Morococha, dos pueblos con un destino incierto

Morococha fue el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. Comenzó en octubre de 2012, cuando los primeros vecinos fueron trasladados a su nueva ubicación, a unos 12 kilómetros de distancia, por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho. Desde entonces, tanto la empresa como el gobierno peruano han insistido en venderlo como un ejemplo de reasentamiento exitoso. Pero las calles vacías con carteles de “se vende” o “se alquila” en las casas de la Nueva Morococha y las varias decenas de familias que se resisten todavía a irse de la original  y que sobreviven en un pueblo que está reducido en buena parte a escombros dicen lo contrario.

Escribe Pablo Pérez Álvarez

Cuando a los vecinos del pueblo andino de Morococha, en el oeste del departamento de Junín, les empezaron a informar en 2006 sobre el proyecto minero de Toromocho, le dieron a bienvenida esperanzados. Esta localidad, situada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauli, a poco más de cuatro horas de Lima por la carretera central, antes de llegar a La Oroya, siempre ha convivido con la minería. Esta actividad fue la que le dio origen y la que la ha mantenido viva durante toda su historia.

A diferencia de otros megaproyectos como Conga, Tía María o Las Bambas, que entran en conflicto con la tradición agrícola y ganadera de sus respectivas zonas, los morocochanos vieron en Toromocho una oportunidad de progreso, de más empleo y de mejorar su calidad de vida. Incluso aunque eso suponía pasar de la minería de socavón que había habido en la zona al tajo abierto y, por lo tanto, que tuvieran que abandonar su pueblo, bajo cuyo suelo se encuentra una parte de los minerales a explotar.

Carhuacoto, la Nueva Morococha, se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero, denuncian los vecinos

Pero cuatro años después de que los primeros vecinos comenzaran a vivir en la Nueva Morococha, el balance del reasentamiento es desalentador y la supervivencia misma del pueblo está en el aire. Por un lado, todavía quedan varias decenas de familias que resisten en la antigua Morococha y se niegan a marcharse mientras Chinalco no les ofrezca una compensación que consideren justa.

Por el otro, los que aceptaron el reasentamiento denuncian el incumplimiento de las promesas de la minera y ven inviable seguir en la situación en la que están, en un pueblo moribundo: sin oportunidades de trabajo; en una zona que consideran no apta para vivir por la contaminación, las malas condiciones de salubridad y los riesgos de un desastre, y con una población decreciente. Piden que la ciudad sea construida de nuevo o ser reasentados en otro lugar.

El gigantesco proyecto representa una inversión total estimada en 4.800 millones de dólares y prevé producir durante sus 36 años de vida un promedio de más de 600.000 toneladas de concentrado de cobre (casi la mitad de la producción total de Perú en 2015), 10.000 toneladas de óxido de molibdeno y cuatro millones de onzas de plata anuales. Pero una vez más, la población local ha salido perdedora de este millonario negocio. Está en el proceso de ser un pobre sentado en un banco de oro a ser un pobre a secas.

Máximo Díaz, presidente del Frente de Frentes del Distrito de Morococha, asegura que son unas 70 las familias que todavía no se han ido del pueblo original, incluida la suya. Algunas partes de la villa parecen haber sido arrasadas por un bombardeo. Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco tienen ya posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco, que ya está operando en el adyacente cerro Toromocho.

“Las voladuras son diarias. Mi casa ya se está rajando y últimamente me han malogrado mi techo también”, se queja Díaz. Hace unos meses, una enorme roca desprendida del cerro pasó rodando junto a su taller de carpintería. Él está dispuesto a dejar su hogar y su taller de carpintería en Morococha y a irse del pueblo en el que ha vivido durante cuatro décadas, pero no a cualquier precio.

La minera sólo le ofrece una casa de 54 metros cuadrados con un patio de otros 40 metros en Carhuacoto, el lugar donde la minera ha construido la Nueva Morococha, a unos 12 kilómetros de distancia, a cambio de la casa con la que vive con su mujer y cinco de sus siete hijos. “Esa es casa para un soltero o unos recién casados. Pero si un padre de familia tiene cuatro o cinco hijos no te basta eso para nada”, critica.

La minera convocó una asamblea popular para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental en la que no se permitió a los habitantes entrar y la policía los acabó dispersando a golpes y bombas de gas lacrimógeno

Tampoco acepta el precio de nueve dólares por metro cuadrado que le pagan por el terreno que ocupa su taller. Sobre todo cuando, dice, la compañía china pagó a la estatal Activos Mineros a 128 dólares el metro cuadrado por una inmensa explanada que hay justo enfrente, al otro lado de la avenida en la que se encuentra su lugar de trabajo. “¿Dónde se consigue terreno por nueve dólares?”, se pregunta.

A pesar de que él llegó a Morococha con apenas 14 años y sus siete hijos nacieron allí, ninguno de estos es reconocido por Chinalco como beneficiario de una vivienda en Carhuacoto. Es más, a dos de ellos, que trabajaban para la minera, “los despidieron por el hecho de que yo no vendo mi casa y bajo a Carhuacoto”.

“Si me pagan lo justo, me voy. La reposición de una casa igualita (en tamaño) a mi casa y me voy, no tengo problema”, manifiesta. “No estoy en contra de la minería. Al contrario, cuando Centromin Perú (la antecesora de Activos Mineros) empezó a transferir (las concesiones) a la empresa privada nosotros lo aplaudimos, porque íbamos a tener comercio, transporte y trabajo, pero lamentablemente fue al contrario”, señala.

En efecto, al principio el proyecto Toromocho fue bien recibido por la población, confirma Aída Gamarra, una de las más férreas luchadoras en contra de las tácticas de Chinalco y una de sus principales víctimas. Corría el año 2000 cuando “el gobierno lo concesiona a una empresa canadiense, Perú Copper”, recuerda.

“Estuvimos de acuerdo porque decían que nosotros íbamos a decidir a qué lugar queríamos ir y que íbamos a tener mayor estabilidad. Nos lo mostraron bonito, pero mucha gente no entendíamos bien la magnitud del tajo abierto”, cuenta.

Luego averiguaron la contaminación que supone la extracción a cielo abierto. “La gente se empieza a levantar y dijimos que no, que ya no estábamos de acuerdo”, sostiene Aída. “Peru Copper desaparece silenciosamente, cierra su oficina y pensamos que no iba a pasar nada”. Pero entonces se produce la adquisición de Perú Copper por Chinalco y comienzan los problemas.

La aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) por los morocochanos en enero de 2010 en una supuesta asamblea pública fue un escándalo y supuso un punto de inflexión. “Trajeron pagando a gente para que apruebe el estudio de impacto ambiental. Ese día Morococha amanece lleno de policías y empiezan a llegar en autobuses y carros de Huancayo, de Huancavelica… las personas que van a firmar el estudio. Y a nosotros, los que vivimos ahí, no nos deja entrar”, denuncia Aída.

Los ánimos se caldearon y la policía acabó recurriendo a la fuerza y dispersando a la gente a golpes y con gases lacrimógenos. “No les importó que hubiera niños, mujeres… Mi hijo, que tenía entonces dos años, se desmaya por los gases. Había muchas mujeres golpeadas. Fue un trauma total para todos”, rememora la activista.

Estos incidentes supusieron el enfrentamiento total entre los morocochanos y Chinalco por otro. Se creó un frente de defensa y la oposición a Toromocho se convirtió en un símbolo más de la lucha por el medio ambiente y contra los abusos de las mineras, como Conga o Tía María. Incluso Ollanta Humala, durante su campaña para las elecciones de 2011, “vino acá y dijo: ‘Vale más la vida que el oro que se lleven. Toromocho no va’”, afirma Aída. Sin embargo, le reprocha al ya expresidente, “luego con sus leyes y sus decretos mató Morococha”.

Ante la negativa de buena parte de los morocochanos a abandonar su pueblo, el gobierno de Humala se puso incondicionalmente del lado de la empresa y declaró el pueblo en estado de emergencia  en agosto de 2013. Según este decreto, Morococha estaba en peligro inminente por la remoción de tierras y las voladuras del proyecto Toromocho, a lo que añadía de forma vaga un supuesto riesgo por las lluvias y por la actividad sísmica. El Ejecutivo extendió en dos ocasiones el estado de emergencia hasta sumar un total de seis meses.

Durante ese tiempo el gobierno pudo tomar medidas excepcionales obviando los derechos de los morocochanos. Una vecina, por ejemplo, “salió a hacer compra y le tumbaron su casa con todos los bienes”, explica Aída. “Yo la acompañé a hablar con la fiscal de La Oroya y nos dijeron: ‘Señora, en un estado de emergencia pueden tumbar tu casa y nadie te va a recibir ninguna denuncia’”.

Para Aída lo peor fue cuando la policía desmanteló el jardín al que iba su hijo. El desalojo de todo lo que había dentro empezó a las cinco de la mañana, pero a las siete, cuando empezaban las clases, no habían acabado, así que los niños fueron llegando y vieron cómo se llevaban sus carpetas, muchas de las cuales se las habían mandado hacer sus propios padres. Ese era el caso de Eduardo, el hijo de Aída, que intentó recuperar su pupitre y acabó otra vez desvanecido.

“Estaba en mi trabajo y me llaman por celular para avisarme de que estaban desalojando el jardín. Salí desesperada y cuando llego habían cargado todas las mesas. Los niños estaban llorando y mi hijo estaba desmayado en el suelo y los policías no me dejaban entrar. Tuve que pelearme con el policía para entrar a sacar a mi hijo y llevarlo al hospital”, relata todavía con rabia. “A una niña de ocho años y a mi niño un policía les había golpeado con la varilla. Además, se llevaron las carpetas y los útiles escolares y nunca  nos los devolvieron”.

Eduardo es el menor de los dos hijos de Aída. Tiene problemas de salud porque nació seismesino, algo que su madre atribuye al hecho de que ella tiene una alta presencia de metales en la sangre. La mujer quedó viuda siendo aún joven. Su esposo era minero y murió en un accidente de trabajo, por lo que se tuvo que meter también a trabajar en la mina. Primero como peón, pero logró completar los estudios de minería y acabó siendo supervisora: “Estaba a cargo de las perforaciones, voladuras…”. Luego, cuando llegó Chinalco, trabajó con firmas contratistas de ésta en el movimiento de tierras.

En 2010 le diagnosticaron cáncer en las fosas nasales y en 2014 le confirmaron que tenía metales en la sangre. Pese a las evidencias en su salud de la contaminación, los análisis que se hizo en Perú, pagados de su bolsillo, siempre salían negativos. Un médico le confirmó de manera confidencial que sí tenía uranio o algún otro metal pero que en el país nadie le iba a firmar un documento que lo certificara. Los tentáculos de las mineras son demasiado largos.

Por eso, se hizo unos nuevos análisis en Colombia, donde le encontraron plomo, cobre, uranio y mercurio, entre otros. Entregó los resultados en un hospital de Perú y se lo perdieron. Pudo volver a hacérselos con el dinero que se recaudó en un acto benéfico organizado por la Asamblea de los Pueblos y el Colectivo Dignidad, ya que ella se quedó sin dinero tras ser despedida de su trabajo en la mina por su oposición al reasentamiento.

“Yo por mi ignorancia entré a trabajar en la mina. Cuando trabajas en un subterráneo o en la superficie, siempre inhalas el aire y la mina tiene sus relaves. En Morococha hemos vivido años con las relaveras sin percatarnos del riesgo. Empezó a afectar más fuerte cuando viene Chinalco y empieza todo el movimiento de tierras en 2010. Eso es lo que nos empieza a matar”, afirma.

“Hemos vivido años con la mina y no sabíamos la gravedad de eso. Nadie te informa”, añade. “Tenía una compañera que miccionaba en el suelo removido y toda la trompa se le destrozó. Murió muy rápido, en 2014. Una joven, la hija de la profesora, tenía leucemia y murió. También un niña de siete años. Y así han ido muriendo varias personas en Morococha con el cáncer”.

Tras el incidente de la escuela, el Frente de Defensa organizó una marcha a Lima, pero tuvo escasa repercusión mientras que en Morococha, a raíz de los decretos de emergencia, continuaron los traslados de las escuelas y el resto de servicios públicos.

Varias familias se resisten a abandonar la antigua Morococha y le piden a la minera una indemnización justa y una vivienda en condiciones por dejar su pueblo y sus hogares

Tras un mes acampados en la capital “regresamos a Morococha y empiezan a tumbar las casas con las máquinas. Esperaban a que salieras. Estaba todo militarizado, como si fuéramos delincuentes, cuando Morococha es una zona tranquila donde tú puedes dejar tu casa abierta y  mañana te la vas a encontrar igual”, dice Aída. Los propios policías, agrega, acosaban a la población para que aceptara el traslado. “Te mentaban la madre, te ofendían, te decían que te vayas. No respetaban nada. Eran muy violentos”.

En febrero de 2014 les cortaron la luz, pero consiguieron que se la repusieran al cabo de unos días.

Aída, por su parte, siguió siendo una de las cabezas visibles de la resistencia y Chinalco intentó disuadirla por todos los medios: “Desde que me metí a la lucha recibí amenazas. Los de la empresa venían a decirme que me tenía que retirar, que no diera problemas. Me decían que iba a tener una casa, me iban a dar un trabajo, mis hijos iban a poder trabajar, pero yo les decía que no era sólo yo, que el aporte tenía que llegar a todos”. Lo que no sabía es que su lucha le iba a costar su casa y casi hasta su vida.

Fue cuando ella estaba inmersa en una serie de exposiciones en el Congreso peruano para denunciar la situación de Morococha. Pudo acudir a la primera de las tres reuniones, pero a la segunda, que estaba prevista para unos días después para presentar unos informes del Ministerio de Vivienda que decían que Carhuacoto no era habitable, ya no. “Al momento de regresar a Morococha yo llego a mi casa y la habían gaseado. Abrí la puerta y me desmayé. No recuerdo más nada. Estuve muchos días inconsciente. Me costó mucho recuperarme. Hasta perdí la memoria, no reconocía a la gente”, explica. El cáncer le había carcomido al tabique nasal, lo que la hacía particularmente vulnerable a la aspiración de gases.

Denuncia que mientras estuvo en el hospital de Huancayo al que la derivaron, le aplicaron directamente morfina para sedarla. El potente y adictivo analgésico, indica, le dañó las paredes del estómago y del riñón, entre otras secuelas que sigue sufriendo hasta ahora. También le provocó una adicción que pudo superar tras someterse a un lavado.

Antes de salir del hospital, después de ocho meses ingresada, la empresa minera había aprovechado su grave estado de salud para presionar a su hija Kathy, entonces de 17 años, y que autorizara el derribo de la casa. “A mi hija la coaccionaron la empresa y el monseñor (Pedro) Barreto (arzobispo de Huancayo). La pusieron entre la espada y la pared. Le dijeron: ‘Vamos a tumbar tu casa sí o sí, saques o no saques tus cosas. Tienes una mamá que está en coma, tienes un hermano especial que te necesita y puedes perder todas tus cosas’”.

La minera “la llevó a varias funerarias para que escogiera el cajón y dónde me iba a enterrar”, prosigue. Le dijeron que si firmaba el permiso de demolición de la casa le iban a dar una en Huancayo y otra en Carhuacoto. Ante la tesitura de verse huérfana, con un hermano pequeño al que cuidar y sin ninguna propiedad acabó firmando y, con Aída gravemente enferma en el hospital, tumbaron su vivienda.

Aída repudia el papel que tuvo monseñor Barreto como intermediario de la empresa para que su hija aceptara la demolición de su casa. “Vino a verme al hospital, y me dijo: ‘Señora, tranquilícese, no se altere. Ya hemos hablado con la empresa y se le va a dar a su hija su casa en Huancayo y su hija va a alquilar su casa en Carhuacoto y va a llevar una vida tranquila. Usted no se desespere que nosotros estamos con usted’”.

Sin embargo, ninguna de las casas prometidas llegó. Aída sobrevive ahora en una vivienda en Morococha propiedad de la municipalidad. Se gana la vida vendiendo jugos y productos naturistas en el mercado de Carhuacoto, a donde se traslada cada día.

Pero en la Nueva Morococha tanto ella como las otras vendedoras pasan dificultades para sacar su jornal diario, dada la escasa actividad en la que fue nombrada en 2013 la nueva capital del distrito de Morococha.

“Los años anteriores había negocio. Tú vendías tu café con panqueque, lavabas ropa y te salía bien. Pero ahora acá ya no es así, no hay gente. Esto es como una ciudad fantasma”, se lamenta Rosemary Poma, quien se acabó mudando hace dos años a Carhuacoto desde Morococha.

“Antes en Morococha teníamos una mejor vida. Tú salías a vender y rapidito terminabas, pero acá no, tienes que estar sentado hasta la tarde y a veces no se termina de vender. Hay tiendas pero no hay gente, entonces ¿quién va a comprar?”, cuestiona.

La mujer reconoce que se acabó trasladando porque en Morococha no había escuela para sus tres hijos y tenían que ir cada día hasta la de Carhuacoto y volver. “Nos dijeron que nos iban a dar trabajo, pero no nos dan. Yo no merezco ninguna casa y tienes que ser beneficiaria de una para acceder a algún trabajo”, apunta con resignación.

Máximo Díaz, desde la antigua Morococha, expresa la misma preocupación: “La minera nos dice: ‘Cuando tú vayas a Carhuacoto, yo te voy a dar trabajo’. Con esa condición muchos han bajado y al final de cuentas no les dan nada”. “Y si lo dan, es por dos o tres meses. Muchos de nuestros hermanos se están yendo a otros lugares a trabajar y dejan sus casas. Entonces, ¿qué futuro podemos esperar allí? No va a haber un desarrollo sostenible en Carhuacoto”.

“La gente se va a buscar trabajo a otros sitios”, continúa. “A veces a las minas informales, donde pueden sufrir cualquier accidente. Hay ya varias mujeres que se han quedado viudas por eso. Por una de ellas hemos ido a hablar con la minera para que le dé trabajo. Dicen ‘ya te vamos a dar, ya te vamos a dar’, pero ahí queda todo”.

Por eso, aunque algunos de los que todavía quedan en la antigua Morococha tienen que salir a pedir óbolos a la carretera con grandes cartelones por la falta de ingresos, se resisten a ser realojados.

De hecho, de las 4.200 personas que se trasladaron a la Nueva Morococha ahora quedan “entre 2.800 y 3.200 personas”, asegura César Reyna, asesor del alcalde de la localidad, Luis Arias, en sus negociaciones con Chinalco.

Según Reyna, este despoblamiento se debe a dos razones. Aquellos que tienen trabajo en la minera china o en alguna de las otras que operan en la zona deciden “irse de la ciudad al no satisfacer sus necesidades de salud, alimentación, esparcimiento, etcétera. Se van a un lugar con mejor clima donde sus hijos puedan estudiar en mejores condiciones”. En el otro extremo, prosigue, está “la población que no tiene empleo y opta por migrar al ver que no tienen ninguna posibilidad económica”.

Y es que las expectativas que tenían los morocochanos de trabajar en el nuevo megaproyecto se han visto completamente defraudadas. Reyna, que se dedica a asesorar a comunidades andinas en sus relaciones con empresas mineras, explica que esto se debe a que nadie les explicó el cambio que iba a suponer el pasar  de una minería de socavón, que es la que conocían, a una de cielo abierto, como la del proyecto Toromocho.

“Ellos antes dependían de este trabajo en las minas, que pasaba de generación en generación, prácticamente ocupando la misma posición. Pero este tipo de mina ya no existe, desapareció con el arribo  de la nueva minería, en la que la tecnología es más moderna. Se invierte mucho capital, pero requiere menos personal”, sostiene. “Si antes una operación como Toromocho o Las Bambas requería más de 10.000 trabajadores, 15.000 o incluso 20.000, ahora sólo demanda el 10% de eso, tal vez menos y probablemente sigua disminuyendo”. Para colmo, ese 10% es principalmente mano de obra cualificada, algo que no abundaba en la antigua Morococha.

De acuerdo con los últimos datos de que dispone el asesor, apenas 270 vecinos de Morococha trabajan actualmente para Chinalco. La cifra asciende a 380 si se tienen en cuenta los empleados en las compañías contratistas.

“Ellos no sabían que no les iban a dar trabajo porque nadie en el gobierno les advirtió de que la operación iba a ser de esa manera, nunca les aclararon el panorama. Y la empresa mucho menos para que ellos siguieran convencidos o creyeran en ese proyecto y así no generaran mayor conflicto o violencia. Les engañaron”, señala Reyna.

Pero no sólo se sienten burlados por esta ocultación de información. También los incumplimientos de las promesas hechas explícitamente por la empresa están poniendo en riesgo la viabilidad de la Nueva Morococha. Como la de instalar el campamento minero al lado de la población.

El trabajo en la mina era una de las patas de la economía de Morococha. La otra era la provisión de bienes y servicios a los trabajadores que vivían en los campamentos mineros que tenía alrededor. No obstante, “Chinalco decidió instalar su campamento minero en otra zona porque el diseño de la nueva minería no permite que haya componentes esenciales del proyecto alejados del núcleo de producción”, indica Reyna. “También temía que la población intimase o se relacionase con los trabajadores y formasen alianzas”, agrega.

A falta de una normativa nacional que regule los reasentamientos en Perú, Chinalco decidió orientarse por las guías que establece al respecto el Banco Mundial. Sin embargo, Ana Leyva, directora de la ONG de desarrollo sostenible Cooperacción, afirma que no cumplieron con varias de esas directrices, que establecen como uno de los criterios para un reasentamiento adecuado “que no se rompa el circuito económico, porque si lo rompes ¿de qué va a vivir?”.

Por el contrario, en Carhuacoto “se cortó el circuito económico con Morococha”, insiste. “Era una ciudad trabajadora pero también comerciante. Brindaban productos y servicios a gentes de otras minas, porque estaba en un punto de intersección de varias de ellas y tenían un mercado”. Pero al trasladarles a un lugar alejado de los campamentos, se quedaron sin esa fuente de ingresos.

Los habitantes de la Nueva Morococha reclaman que las casas que construyó la minera son pequeñas y de mala calidad, por lo que no son aptas para soportar el frío y la alta humedad de la zona

Este no es el único problema que presenta el sitio elegido para el reasentamiento, que según la empresa, dice Reyna, fue elegido porque era el único disponible en la zona. Uno de los inconvenientes más evidentes es que se encuentra 200 metros por debajo de una inmensa laguna relavera que, si llegara a desbordarse, inundaría el lugar y podría causar una tragedia. El asesor subraya que durante la etapa de construcción del nuevo pueblo “se elaboró un protocolo de seguridad que daba a los operarios de 10 a 15 minutos para evacuarla en el caso de desborde”.

Además, toda la localidad está construida sobre un bofedal desecado, por lo que el lugar tiene una alta tasa de humedad y un terreno muy inestable. Esto supone, para empezar, enumera Reyna, los morocochanos reasentados no pueden construir más pisos sobre sus casas de una planta, por ejemplo en el caso de que quisieran hacer un hotel u hostal. “El terreno puede terminar cediendo por el peso adicional”.

El asesor recuerda el día en que el presidente Humala llegó en helicóptero para la inauguración de la planta procesadora de Toromocho e intentó aterrizar en una de las canchas deportivas de Carhuacoto: “El helicóptero se estaba hundiendo con la cancha. Tuvo que despegar de nuevo y aterrizar en la zona de La Oroya, a media hora de Morococha”.

Pero es que el terreno que rodea la localidad es todavía menos firme, por lo que el pueblo no tiene ninguna posibilidad de crecer hacia ningún lado. De hecho, los morocochanos denuncian que Chinalco sólo construyó 1.050 de las 1.450 viviendas a las que se comprometió, debido precisamente a la imposibilidad por las características geológicas de la zona. Características que hacen a Carhuacoto particularmente vulnerable en caso de sismo o de movimiento del subsuelo. Así, se da el agravio de que muchos morocochanos fueron forzados a abandonar sus casas por un decreto de emergencia ante el hipotético riesgo a un sismo para irse a otra zona todavía más peligrosa.

Por añadidura, expone Reyna, en el subsuelo de la zona hay al menos “nueve metales pesados que superan los límites máximos permisibles de los estándares canadienses, que son una referencia universal”. “Hay varios que son cancerígenos como el plomo, el arsénico o el mercurio”, fruto probablemente de los desechos mineros de la zona que han sido arrastrados hasta allí por las corrientes subterráneas, afirma.

El asesor reclama que los morocochanos nunca fueron informados del estudio de impacto ambiental del reasentamiento, de cuya existencia han sabido recientemente. Este EIA estaba incluido dentro del correspondiente al proyecto de explotación minera como un anexo, pero fue ocultado a los habitantes de Morococha, aseveran.

A todo esto se suma la mala calidad de las viviendas construidas en Carhuacoto, puesto que son muy húmedas e incapaces de aislar del frío de la sierra. Como consecuencia, sostiene Reyna, han “aumentado las afecciones respiratorias, los niños y los ancianos tienen que ir constantemente al médico y aparte no saben si a través de esta humedad están en contacto con los metales pesados” del subsuelo.

Cuando Rosemary Poma se trasladó de Morococha a Carhuacoto, la minera tan sólo le pagó 10.000 soles en los que tasó los materiales que empleó para construir su vivienda, levantada en un terreno que le cedió la municipalidad, como al resto de morocochanos. Pero no tiene derecho a una casa en la nueva capital distrital y tiene que alquilar una donde vivir con sus hijos. No tuvo problema en encontrarla, dado el éxodo de personas que no aguantan más en la Nueva Morococha.

Rosemary habita la primera casa de una hiera de diez adosadas en una de las calles de Carhuacoto, todas iguales. En la parte de atrás los patios de las diez están unidos y la mujer puede usar la parte que le corresponde y la del de la casa de al lado, que está deshabitada. Sólo tres casa de la hiera están ocupadas, el resto de patios se ve abandonado. En las puertas de la calle varias tienen carteles de “se vende” o “se alquila”. Muchos, revela, han preferido mudarse a Pucará, el pueblo más cercano. A veces Rosemary se va a vender también hasta allí.

Pero la mujer tiene que lidiar también con los problemas que provoca la baja calidad de la casa. Muestra los hongos y las manchas de humedad que salen por las paredes de su dormitorio: “He tenido que lavar todo con un galón de lejía. Después lo repinté. Hará tres meses de eso y ya está volviendo a salir la herrumbre”. Señala también cómo las maderas del suelo se empiezan a deformar por la humedad y un profundo agujero en una pared causado por el pomo de una puerta: “Todos los tabiques son de drywall (cartón yeso) y con un pequeño golpe que les das se abren”.

Las directrices del Banco Mundial para los reasentamientos de población establecen que el lugar al que ésta sea trasladada ha de ser mejor o, como mínimo, igual que el que tenía. Sin embargo, esto no ha sido así en el caso de Morococha.

Leyva denuncia que el Estado, debería haber acompañado la reubicación y haberse asegurado de que ésta se hacía bajo las condiciones adecuadas, se ha desentendido y dejado todo en manos de la empresa. “No se hacen responsables. Se piensa que poniendo casas e infraestructuras ya todo se va a dar por sí solo, y eso no es así”.

Reyna admite que ha habido algunas mejoras, como la distribución de agua potable y el desagüe dentro de las casas, algo que no tenían en la antigua Morococha. Pero otros servicios públicos han empeorado. Por ejemplo, califica el nuevo centro de salud como un “elefante blanco”.  “Tienen la infraestructura, que es básicamente la construcción, pero no hay especialistas, ni asistentes, ni enfermeras, ni zona de cuidados intensivos o de urgencias, ahí no se puede atender ni una fractura”.

“Los casos graves, los accidentados, tienen que ser derivados a la zona de La Oroya, a media hora, o incluso a Huancayo o Lima, dependiendo de la gravedad”, agrega. “No hay manera de atender ahí a personas que necesiten una transfusión de sangre, que tenga fracturas múltiples… En la antigua Morococha había más personal médico”.

La escuela de primaria, destaca el asesor, está quedándose sin alumnos por la marcha de muchos vecinos, y entre los niños que quedan “ha aumentado también la anemia y la desnutrición, producto de la caída de los ingresos”.

Reconoce que no tienen los datos exactos porque la empresa se niega a hacer un estudio que determine las condiciones actuales de salud y socioeconómicas de la población.  “Hicieron uno antes de 2009, que era obligatorio en el EIA, pero se requiere uno después. Así lo especifica también el Banco Mundial cuando menciona que debe evaluarse cómo va progresando la población en el nuevo asentamiento, y hacer un informe final al cabo de un tiempo prudencial”, advierte Reyna, que acusa al gobierno de negarse a hacerlo para que no queden en evidencia todos los problemas de un reasentamiento que ha vendido como un éxito.

“Lo ven exitoso porque no hay violencia. Pero los conflictos pueden irse incubando durante meses o años y luego estallan. Llega un punto de no retorno y estamos en ese camino. Ya están hablando de hacer paros, huelgas, marchas”, advierte.

La población, dice, reclama también un estudio independiente de riesgos para evaluar correctamente la presencia de metales pesados en la zona y otras amenazas como la de la laguna o el de la licuefacción del suelo. Este informe, considera, “puede ponerle la partida de defunción del reasentamiento de la Nueva Morococha, puede darle punto final a esta ciudad. Tiene que construirse de nuevo o tiene que irse a otro lugar, no hay otra alternativa”.