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«Todavía falta mucho para lograr que la consulta previa busque el consentimiento y no se trate de un proceso vacío»

Del dicho al hecho hay mucho trecho, afirma el refrán español. Emily Greenspan, especialista de Oxfam sobre industrias extractivas, lo sabe muy bien, y lo ha podido comprobar en sus investigaciones a las empresas mineras, petroleras y del gas que, a pesar adoptar políticas donde reconocen el derecho a la consulta previa, en la práctica tienden a volverse procesos sin sustancia, donde las comunidades no deciden sobre cuestiones fundamentales del proyecto, sino que, en algunos casos, terminan decidiendo sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas.

P.- ¿Qué balance realiza sobre la implementación de la consulta previa en América Latina?
R.- En comparación a otros países del mundo, estamos viendo que los países de Latinoamérica están bastantes avanzados respecto a la consulta previa, por lo menos, en cuanto a reglamentos y políticas -lo cual es un paso muy importante-, Perú y Colombia son ejemplo de ello. El reto que todavía nos espera es la implementación de la consulta, y realizar proyectos que respeten el consentimiento previo, libre e informado.

P.- ¿Cuáles son los riesgos de no implementar una consulta previa?
R.- El principio de consulta previa, libre e informada conlleva una mejor práctica para el desarrollo sostenible, y es una manera para reducir el riesgo de conflictos sociales alrededor de los proyectos extractivos. Se trata de una herramienta muy importante para proteger un rango de derechos humanos de las comunidades que están afectadas por estos proyectos.
La consulta previa es una manera para incrementar la legitimidad del proyecto a todos los actores relevantes.

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P.- ¿Qué riesgos conlleva poner en marcha una consulta que obvie los estándares marcados por el derecho internacional?
R.- Hay riesgos muy concretos en términos de incrementar los conflictos sociales. Si no llegan a conseguir el consentimiento de la comunidad afectada existe la posibilidad de conflictos, violencia que pueden generar problemas no solo para la comunidad sino también a los inversores, y para el gobierno que depende de los recursos fiscales, de las regalías que salen del proyecto. El riesgo de conflicto es real, y es algo que hemos visto en varios países como Perú, por ejemplo.
También hay riesgos legales, si un país implementa una consulta para un proyecto que afecta a los territorios de los pueblos indígenas, pero no cumple los estándares internacionales, se puede llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

P.- ¿Cuáles son los principales hallazgos del informe “Índice de consentimiento de las comunidades 2015”? Un documento realizado por Oxfam donde se analiza la postura pública de empresas de petróleo, gas y minería sobre el consentimiento libre, previo e informado.
R.- Una cosa positiva es que estamos viendo más políticas sobre consentimiento previo, libre e informado de compañías mineras. Cuando hicimos este informe en 2012, solamente documentamos cinco compañías con estas políticas públicas, y ahora son 14. También hemos visto que hay una mayor aceptación sobre el consentimiento previo, libre e informado por las asociaciones mineras como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), también por la Cámara de comercio china de importadores y exportadores de minerales, metales y productos químicos (CCCMC).

La mala noticia es que, habiendo revisado la política de las compañías que tienen este compromiso, todavía falta mucho para lograr que la implementación de la consulta previa busque el consentimiento y no se trate de un proceso vacío. Estamos viendo que las compañías petroleras están más atrasadas, en el informe vemos que ninguna tiene una política sobre consentimiento previo, libre e informado.

Otro hallazgo interesante que también hemos encontrado es que muchas de las compañías  en sus políticas públicas no ponen mucha atención a la participación de las mujeres en los procesos de consulta. Esto supone un gran problema. Deben encontrar una manera para incorporar la voz de las mujeres.

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P.- Habla de la necesidad de la que los procesos de consulta no se tornen en un proceso vacío. ¿Cuáles son las principales malas prácticas que realizan las empresas?
R.- Por ejemplo hemos documentado casos por ejemplo en Camboya y en El Salvador. En el primer país, la empresa canadiense Angkor Gold aunque tiene una política de consentimiento previo, libre e informado, hicimos una investigación de campo y lo que vimos fue que en la práctica no lo están implementando. Sí están consultando sobre programas de responsabilidad social corporativa, pero no están llevando a cabo buenos procesos de consulta previa donde la comunidad tenga la posibilidad de influir en las decisiones importantes que toma la compañía sobre el proyecto; incluso si es que el proyecto debe o no seguir,  porque eso es lo que implica el consentimiento previo, libre e informado, que puedan decidir sí o no.

P.-¿Qué recomendaciones sugeriría a los gobiernos y empresas para la aplicación de la consulta previa, libre e informada?
R.- Es muy importante que las empresas y gobiernos adopten políticas y leyes que respeten el derecho al consentimiento previo, libre e informado. También es necesario que publiquen los detalles sobre cómo se va a implementar en la práctica, y que se asegure la participación de las mujeres en los procesos de consulta previa.