Foto Andina/Difusión
Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos y discapacidad se han pronunciado contra la Nueva Ley General de Discapacidad, que pretende derogar la Ley 2993. El comunicado señala que una nueva ley va a retrasar la aprobación del Plan Nacional de Discapacidad para el Desarrollo, así como otros procesos iniciados con el marco normativo vigente, entre las organizaciones firmantes están: Aprodeh, Asociación de Distrofia Muscular del Perú, Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos de la PUCP, Coalición por el Derecho a la Salud Mental y Derechos Humanos, Sociedad y Discapacidad- Sodis, entre otros.
Las organizaciones cuestionan por ejemplo que el abordaje del derecho a la salud mental no contiene un enfoque de derechos, y omite que existe una ley específica sobre la salud mental y un reglamento en proceso de implementación. Sostienen que el texto introduce obligaciones sobre centros de atención residencial, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a vivir de forma independiente y en comunidad.
“La aprobación de una ley trae consigo diferentes procesos para lograr su cumplimiento: reglamentación, normas técnicas, capacitación, apropiación de la normativa y fiscalización. Nos preocupa que la eventual aprobación de una ley pretenda reiniciar estos procesos en medio de una emergencia sanitaria, un periodo de crisis económica y un cambio de gobierno por elecciones generales el 2021”, sostiene el comunicado.
Denuncian que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso no promovió una discusión seria y profunda sobre una normativa que representaría al 10% de la población peruana. Afirman que la Comisión sólo realizó dos reuniones para abordar 120 artículos. “De las tres horas que duró la reunión, tan solo una se dedicó a escuchar a las personas con discapacidad, sus organizaciones y familias”.
Añade el comunicado: “Invocamos que se respete el derecho a la consulta. No se ha determinado cómo se pretende garantizar la consulta para las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, de forma que se considere su participación a nivel nacional, considerando las diferentes brechas de acceso a la información y conectividad que enfrenta el colectivo, así como la generación de condiciones de accesibilidad, ajustes, producción de textos en fácil lectura y otros que conduzcan a que la información llegue a todo el colectivo en su diversidad”.
Cabe señalar que la ley vigente, Ley 29973 fue una iniciativa ciudadana que llegó al Congreso con cerca de 80,000 firmas. “Para su discusión y aprobación, se movilizaron organizaciones a nivel nacional, el texto fue discutido ampliamente en foros, consultas, mesas de trabajo en todas las regiones del país. La aprobación de una nueva ley en esta materia no debería reducir este estándar de participación y legitimidad”, agrega el pronunciamiento.
