— diciembre 7, 2020 a las 9:36 pm

José Saldaña: “La agenda indígena debería ser una prioridad en una nueva constitución”

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Foto: Andina

El debate en torno a una nueva constitución es una demanda que ha tomado fuerza a partir de la crisis política que vivió el país en el último mes, para el abogado e investigador en Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, José Saldaña, hay una insurgencia de parte de los jóvenes, un juventud muy diversa que no solo es de la clase media, sino heterogénea y de los barrios populares de las ciudades que quieren trabajo y derechos elementales como salud y acceso a la vivienda, derechos que el sistema económico de la constitución de 1993 no ha garantizado a estas nuevas generaciones.

Dos caminos son los que se abren para poder llevar a cabo este proyecto transformador. Por un lado, la formación de una Asamblea Constituyente que se establece específicamente para elaborar una nueva constitución, cuyos miembros asambleístas son elegidos exclusivamente con ese encargo. Mientras que la otra opción es la de un Congreso Constituyente en la que los mismos parlamentarios que hoy son parte del período legislativo, asumirían el mismo cargo para elaborar una nueva constitución.

Para el abogado la opción que debería seguirse en nuestro país ha quedado muy clara en las calles.“La ciudadanía está a favor de una Asamblea Constituyente elegida para dedicarse sólo a la redacción de una nueva constitución. Sus miembros asambleístas no deberían provenir necesariamente de los partidos políticos, sino de movimientos de independientes, movimientos sociales, trabajadores, juventud organizada, y pueblos indígenas».

Al respecto sobre qué modelos constituciones se deberían tomar en cuenta para comenzar a evaluar la redacción de un nuevo pacto social, aparecen varios referentes. Se deben recordar las experiencias constitucionales de la última década en países como Bolivia, Chile y Ecuador, que han priorizado el tema de la representatividad y diversidad dentro de sus constituciones.

“Si uno lee las constituciones de los países vecinos se puede dar cuenta de que han logrado incorporar protecciones especiales y capítulos específicos para diversos grupos como personas con discapacidad, adultos mayores, población LGTBI, entre otros. El caso de Bolivia, con todos sus errores y contradicciones, es una buena referencia para el Perú porque es un proceso constituyente que puso la agenda indígena sobre la mesa. En un país como el nuestro que es quechua, aymara e indígena amazónico esa agenda también debería ser una prioridad”, afirma el abogado.

Saldaña remarca la importancia de incluir la protección del medioambiente dentro de los debates constitucionales, debido a la crisis climática mundial que vivimos; pero también tiene una dimensión nacional porque han paralizado los proyectos de inversión más importantes del país y, por último, también tiene un impacto a nivel local porque los pueblos y comunidades que viven sobre los recursos naturales del subsuelo se sienten vulnerados.

“Se debe cambiar el paradigma del desarrollo económico por un paradigma de los derechos de la naturaleza, que es un aprendizaje de la constitución ecuatoriana y boliviana. Cambiar al sujeto de protección que es el ser humano y en su lugar poner a la naturaleza, no como algo desconectado del ser humano sino como algo que forma parte de él. La constitución debería prestar especial atención al medio ambiente para solucionar los problemas que vivimos hoy”.

Finalmente, frente a la propuesta de la redacción de una nueva constitución todavía persiste la opción de seguir aplicando más reformas a nuestra carta magna como se ha venido haciendo durante las últimas dos décadas. Para Saldaña ya no es momento de seguir aplicando reformas, pues la situación de crisis institucional y hartazgo hacia la clase política no lo amerita. En cambio, propone reestructurar las bases institucionales y abrir el proceso a asambleas populares que, en el futuro, confluyan en una gran Asamblea Constituyente.

“La experiencia ha mostrado que en veinte años todos los intentos de reforma han sido fallidos, superficiales o, en los casos más graves, contrarreformas; es decir, que nos ponen en un lugar peor del que estábamos antes. Lo podemos ver en los casos de la reforma del sistema de justicia y mucho más en la reforma educativa. Bajo las instituciones que tenemos, la capacidad de hacer reformas es muy pobre. Se debe cambiar las bases estructurales del sistema institucional actual y plantearnos el objetivo de una gran reforma con una nueva constitución”.

*Tomado de la entrevista en vivo realizado por la historiadora Marilyn Céspedes para Gran Angular.

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