Crédito: Javier Dueñas
Un problema que ha estado presente en nuestra sociedad, en nuestra clase política y en nuestra economía ha sido la corrupción. El politólogo Francisco Durand Durand (PUCP) analiza las principales vías que perpetúan este sistema “corrosivo” y realiza una fuerte crítica hacia nuestras instituciones públicas respecto a su relevancia para el control de casos de corrupción. A partir del análisis de los casos más controversiales de corrupción que involucraron a ex presidentes como Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo; así como al actual presidente, Ollanta Humala y a su esposa Nadie Heredia, afirma que dentro de un sistema que te condiciona, constantemente a la corrupción, la voluntad política en los principales líderes políticos es el primer paso para la erradicación de este sistema.
P.- ¿Cuáles son los efectos sociales de la corrupción en nuestro país?
R.-La corrupción tiene un efecto corrosivo que hace que las personas crean que pueden, normalmente y de manera casi cotidiana, evadir las reglas. A medida que se extiende la corrupción, se va deteriorando la capacidad de un país de cumplimiento legal, pero también se van deteriorando las relaciones sociales en una familia, en el barrio y en en las instituciones porque la corrupción, ya fuese individual o de grupo –sobre todo la de grupo– hace que exista una complicidad. Entonces, como se está violando la norma hay que mantener oculto o hay que justificarla, hay que esconderla. De ahí que tiene un efecto corrosivo, deteriora todas las instituciones.
P.- ¿Cómo influyen los casos de corrupción de los principales candidatos presidenciales en el escenario electoral del 2016?
R.- Yo creo que ninguno de los candidatos está enfatizando como algo central la lucha contra la corrupción proponiendo, por ejemplo, un endurecimiento de las normas o una aplicación más severa en los casos de corrupción. En parte porque algunos de los candidatos tienen muchas acusaciones de corrupción. De los 5 o 6 primeros, hay acusaciones contra García, Keiko–el gobierno de su padre o en su entorno–, contra Toledo y ahora estamos viendo que aparece una serie de cargos contra Acuña. El más “limpio” de todos, porque tiene otro origen y otra forma de insertarse en la economía, es Kuczynski, que es el hombre de las multinacionales. Por lo tanto opera dentro de un marco legal, pero sabe que ellos, los grandes poderes económicos, tienen una enorme influencia para continuar ese marco legal. Se podría decir que es el candidato menos contaminado. ¿Qué se puede esperar de ese conjunto de los principales candidatos?
P.- ¿Cree entonces, que el electorado votaría de todas maneras por un candidato corrupto?
R.- Creo que no les preocuparía si el candidato es corrupto o no. Igual votarían por él por otras razones: por lo que ofrece, porque ha hecho una buena campaña, por los slogans.
Crédito: Javier Dueñas
P.- En el caso de Keiko Fujimori, la corrupción está presente, no solo por el estigma de su padre, ella ha sido investigada por la procedencia del dinero de su educación; y, luego por la financiación de su campaña. A pesar de estos antecedentes, ella lidera las encuestas, ¿Considera que el fujimorismo seguirá perpetuando sus redes de corrupción en un eventual gobierno?
R.- Es muy probable porque de algún modo, la fuerza de Keiko Fujimori es fruto de un gobierno que, de acuerdo a los records de transparencia internacional, fue en su momento uno de los gobiernos más corruptos del mundo, principalmente por la presencia de Montesinos. Sin embargo, una vez que este es encarcelado, aparentemente Keiko había tomado distancia, pero su padre –que sigue siendo un personaje central de este partido familia– no ha roto con Montesinos, no se han deslindado y de lo que uno ve en televisión cuando se hacen guiños daría la impresión de que todavía se entienden. Por el tipo de reclutamiento que tiene el fujimorismo, tanto en sus bases que no son grupos organizados, sino que son una masa que tiene identificación emocional o admiración por el líder es muy probable que se multiplique la corrupción en un posible gobierno de Keiko Fujimori.
P.- En muchas encuestas se considera a Alan García como uno de los políticos más corruptos del país. ¿A qué cree que se debe esta percepción, en el gobierno de Fujimori también se cometieron actos de corrupción y, sin embargo, mantiene un fuerte respaldo de la opinión pública?
R.- Yo creo que la corrupción va evolucionando y cada gobierno genera patrones. En el caso de García, la corrupción fue generalizada desde el primer día de su primer gobierno, desde que empezó a tomar decisiones. Por ejemplo, la venta de aviones Mirage que el Perú ya había comprado y que estaban en camino a nuestra Fuerza Aérea y que decide venderlos; así, uno podría hablar de 10 o 15 casos más como el caso del dólar MUC. En el caso de Fujimori, empezó más tarde; yo creo que comienza a aparecer después de la victoria electoral en 1995 y fue más una corrupción que penetró muy fuerte ciertas instancias del Estado como la Policía, a los militares, al servicio de inteligencia, a la compra de armas, al pago a periodistas. Cada gobierno es diferente, en este sentido.
P.- Las denuncias de corrupción en Brasil por el caso “Lava Jato” involucraron a los tres últimos gobernantes: Toledo, García y Humala; debido al financiamiento de la empresa Odebrecht para la construcción de mega obras ¿Por qué estos gobiernos han mantenido estos vínculos de corrupción y ninguno de los gobiernos intentó acusar a sus antecesores?
R.- Una de las prioridades del Estado, y no solo de Estado, sino también de los Municipios y Gobiernos Regionales donde hay mucha corrupción institucionalizada, es la construcción de obras públicas. En este caso tenemos, desde el gobierno de Fujimori en adelante, una participación muy importante de grandes empresas brasileñas que han construido carreteras como la Interoceánica o han participado en obras de energía y otros proyectos. Hay una continuidad pues estas empresas han ganado regularmente concursos de obras públicas y que una vez ya insertadas en el mercado peruano han continuado gobierno a gobierno. Entonces, a ningún gobierno le conviene levantar un tema sobre una empresa que sigue manteniendo este rol permanente de proveedor de obras. Hay una cierta complicidad en este caso. Los políticos se acusan unos a otros, pero solo donde hay algún responsable de ciertos casos de corrupción que se pueden aislar.
P.- En el imaginario social existe una asociación férrea entre política y corrupción que progresivamente ha sido asumida como “algo normal” y que se refleja en expresiones como “roba, pero hace obra” ¿Cómo se puede explicar esta situación?
R.- Bueno, hay varios tipos de corrupción vinculado a la política tanto a los partidos, como a las elecciones, como al Estado. Esta la del político que aprovecha el cargo que tiene, su poder de decisión para corromperse y eso puede dar lugar a múltiples tipos de actividades. También, tenemos la compra de armas. Estudios internacionales indican que hay un 25% de sobrecosto por la compra de armas que se va en corrupción, en coimas, y generalmente se paga a través de cuentas cifradas en el exterior siendo eso relativamente normal. Otro tipo, donde la coima es menor, pero se produce con más frecuencia, es en las obras públicas; de ahí viene el dicho de “roba, pero hace” y es como una especie de fórmula casi perfecta, porque se hace la obra y la gente está contenta. El constructor se beneficia con el contrato que ha firmado; en este caso, la coima se calcula en 10% en promedios internacionales como mínimo. El político está feliz, porque de esa manera mantiene su prestigio como alguien que realiza actividades, que cumple con lo que promete. Otro tipos son el caso de los jueces que pueden vender información o que pueden arreglar un juicio; los policías que pueden pedir una participación a gente que roba, que extorsiona y que, en muchos casos, terminan integrándose a estas bandas. Finalmente, para terminar esta tipología, quizá la más perniciosa sea cuando protegen o toleran actividades ilícitas del mercado negro. Todos los tráficos que funcionan sobre la base de corrupción: cocaína, oro ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando.
Crédito: Javier Dueñas
P.- El caso de Castañeda es un claro ejemplo de la corrupción en obras públicas que incluso le ha permitido lograr un tercer periodo en la alcaldía de nuestra ciudad.
R.- Es el más generalizado, además no solo ocurre a nivel del Estado central, sino en todos los gobiernos centrales y en todos los municipios. Es el favorito.
P.- Alfonso Quiroz en Historia de la corrupción en el Perú analiza diversos casos de corrupción a lo largo de toda nuestra historia. Algo que llama la atención es que en los distintos tipos de gobiernos, ya sean de corte liberal, conservador o autoritario la corrupción siempre está presente. ¿Puede explicar nuestra cultura política esta presencia constante de casos de corrupción?
R.- Sí. Él tiene una tesis realista que algunos consideran excesivamente cruda. Hay variaciones, hay gobiernos más corruptos y menos corruptos; hay algunos presidentes y gobiernos que no son corruptos. A pesar de estas aclaraciones; por ejemplo, el gobierno de Belaúnde o el gobierno de Velasco han sido menos propensos a la corrupción por una calidad personal de los presidentes, la mayoría de gobiernos confirman la tesis de Quiroz de que la corrupción cae en cascada. Si tienes un jefe de gobierno que es corrupto, el resto del cuerpo del Estado, lógicamente, funcionará en torno a la corrupción. Ahora bien, insisto, no todos los presidentes y gobierno han tenido esta característica. Más recientemente podría citar a Paniagua. Sin embargo, creo que ocurre un elemento de continuidad en el Perú Republicano. Todavía predomina la corrupción estatal y muchos presidentes o la toleran o están directamente involucrados en la corrupción. La tesis como tal se sostiene y es alarmante.
P.- ¿Cómo ha afectado la corrupción al desarrollo económico de nuestro país?
R.- Ese es un tema controversial. Hay quienes sostienen que es fundamentalmente negativa por el efecto corrosivo, que corrompe las instituciones, pero también hay otros que opinan que en todos los países ha habido actividades económicas que se han desarrollado en base a la corrupción. Por ejemplo, hay países corruptos que tienen muy altas tasas de crecimiento como Paraguay, Panamá o Hong Kong que, históricamente, ha funcionado mucho con corrupción. Yo creo que en los momentos iniciales puede tener un cierto impacto económico positivo, pero en una fase posterior se tiene que controlar. El problema no es tanto que haya corrupción, sino que si se permite que se quede terminará teniendo efectos muy negativos.
P.- En los distintos gobiernos, la corrupción ha sido sostenida por diversos grupos de poder de sectores públicos y privados. ¿Qué grupos que perpetúen este sistema podemos encontrar actualmente?
R.- Existen propiamente grupos organizados vinculados al crimen, y entre ellos el más antiguo es el narcotráfico que sostienen el sistema. Este es el caso más alarmante. Luego le siguen los del oro ilegal, el contrabando y la reproducción marcas o derechos de autor, también la falsificación de billetes. Hay por lo menos 5 grandes tipos de crimen organizado. Sin embargo, en el caso de narcotráfico, nosotros somos parte de una cadena internacional donde se mueve la droga. Nuestro rol en esta división del trabajo en estos mercados que comienzan en el sur pobre y en el norte rico es, básicamente, la producción de 40 o 50% de la coca mundial y su transformación en pasta y, últimamente, hemos entrado –lo cual nos indica que el problema se hace más grave– a la producción de cocaína en el Perú. Entonces, tenemos producción de coca, cocales; tenemos fosas donde se hace la pasta y tenemos laboratorio. El Perú hoy en día compite con Colombia en términos de cuál es el principal productor mundial de cocaína. Los capos de la droga peruana, esas familias que están metidas en el VRAEM son proveedores de carteles internacionales, tienen mucho poder, pero no llegan a tener el poder de los carteles colombianos y mexicanos. Y como son proveedores, y en el Perú abunda la coca , donde cada cual tiene sus clientes y sus rutas de salida, no hay una lucha entre ellos.; eso nos distingue.
P.- ¿Los medios de comunicación pueden ser una vía de encubrimiento de casos de corrupción vinculados al narcotráfico que usted plantea?
R.- Puede ayudar al encubrimiento o a generar escándalos noticiosos que muchas veces no llevan a ninguna parte. Pero el anonimato les conviene a ellos. El hecho de que no aparezcan sus fotos, que no aparezcan en la lista de los más buscados. ¿Cuándo la Policía peruana ha hecho una lista de “los más buscados” del narcotráfico, del contrabando, de la piratería, del oro ilegal? Entonces, operan en un cómodo y muy conveniente anonimato.
P.- ¿Podemos considerar que la corrupción está institucionalizada en nuestro país?
R.- Ciertamente, es muy antigua y no solo está institucionalizada, sino que va creciendo, se va extendiendo.
P.- ¿Nuestras instituciones públicas como la Contraloría General y el Poder Judicial están preparados para combatir los casos de corrupción?
R.- Algunas mejor que otras porque hay grandes diferencia entre ellas. Probablemente las instituciones públicas con mejor capital humano, con mejores sistemas de gestión, con mejor noción de lo que es la necesidad de controles internos funcionen con menos corrupción. Sin embargo, las más débiles con capital humano menos preparado, con remuneraciones más bajas, sin la falta de equipamiento que es el caso de la Policía y, hasta cierto punto, los jueces son más propensas a la corrupción.
Crédito: Javier Dueñas
P.- ¿Cuánta responsabilidad tienen los partidos políticos en perpetuar o fiscalizar los actos de corrupción?
R.- Los partidos políticos son en parte responsables, porque en las campañas ellos reciben dinero que vienen de la corrupción y no preguntan por qué o cuáles son las condiciones o aceptan las condiciones que les pone el donante de dinero sucio. Una vez en el gobierno o en el Congreso, ya están atados, eslabonados con estos intereses oscuros, y es muy probable que esa clase política que está en el Ejecutivo o en el Legislativos terminen siendo ellos mismos focos de corrupción.
P.- Hay muchas críticas en cuanto a la transparencia de la recaudación de fondos de los partidos políticos en campañas ¿Cree que se debe impulsar una reforma integral de la Ley de partidos políticos?
R.- Yo creo que sí, aunque hay que tener en cuenta que los cambios de las leyes no necesariamente solucionan un problema, es una herramienta. El problema es si esa herramienta se usa bien, si se usa con fuerza, con convicción. En el Perú, la financiación de campañas es una de las actividades más oscuras que existe. En primer lugar, las leyes son malas; en segundo lugar, no existe la información que permita identificar quiénes la dan y quienes han contribuido en todas sus formas, porque uno puede contribuir en dinero, que se registra, pero también en especie. que no se registra, que puede asumir formas como “te dejo mi local”, “te voy a poner camionetas”, “usa mis avionetas” o “te cedo mi cuota de publicidad en los medios”. Por último, el Estado mismo no procesa esa información y fiscaliza mal.
P.- ¿Considera que el proyecto conocido como “Ley de muerte civil” para que personas que realicen algún delito en agravio del Estado estén impedidos de trabajar para la Administración Pública pueda revertir el escenario tan enraizado de casos de corrupción?
R.- Puede ser una herramienta más. El problema es que eso supone que las acusaciones que se hagan sean ciertas, que han sido adecuadamente investigadas y que no se trata de acusaciones falsas o con indicios sin pruebas, casos mal investigados. Creo que ahí hay un riesgo. En algunos casos podría impedir que haya corruptos en el Estado, pero podría también ser un incentivo perverso, porque eso podría animar a muchos a hacer afirmaciones sin fundamento con la esperanza de que un juez poco preparado o influido por intereses privados saque de carrera a alguien. Creo que es un arma de doble filo.
P.- Es paradójico que desde la misma bancada de Gana Perú, se haya propuesto este proyecto cuando el mismo presidente Humala y su esposa Nadine Heredia están involucrados en varios actos de corrupción como el caso de las agendas, por ejemplo.
R.- Sí, ahí es más una corrupción posible por el uso de fondos de campaña; que haya venido de múltiples fuentes y no lo hayan declarado. Eso es común a todos los partidos. El caso de Gana Perú no es un caso especial, está en el promedio; es parte de lo normal. La cuestión, aparte de la obligación que tenían de declararlo, es que no sabemos en el caso de las agendas si esas anotaciones hechas a mano se corresponden o no con documentos. Por ejemplo, si yo estuviera candidateando, en ese momento puedo hacer un presupuesto de mi campaña y escribir nombres y cifras, pero eso no prueba nada, en ningún tribunal del mundo eso tendría validez; es solamente un indicio. El indicio debe llevar a la prueba, si no hay una prueba eso no sirve como base.
Lo que pienso en el caso de las agendas que podría ser más problemático para Nadine –aunque no conozco bien la legislación– es que parte de esos fondos de la campaña, aparentemente, habrían sido destinados a su uso personal. Si ha comprado una casa o muebles de lujo, por ejemplo. Eso es para mí la parte más difícil porque de eso sí podría haber pruebas.
P.- ¿Cómo evalúa la gestión de Ollanta Humala, quien en campaña electoral prometió una gestión con honestidad y cero corrupción? ¿Considera que se ha realizado algún avance en la lucha contra la corrupción?
R.- Ninguno. Quizás el único rayo de luz haya sido la investigación sobre los narcoindultos de la Megacomisión del Congreso, aunque este Congreso fiscaliza más que legisla. En realidad, los lobbies son los que muchas veces legislan o, en todo caso, también el MEF, probablemente vinculado a lobbies o encargando a estudios privados que elaboren un proyecto de ley. El Congreso se ha concentrado en fiscalizaciones de todo tipo justamente para compensar lo que no hace. Dentro de las distintas investigaciones, insisto en que la Megacomisión se encontró, de pronto con el tema de los narcoindultos. En este caso sí está probado o por lo menos hay evidencias muy serias, que Facundo Chingel –encargado por el presidente de ver este caso de indultos–, está involucrado en actos de corrupción. En ese sentido, sí revela un caso particular de corrupción que nunca se había dado antes. A nadie se le había ocurrido que el presidente podría indultar a tantos y que además funcionarios encargados podrían cobrar. Es un caso insólito en el mundo y probablemente no se vuelva a repetir porque el mal recuerdo que ha generado. Sin embargo, es un caso aislado; salvo ese, creo que no ha habido mayor avance. La Controlaría es una institución inútil que no investiga realmente, o más bien investiga mucho pero no llega a nada en concreto en la mayoría de los casos. El Congreso casi no ha funcionado, el Poder Judicial ha tenido problemas de corrupción internos como el caso del Fiscal Ramos Heredia, por ejemplo, de modo que poco podemos esperar. Un avance importante es la Unidad de Investigación Financiera, que ha empezado bien, sin embargo no investiga a los bancos que es donde se realiza el lavado.
Crédito: Javier Dueñas
P.- En todo caso, las instituciones continúan igual de débiles
R.- Sí, sí. Con instituciones muy débiles, ¿qué se puede hacer en la lucha contra la corrupción? Muy poco. Lo único que podría ocurrir es una demanda de la sociedad civil, una exigencia para que se cree un sistema anticorrupción para que investiguen profesionalmente los casos, no periodísticamente. Hay casos que tienen su momento de gloria cuando los resaltan en las noticias y después muchas veces se derrumban por falta de capacidad de investigación o se olvidan y pasamos al siguiente. La sociedad como conjunto no percibe que esto es un tema central y que al final todos perdemos; solo un sector, la parte sana, la llamada “reserva moral” que felizmente existe. Sin embargo, está corrompido casi todo, están corrompidos los clubes de fútbol, las universidades, los sindicatos –cosa que no se veía antes, por lo menos en el caso de construcción civil–; están corrompidas, también, las comunidades campesinas. Los dirigentes venden terrenos o están vinculados a tráfico de terrenos como en el caso de las playas del Sur. Aquí la pregunta es más bien al revés: ¿quién no está corrompido?
P.- ¿Cómo se fiscalizan los casos de corrupción en las zonas rurales del país?
R.- Ni siquiera es fuerte en Lima, menos lo va a ser en provincias. Yo creo que ahí se ha hecho normal, nadie fiscaliza, salvo en los casos donde hay ajustes de cuentas. Anotemos que una cosa es la rendición de cuentas, y otra muy distinta el ajustes de cuentas. Tenemos un sistema político de ajustes de cuentas, de tumbarse candidatos, de dañar reputaciones, pero no hay un sistema de rendición de cuentas en donde sí se alguien está en un cargo se tiene que “rendir cuentas” para ver si se ha actuado de acuerdo a la ley.
P.- Los políticos de hoy nos venden el ideal de la erradicación de la corrupción ¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Solo es cuestión de voluntad o erradicar la corrupción se encuentra condicionado a otros factores?
R.- Yo creo que el factor de voluntad política para luchar contra la corrupción es un factor central para empezar un proceso de cambio y la cuestión es después continuarlo. Si el presidente no apoya o no encabeza una la lucha contra la corrupción, el resto del Estado va a continuar más o menos como está. El presidente tomará distancia de los casos en que hay corrupción o se alejará de aquellos corruptos por conveniencia política, pero si no está dentro de sus prioridades esta lucha el resto del aparato no va a moverse. Entonces, la voluntad política para luchar contra la corrupción es un primer paso. Un segundo paso es la conformación de un equipo multidisciplinario que investigue la corrupción, que la entienda, que identifique las principales formas. Tercero, hay que reformar o fortalecer las instituciones de primera línea de combate contra la corrupción, empezando por el capital humano, que es la Policía, el Poder Judicial, los órganos de control interno del Estado. Debemos fortalecerlos de distintas maneras: técnicamente, en algunos casos con ayuda internacional, peor también financieramente, pues sin recursos ¿quién va a investigar?. Y a partir de ahí, llevar a cabo una lucha contra la corrupción despolitizada y efectiva.
