Las Bambas, un gigante con pies de barro

La muerte de Quintino Cereceda Huilca, comunero del distrito de Choquecca, por la policía abre un nuevo capítulo negro para Las Bambas, un proyecto que ya se ha cobrado la vida de cuatro personas. Este megaproyecto minero-propiedad de la estatal china MMG-, ubicado en Apurímac, se ha convertido casi en un caso paradigmático donde salen a relucir las sombras de la inversión minera en Perú, como los convenios que permiten a una minera contratar los servicios de seguridad de la policía. Desde hace ocho meses, hay instalada una Mesa de Diálogo entre el Estado, los ciudadanos y la minería que avanza lentamente sin resolver las demandas ambientales, sociales y económicas, que preocupan a una población que vive en una de las zonas más pobres del país, y que espera poder beneficiarse de la nueva fiebre del cobre sur andina que disparará la producción de este mineral consolidando a Perú como segundo productor mundial hacia el 2017.

Escribe Nylva Hiruelas

El cuerpo de Quintino Cereceda, muerto de un disparo en la cabeza por la policía durante un enfrentamiento, permaneció tirado sobre un pedregal en lo alto de un cerro a más de tres mil metros durante  casi dos días, el tiempo que tardó en llegar el fiscal desde la ciudad de Abancay para levantar el cadáver. Los comuneros decidieron alargar esta amarga espera porque se opusieron férreamente a que los fiscales de la zona, de quienes sentían una profunda desconfianza, lo hicieran. En este relato se esconde el sombrío poder que ejerce el gigante minero Las Bambas  sobre una población que había permanecido en el olvido para el Estado hasta que la mayor inversión minera en la historia del país decidió instalarse en Cotabambas.

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Quintino murió durante los enfrentamientos sucedidos el pasado viernes 14 de octubre entre la policía y los miembros de cuatro comunidades: Pumamarca, Choqecca, Allahua del distrito de Tambobamba y Qehuira del distrito de Challhuahuacho, tras bloquear la carretera por donde transitan los camiones que trasladan minerales y  sustancias químicas de la empresa Las Bambas, la protesta se generó por el malestar que produce el tránsito de vehículos de la empresa minera (polvo y vibraciones permanente)  y la utilización sin permiso de terrenos comunales para el establecimiento de la carretera. Los habitantes de esta provincia desconfiaron de la imparcialidad de la investigación realizada por la Fiscalía de Challhuahuacho porque, como explica Ruth Luque, abogada de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, “no tienen  logística, no cuenta con movilidad propia y tiene que depender de la policía para todas sus investigaciones, siendo la PNP la que brinda además servicios de seguridad a la empresa”.

Los opacos y perversos vínculos entre la policía y la minera se consagraron mediante la suscripción de un contrato por el cual se estableció que la fuerza pública prestaría sus servicios de seguridad. MMG confirmó en el mes de julio vía correo electrónico que cuentan con un convenio en vigor con la policía  “para contribuir a asegurar la presencia del Estado en la zona, a fin de facilitar el cumplimiento de su labor constitucional de velar por el orden interno del distrito y la Provincia de Cotabambas”. Para la abogada Luque detrás de estos convenios hay una relación económica patrimonial, “la policía se está mercerizando. El convenio estipula que el efectivo policial recibe S/100 diarios, los jefes de mando superiores  S/150 diarios, y la región policial, en este caso Cusco, recibiría unos 20 mil soles al mes”, Luque ha tenido que esperar dos años para obtener información sobre los convenios tras un proceso judicial de dos años, pues no es pública. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mediante un comunicado, exigió al gobierno que transparente todos los convenios privados entre la policía y las mineras, amparados por la Ley de la Policía Nacional (aprobado por el Decreto Legislativo Nº1148) y el Decreto Supremo Nº004-2009-IN, y que se extingan de manera urgente.

Ya son cuatro las personas que han fallecido tras participar en protestas por la mina Las Bambas. Sin embargo, sólo se han confirmado responsabilidades policiales para la muerte de Quintino, aunque aún falta la investigación fiscal, se ha dispuesto que los 150 efectivos policiales que participaron pasen por la prueba de absorción atómica y se haga un peritaje de armas. El ministro del Interior, Carlos Bassombrío –quien ha permanecido mudo sobre los convenios- responsabilizó a los coroneles Claudio Marcial Zúñiga Sánchez y Juan Fernando Sarango de haber cometido faltas muy graves, por haber dispuesto el operativo para desbloquear la carretera sin autorización de sus mandos responsables. La gran duda que queda por resolver es quién o quiénes ordenaron el desalojo, una incógnita en cuya respuesta podría estar incluso la empresa minera por el convenio firmado. El ministro del Interior, en el pronunciamiento emitido el 16 de octubre, se mostró preocupado por el hecho de que la propia minera MMG  proporcionara  la maquinaria pesada para realizar el desalojo  a solicitud del Coronel Zúñiga.

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300 camiones diarios transportan el cobre extraído de Las Bambas. La intensa polvareda y el ruido generan malestar entre la población.

Por su parte la minera admitió mediante un comunicado público “que la PNP solicitó apoyo con maquinaria pesada para cubrir las zanjas y reestablecer la vía interrumpida por 6 días, mediante el oficio N° 135-2016-REGPOL-APURIMAC/DIVPOS-ABANCAY”.

Hasta el momento, la carretera sigue bloqueada como medida de fuerza, y los dirigentes y comuneros aprobaron iniciar un paro provincial que mantendrán hasta que se presente el premier Fernando Zavala, o el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En la tierra del cobre

Los constantes cambios que ha sufrido este proyecto no han pasado desapercibidos para una población acostumbrada a una vida sin mayores alteraciones. Las Bambas ha pasado por las manos de la suiza Xstrata, después Glencore-Xstrata y finalmente, desde el 2014 lo controla el consorcio chino MMG.

En enero de este año, Las Bambas extrajo su primer embarque de cobre que recorre un largo trayecto de 750 kilómetros de carretera  desde el tajo, pasando por Espinar (Cusco), hasta el Puerto de Matarani (Arequipa). Su producción, sumada a la de las operaciones de Constancia y Antapaccay, representa el 7,5% de la producción mundial, convirtiéndose con ello en el principal exportador de este mineral  de Sudamérica. Esta infraestructura vial, que permite el transporte del cobre, fue una de las cinco modificaciones que se realizaron en un lapso de 20 meses entre 2013 y 2015. El proyecto original contemplaba el transporte del mineral por un mineroducto (tubo), y la ubicación de las plantas de molibdeno, de filtros, y el almacén de concentrados estaban previstos en la provincia de Espinar (Cusco). Con las modificaciones realizadas se concentrarán en una sola provincia (Cotabambas).

Los cambios realizados suscitaron preocupaciones en la población por el impacto ambiental que tendría en su territorio, ya que toda la instalación que anteriormente iba a estar distribuida a lo largo de 200 kilómetros, ahora se concentra en una sola provincia. La aprobación de tres  de los procedimientos de modificatoria se realizó mediante el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), el cual tiene una duración de 15 días hábiles, no incluye opiniones técnicas de otras entidades del Estado y tampoco contempla la participación de la población de la zona de influencia. “El principal problema que ha generado el conflicto son las modificatorias al Estudio de Impacto Ambiental. La carretera genera mucha polvareda, afecta a nuestros cultivos, rajaduras en nuestras casas y afecta a nuestra salud”, explica Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de Cotabambas.

Se aprobaron cinco modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en un lapso de 20 meses

La polvareda provocada por los  casi 300 camiones de transporte de concentrados y vehículos que trasladan insumos pasan diariamente –ida y vuelta- por la carretera sin asfaltar situada a unos escasos  metros delas casas ubicadas en  sus márgenes, constituyen un auténtico dolor de cabeza para los habitantes. “Antes nuestro producto daba normal, ahora apenas se cosecha. Han muerto cuatro ganados y como 60 chivos. Les atropellan, también  toman el pasto con polvo y el agua que dispersa los camiones cisterna que riegan la carretera. Sus estómagos comienzan a hincharse y mueren”, explica con tristeza Guadalupe Soto Martínez, de la comunidad de Mara, una localidad que a pesar de no figurar como área de impacto directo respira la nube de moléculas terrosas.

“Las partículas de polvo se  acumulan sobre las hojas e impiden funciones vitales como la respiración y la fotosíntesis; ralentiza el crecimiento de la planta y puede afectar a  la fecundación y la madurez del fruto”,  explica el ingeniero agrónomo Henrry Vásquez, de la ONG CooperAcción. Frente a las protestas de la población, MMG afirmaba (en la respuesta que dieron en julio pasado) que había implementado diez puntos de monitoreo de calidad de aire, y que regaban las vías los camiones cisterna  “logrando reducir drásticamente cualquier tipo de polución”. No obstante, la autora ha podido constatar la nube de polvo concentrada en algunas zonas, provocando congestión en la garganta y nariz, el intenso ruido y vibraciones.

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Agustina Llusca, junto con una de sus hijas. Su marido, Beto Chahuyallo, falleció durante el conflicto por el impacto de una bala. La familia espera justicia y una reparación.

Más allá de la problemática ambiental de la carretera, hay un conflicto que permanecía latente y que finalmente ha estallado el pasado 14 de octubre: el saneamiento físico legal de las tierras, es decir, ordenar y regularizar el derecho de propiedad. En este tema se pueden identificar dos momentos: el primero, cuando las comunidades alquilaron sus terrenos comunales (a diferentes precios) a la minera durante tres años para  transportar solamente material de construcción. En ese entonces, la vía era tipo trocha y unía las comunidades. Alem Torre, asesor de los Frentes de Defensa, calcula que la minera  suscribió hasta 4.500 contratos  -ya vencidos-. Cuando se le consultó a la minera MMG no brindó información sobre los contratos al considerar que son de “índole privado entre las partes”.

Una vez terminada la fase de construcción, correspondía la reposición de sus tierras a los propietarios, sin embargo, esto nunca se hizo. Es entonces, cuando se decide construir sobre esa trocha una carretera, sin la consulta ni el conocimiento de la población (ya que en el EIA original no se contempló el transporte del mineral por carretera, sino por mineroducto). De tal forma que, como explica Ana Leyva, directora de CooperAcción, “parte de los territorios comunales han sido despojados para convertirse en una vía de dominio público, carretera que pertenece al Estado”.

El saneamiento legal de las tierras es un conflicto latente

Tan solo hace unos días atrás, durante la última reunión celebrada el 6 de octubre en la Mesa de Diálogo  se acordó por consenso el asfaltado de la carretera que atraviesa cuatro provincias en tres regiones: Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y Caylloma (Arequipa), para ello se estableció una comisión conformada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los presidentes regionales de Cusco y Apurímac, las empresas mineras que utilizan la carretera y un representante de la sociedad civil. Lo que quedó implícito en el acuerdo fue el saneamiento físico legal de las tierras; es decir el pago de la compensación a las comunidades. En la misma reunión la empresa minera MMG informó que tenía previsto  el asfaltado de algunos tramos, que comprendían 82 kilómetros de carretera.

Quedan varias dudas sobre quién asumiría el financiamiento de la pavimentación de una carretera que conecta un corredor minero, además del mantenimiento de la misma.

Diálogo inconcluso

Desde hace ocho meses, se encuentra instalada una Mesa de Diálogo conformado por representantes del  Estado,  la población  y  la empresa minera que avanza lentamente, por ello, los dirigentes en el mes de septiembre  viajaron  hasta Lima para dar a conocer  las nuevas autoridades  su problemática y sus propuestas a fin de avanzar en acuerdos.

La Mesa de Diálogo entre el Estado, los ciudadanos y la minera avanza lentamente

Otro de los acontecimientos que suscitaron preocupación en la población fue el desborde de la presa de clarificación de la minera a solo dos meses de iniciar sus operaciones (febrero de este año), los pobladores denunciaron de manera electrónica ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -quien toma conocimiento de ello el 27 de febrero-. Consultada a esta entidad, informó que los días 22 y 23 de abril realizó la supervisión, es decir dos meses después de producido el incidente, cuando las evidencias de la contaminación ya habían desaparecido. La supervisión del  OEFA consistió en la recolección de  muestras de agua en la descarga de la poza de sedimentación, y determinó que no se superaron los estándares para la descarga de efluentes líquidos de las actividades minero-metalúrgicas.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) afirmó que el incidente “ocurrió en una estructura que se emplea en el manejo del agua, que permite el almacenamiento de aguas tratadas (no relaves); dicha estructura se encuentra en el mismo cauce del río. La presa de clarificación no está relacionada con la operación metalúrgica”, por  esta razón sostiene que la labor de supervisión le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Ocho meses después, en la reunión de la Mesa de Diálogo, realizada el 6 de octubre en Cotabamabas,  el OEFA informó que la investigación de lo ocurrido era materia de su competencia. Que no se había determinado las causas pero que contaban con un acta levantada por el Fiscal de Prevención del Delito en la que se señalaba que lo que había ocurrido era un rebasamiento y no una falla estructural de la presa.

El conflicto alrededor del proyecto Las Bambas tiene un saldo de cuatro personas muertas y más de una decena de heridos

Paulina Garzón, directora para la Iniciativa de Inversiones Sustentables China-América Latina de la American University, recuerda que los bancos y las empresas del gigante asiático han adoptado elevadas regulaciones ambientales y sociales para los préstamos e inversiones en el exterior-aunque no son obligatorias, su cumplimiento mejora la calificación de la empresa para obtener beneficios-.“Uno de los requisitos es que existan seguros ambientales. Un proyecto que tiene un gran impacto ambiental y que tiene que remediarlo es un costo muy grande para una empresa, y ésta es la razón por la que los bancos requieren que lo tengan”.

La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo el gobierno de Ollanta Humala y los pobladores de Cotabambas, tras el  estallido del conflicto social de septiembre de 2015, que se cobró la vida de tres personas, una decena de heridos y 21 personas detenidas al interior del campamento minero-contraviniendo la legislación internacional- , que  declararon haber sido maltratadas en su interior, de acuerdo a la abogada Ruth Luque. Dos de ellas sufrieron siete meses de prisión, y enfrentan una investigación por robo y daño agravado, disturbios y entorpecimiento de los servicios, delitos penados con hasta 30 años de cárcel.  Además, una persona fue herida de gravedad-permaneciendo con incapacidad física hasta la fecha- y más de 100 dirigentes están denunciados.

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La minera MMG sostiene que ha adoptado medidas para mitigar la polvareda. Sin embargo, es visible nube de moléculas terrosas generada por el tráfico de camiones.

La viceministra de Derechos Humanos, de la actual gestión, Guisella Vignolo, se comprometió durante una reunión celebrada en septiembre pasado en la mesa de diálogo a realizar una evaluación sobre la situación de las familias que han quedado rotas  tras el conflicto. Hasta el momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es el monto de 850 soles mensuales durante dos años- quedando garantizado solo el primer año-, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que pudieran recibir una pensión. Ahora, se sumarían a este reclamo la familia de la nueva víctima.  “No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes a través de la PNP los que han victimado a estos ciudadanos. Deberían asumirlo como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación a los derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Es el caso de Agustina Lluca que perdió a su marido Chahuayllo por el impacto de bala de un arma de fuego, de acuerdo a los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso Luque. Agustina vive en una pequeña casita de adobe en la comunidad de Arcospampa junto a sus cinco hijos menores de edad. “Nadie se hace responsable por la muerte de mi esposo. Creo que el Estado es el responsable. Mi esposo nos mantenía. Aquí no hay trabajo, solo vendemos el chuño [papa deshidratada] que hacemos, y nos pagan  unos S/25 o 30 por arroba. Estoy preocupada, hace poco caí enferma”, relata.

Ninguna comunidad se opone a este proyecto ¿Qué falló, entonces, para que explotara el conflicto social de septiembre del año pasado? “Si las empresas tuvieran mejores sistemas de gestión de quejas, capacidad de comunicación y controversias, los actores locales tendrían canales y mecanismos para compartir sus preocupaciones y no llegar a lo que deviene en muchas situaciones”, explica Luis Oré, abogado especialista en resolución de conflictos.   “El diálogo tiene que ser  permanente, genuino, intercultural, preventivo; antes de la presencia de los proyectos extractivos. Cuando se suele hablar de diálogo es cuando los escenarios sociales han entrado en conflicto y ya están en situaciones de crisis”, sostiene Javier Caravedo, director de ProDiálogo.

“La población  teme que los camiones cargados con el concentrado de cobre vuelquen como ya ha sucedido en Espinar”

Desarrollo desigual

Cuando gigantes mineros ingresan a poblaciones alejadas con poca o nula presencia del Estado, la realidad social que hasta entonces conocían se trastoca. Fuerabamba y Chalhuahuacho son dos ejemplos de ello.

La comunidad de Fuerabamba estaba asentada bajo un banco de cobre, por ello, cuando el proyecto minero ingresó propuso entre el 2014 y 2015  el traslado de la comunidad campesina a otra zona que en la actualidad se llama Nueva Fuerabamba, donde viven aproximadamente unas 500 personas, y está encajada en un cerro. En la entrada hay una caseta de vigilancia. La estructura arquitectónica de las casas difiere completamente de las chozas tradicionales campesinas. Departamentos de dos pisos con garaje, caminos pavimentados, nombres de calles anónimas (Calle 1, cuadra 1), bancas vacías y sin apenas pasto. Tampoco hay chacras ni animales. Cuentan con una posta de salud, centro educativo e Iglesias. MMG afirma que este “espacio fue diseñado de manera participativa con los pobladores locales”.  Nueva Fuerabamba aparece como una ciudad fantasma que la recorren comuneros que visten de manera tradicional y manejan camionetas Toyota.

Sus habitantes han recibido una indemnización por el traslado,  sin embargo, el monto no es claro,  oscila de manera notable según los diversos testimonios recogidos (algunos hablan de 200 mil soles y otros de hasta 700 mil soles) y no se ha tenido acceso a documentos que permitan contrastar o corroborar  esta información, pues las negociaciones se dieron de manera personalizada entre la empresa y los propietarios.

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La falta de pavimentación y de mantenimiento en las carreteras de Cotambambas provoca deslizamientos de tierra y accidentes.

Los habitantes de esta comunidad cuentan que se sienten como “paloma encerrada, huérfanos”. Afirman que el alcoholismo ha aumentado porque no están acostumbrados a estar encerrados y sin laborar, ya que el trabajo que le ofrece la mina considera que no satisface sus necesidades económicas. Denuncian que la minera les ha dado unas tierras que son improductivas  a cinco horas de distancia. “Por fuera flores, por dentro temblores”, declara Valeriana Vargas, vecina de la comunidad, quien no puede contener sus lágrimas al recordar su antiguo hogar y las costumbres que ya están olvidando entre muros de cemento y asfalto. Valeriana al igual que muchos habitantes ya no se sienten campesinos;  lloran por una identidad que se diluye y  que busca una nueva que les dé sentido. En el núcleo originario de Fuerabamba, aún hay 16 familias viviendo. Se niegan a marcharse, según explica Porfirio Gutiérrez, porque no quieren vivir bajo las mismas condiciones en las que están sus antiguos vecinos.

Chalhuahuacho es un distrito que ejemplifica el crecimiento desordenado. En 10 años ha pasado de tener una población de 2 mil habitantes a 16 mil como consecuencia de la primera etapa de construcción minera que demandó el empleo de hasta 18 mil personas-ahora se redujo a 4 mil-  que vinieron de otras localidades y regiones.  Los servicios básicos han colapsado y el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. El costo de vida se ha incrementado considerablemente en toda Cotabambas. “Cuando llega una inversión de este tamaño, como lo fue Yanacocha en su momento, Antamina o Cerro Verde, normalmente se dan en zonas rurales donde los mercados no están muy desarrollados; como hay una suerte de migración, las familias requieren ropa, alimentos y otros productos que, como no hay en cantidades suficientes, empiezan a subir”, explica Gustavo Ávila, economista de Propuesta Ciudadana.

Por ello, en la Mesa de Diálogo la población ha pedido que se los proyectos que se implementen con aportes de la minería sean de envergadura y se enmarquen en planes de desarrollo concertado,  con el apoyo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Las estadísticas son alarmantes: la tasa de pobreza alcanza al 80% de la población, la mitad de los niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y el 70% de los hogares en Cotabambas no tienen acceso a agua.

“Se estima que las Bambas no pagará canon hasta el 2021”

Es importante determinar cuál será el aporte de la minería y desde cuándo se percibirá. De momento, el gobierno local ha solicitado un adelanto de canon al Ministerio de Economía y Finanzas por 47 millones de soles en 2013 y 139 millones durante el 2014 con una tasa de interés del 5,5%. Según el economista Gustavo Ávila, la minera Las Bambas no pagará  el impuesto a la renta, y por tanto, el Gobierno Nacional no distribuirá canon hasta el año 2021, suma que ascenderá a  los 300 o 400 millones de soles.

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Las Bambas tiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones. La planta concentradora ha sido diseñada para tratar 140.000 toneladas diarias de mineral.

“La población casi en nada se  está beneficiado en cuanto al empleo por la minería. Ojalá que se impartan carreras técnicas para mejorar la educación”, comenta Florentino Puma, de la comunidad de Tambulla. “Las postas de salud en Mara son deficitarias, muchas personas han muerto en el camino trasladándose hasta Cusco”, comenta Felipe Mamani. “Nosotros como agricultores y ganaderos queremos que el Estado se preocupe en hacer irrigaciones, más sembríos para poder exportar”, añade.  “Las Mesas de Desarrollo deben pensarse en términos de desarrollo territorial donde el proyecto extractivo sea un componente pero no el que marque la pauta.  Es necesario mejorar la gobernanza ambiental”, recomienda Javier Caravedo, director de ProDiálogo. Luis Oré, abogado especialista en resolución de conflicto propone que el tema del corredor minero debe ser abordado de manera inteligente y constructiva por parte del Estado y del sector privado.

Los tiempos sociales y económicos parecen no sincronizarse. Experiencias anteriores muestran que la dificultad no sólo reside en alcanzar  acuerdos, sino en que se cumplan en plazos prudenciales, y que el desarrollo alcance a todas las poblaciones y que no se repita la historia de otras zonas mineras del país, donde la minería no ha llegado a revertir indicadores de pobreza ni exclusión.