministro de Educación, porque considero que es un delito. No podemos negar que hay discriminación en sus palabras ¡que se dirija de esa manera a mujeres indígenas aymaras! y que intente minimizar su rol, ¿para no considerarlas actores políticos en el marco de esta crisis? Detrás de esta discriminación a las mujeres hay una estigmatización de la población aymara, que es el principal actor que encabeza el rechazo a este gobierno y que ha tomado una decisión colectiva en su pueblo, en Puno. Ese desprecio, evidentemente, es a quienes venimos de pueblos originarios.
P.- En esta crisis política, ¿las más impactadas han sido las poblaciones más postergadas?
R.- Hoy esos pueblos que se han movilizado de manera colectiva han sido ninguneados y estigmatizados. Es real que no tienen representación y si sienten que les dan algún espacio, no los están reconociendo, no los están escuchando. Estamos en una crisis de estructura mayor, el Ejecutivo no puede pisar varios de estos lugares, es rechazado porque no se le reconoce el sentido de legitimidad, no hay un reconocimiento social. Yo rechazo la violencia, pero creo que hay que comprender la complejidad que existe detrás de ese rechazo a los representantes del gobierno para, precisamente, entender que hay una necesidad de reconstruir un Estado, de reconstruir sus instituciones. ¿Por qué hay un rechazo a la institución de justicia?, porque la gente considera que la justicia no es eficiente frente a situaciones donde ellos se ven despojados sus derechos. Hay una demanda de estructura, de cambio mayor, y el mensaje de nueva constitución encierra la posibilidad de eso. Yo esperaría que ese debate pudiera encausarse de manera democrática e institucional, pero se han cerrado esas posibilidades.
