La abogada y directora de Aprodeh, Gloria Cano, nos habla de la estrategia del terruqueo emprendida desde el Estado, y que desde su organización vienen haciendo un registro de las personas que vienen siendo difamadas por el solo hecho de participar en las protestas sociales. Señala que tanto Boluarte como Otárola tendrán que responder penalmente por homicidio calificado.
Por Maga Zevallos
Fotografías: Miguel Gutiérrez
P.- ¿Cuál es el objetivo de la campaña No al terruqueo?
R.-El objetivo es visibilizar esta situación de estigmatización que vienen sufriendo diversas personas, no solamente luchadores sociales, líderes de sindicatos, políticos de oposición y los ciudadanos que vienen participando en las protestas sociales, quienes están siendo víctimas de una herramienta que viene siendo utilizada desde los años 90, que es vincular a los protestantes a una organización terrorista para anular su voz, ningunear su protesta o simplemente para apartarlos. El objetivo es aislarlos del esquema social.
P.- ¿Qué tipo de herramientas viene proporcionando Aprodeh para denunciar el terruqueo?
R.-Hemos recibido diversas solicitudes de personas que han sido víctimas de terruqueo, preguntándonos: ¿qué pueden hacer? Por lo que hemos implementado una web: www.terruqueo.pe, donde hay herramientas tanto jurídicas como informativa, para que puedan usar todas las personas que sufren de este tipo de difamación. Ahí pueden encontrar los pasos y procedimientos para denunciar a la persona que les ha difamado, por ejemplo, hemos subido a la web los formatos de pedido de garantías personales, para la persona o grupo de personas que los han terruqueado o los haya acosado se le prohíba el acercamiento a su domicilio, a su oficina, etc. También si desean hacer uso del sistema penal, hemos colocado una lista de requisitos y condiciones que el Poder Judicial solicita para presentar una denuncia. Asimismo, hemos colocado un formulario donde venimos haciendo un registro de personas que hayan sido terruqueadas, para poner en conocimiento antes las autoridades internacionales, y así poder visibilizar este estigma usado para acallar a las voces que protestan.
P.-¿El terruqueo es un delito?
R.- Estamos viendo mucho en las redes sociales que algunas personas tildan a otras personas de terruco, de terrorista o dicen: “yo te conozco, tú eres de Sendero Luminoso, tú eres del MRTA, tu has tenido un pasado terrorista”, a estos hechos se le conoce como el terruqueo. Y si es un delito que puede ser denunciado penalmente, porque es una difamación agravada. Por ejemplo, el Ministerio del Interior pretende que cualquier persona pueda denunciar a otras personas, con ello están promoviendo que se generen falsas denuncias, eso ya ocurrió en el pasado, donde se llenaron las cárceles con personas inocentes, el mismo Fujimori tuvo que dar una disposición para poder liberar a los presos inocentes, se creó incluso una Comisión que evaluaba a las personas que habían sido involucradas de manera injusta en la Ley de terrorismo.
P.- ¿Cuál es el impacto de este tipo de difamación y por qué las personas no denuncian?
R.- En la difamación entran todos aquellos hechos que tengan que ver con el honor de una persona, entonces si una persona viene y saca por redes sociales, o le dice a todo el mundo que yo soy una estafadora, yo le puedo denunciar por difamación, porque ha vulnerado mi honor. El terruqueo vincula un hecho criminal como es el terrorismo, que tiene mayores efectos que cualquier otro tipo de difamación, porque te aísla socialmente, te perjudica laboralmente, daña tu honor y tu dignidad, pero también te hace pasible de que algunas personas o que la propia Policía te inicie una investigación por terrorismo, no es cualquier difamación.
Si bien esta calumnia agravante puede entrar dentro del procedimiento habitual que es el de difamación, sin embargo tiene muchas barreras para la persona difamada, como pagar aranceles, pagar un abogado, y la parte civil, es decir la parte agraviada es la que tiene que seguir el proceso, lo que genera que este tipo de delitos queden impunes.
P.- Hay grupos como “la Pestilencia” que califican a Aprodeh como defensores de terroristas ¿por qué ustedes que tienen este estigma lanzan una campaña así?
R.-Precisamente para salir al frente de estas campañas de terruqueo, que no solamente es hacia Aprodeh, sino hemos visto por redes sociales que es una campaña sistemática contra cualquier persona que quiera levantar su voz. Hemos visto como a campesinos que vienen a protestar se les quiere involucrar inmediatamente como terroristas, hemos visto al propio jefe de la Dircote señalando que las personas que vienen a levantar su voz tienen vínculos con el terrorismo. O sea el terruqueo es usado a nivel individual e institucional para justificar las detenciones arbitrarias, las torturas y también para justificar muertes y lesiones. Por eso estamos saliendo al frente, para decir que el terruqueo es un delito, y que debemos de parar este terruqueo, no solamente con las personas que utilizan redes sociales para ello, sino también a las instituciones y a las autoridades que justifican su accionar en este terruqueo.
P.- ¿Cómo responder a esta campaña emprendida desde el Ejecutivo y la propia Policía Nacional?
R.- Es muy fácil levantar fantasmas que han herido a la sociedad, porque todos recordamos los funestos años que vivimos con el terrorismo, olas de muertes, secuestros, los coche bombas, otros. Lo que hay ahora son facciones de Sendero Luminoso en Vizcatán, lo cual el gobierno y las Fuerzas del orden tienen que dar cuenta. Pero con el terruqueo, lo que pretenden ahora es utilizar ese fantasma para precisamente justificar el accionar autoritario, para justificar el accionar violentista de las FFAA, de las fuerzas policiales, y justificar las muertes, las violaciones a los derechos humanos contra la sociedad civil, que tiene todo el derecho de levantar su voz.
P.- En estos 100 días de conflicto, que registra más de 60 muertes y 130 heridos ¿Cuál es la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte?
R.-La responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte y del premier Otárola son responsabilidades penales, no hay responsabilidades políticas, no, son responsabilidades penales y van a tener que responder penalmente. Ya hay varias carpetas fiscales abiertas en la Fiscalía de la Nación, precisamente por las muertes y las lesiones agravadas que han ocasionado el accionar en este conflicto social, lo que ha sido aprobado, consentido u ordenado por el Ejecutivo. Nosotros esperamos que estas acciones conlleven a un proceso judicial. Yo creo que van a ser condenados, ya sea cuando termine (Boluarte) su mandato o posteriormente, estos hechos no son prescriptibles. El informe de Amnistía Internacional señala que esto fue parte de un ataque generalizado a una población civil que pretendió levantar su voz de protesta ante una situación que considera injusta, y lo que ha hecho el gobierno, es atacar con armas letales a esa población civil. Los delitos cometidos en el gobierno de Dina Boluarte califican como lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles y perseguibles, no solamente en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional.
P.- ¿De cuantos años de cárcel estamos hablando?
R.- En el ámbito internacional el homicidio calificado puede ser condenado hasta 35 años de pena privativa de libertad.
P.- ¿Qué cambios se vienen dando en la legislación para seguir criminalizando la protesta?
R.- Todo esto forma parte de un accionar autoritario, pero como organismo de derechos humanos nos va a servir para probar precisamente la participación de la presidenta Boluarte, del premier Otárola y de los otros ministros de Estado, que este ámbito de represión tiene un esquema y una estrategia gubernamental, no solo para terruquear y criminalizar la protesta, sino también para eliminar a quienes consideran su enemigo.
