Con la colaboración de Iara Urbina
Colectivo 25N/ Andrés Alviar
La violencia contra la mujer está enquistada en la sociedad peruana. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora con amargor e indignación tras el archivamiento del proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual. El Congreso hace oídos sordos y da la espalda a las 35 mil mujeres que cada año se embarazan producto de una violación, sobre todo a las más pobres y adolescentes, que seguirán condenadas a abortar en la clandestinidad arriesgando sus vidas.
Estos últimos años nos ha dejado cifras realmente impactantes: Perú ocupa el segundo lugar en feminicidios en América Latina con 83 al año, solo superado por Colombia donde la cifra es de 88, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además es el país de América del Sur con más denuncias por violencia sexual alcanzando la escalofriante cifra de más de 40 mil entre los años 2000 y 2011. Algunas luces, sin embargo, iluminan este ensombrecido panorama, como la reciente aprobación de la ley frente a la violencia a la mujer o la aprobación de la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.
La dura batalla del aborto
Alina es una adolescente de Ancash. A sus 18 años fue violada sexualmente por su padastro. La vergüenza y el miedo que sentía era tan profundo que decidió guardarse lo que pasó. Cuando se enteró de su embarazo, intentó suicidarse. Se provocó cortes en sus brazos y piernas, y tomó insecticida. Despertó en el hospital, y le contó la verdad a su tía quien le ofreció su apoyo para practicarle un aborto. Hoy trabaja en una fábrica lejos de su Caraz natal. Historias como las de Alina (forma parte de la publicación de Promsex: Historias de vida de mujeres que abortaron por violación sexual) son más frecuentes de las que quisiéramos imaginar.
Colectivo 25N/ Andrés Alviar
Anualmente 35 mil mujeres se embarazan producto de una violación, el 78% de ellas son menores de edad, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007. El 78% de son mujeres menores de 18 años, y en el 76% de los casos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima. Se calcula que unas 17.600 mujeres recurren al aborto por ser producto de una violación o incesto. Sin embargo, frente a estas vergonzantes cifras, no se abre una puerta a la esperanza. Habrá que contarle a mujeres como Alina que el Congreso ha decidido no apoyarlas, y que por tanto, seguirán obligadas a truncar su proyecto de vida para tener un hijo de su violador, porque ayer la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual. Este archivo se suma al carpetazo dado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a esta iniciativa legislativa respaldada por 64 mil ciudadanos, que entró al Congreso en octubre de 2014.
35 mil mujeres se embarazan al año, producto de una violación sexual.
«Nos indignamos ante la indiferencia de los legisladores opositores. El Congreso permite una doble vulneración a los derechos de las mujeres y da la espalda al sufrimiento de miles de mujeres, niñas y adolescentes, impidiendo que estas decidan sobre sus vidas, su futuro y su cuerpo; y empujándolas a una maternidad forzada”, sostiene Liz Meléndez, directora de Flora Tristán. La socióloga especialista en Derechos Humanos (PUCP), Carmela Chávez, apunta a que la prohibición de abortar en caso de violación sexual condena a las mujeres a abortos clandestinos, y conlleva un riesgo de muerte. Lamenta que hasta el día de hoy no se pueda tener un debate alturado sobre la interrupción del embarazo, controlado por la presión de grupos conservadores vinculados a la Iglesia católica y evangélica con alta presencia en el Congreso.
La prevención no está al alcance de todas
Según el informe “Brechas de género” realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los embarazos adolescentes aumentaron de 7,7% a 10,6% entre 2012 y 2013. Además, 12% de los partos en el país corresponden a madres adolescentes, según el Ministerio de Salud. En el año 2009, el Tribunal Constitucional prohibió la distribución en centros de salud estatales de las píldoras anticoncepción oral de emergencia (AOE), y estableció que solo se vendan en establecimientos privados, donde se ofrecen a un precio de aproximadamente 20 soles, beneficiando solo a las mujeres con mayor poder adquisitivo y excluyendo a las más pobres del país. Liz Meléndez señala que esos 20 soles es el costo de alimento de una semana de una familia pobre.
La anticoncepción oral de emergencia podría evitar miles de embarazos no deseados, pero está prohibida su distribución gratuita en centros de salud estatales.
“Ya es momento que este Tribunal Constitucional discuta ese tema, que el Ministerio de Salud asuma su responsabilidad de colocar en agenda esta situación. Hay organizaciones que no solo se niegan al aborto, sino también a la planificación familiar, a la educación sexual y a la autonomía de las mujeres, porque creen que están solamente para ser madres y las mujeres somos más, tenemos que trabajar por la igualdad”, comenta Susana Chávez , directora de Promsex.
Colectivo 25N/ Andrés Alviar
La anticoncepción oral de emergencia podría evitar miles de embarazos no deseados, que, en ocasiones, trunca el proyecto de vida de muchas mujeres, según el estudio “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes” de PROMSEX, que arroja que el 78% de las jóvenes embarazadas dejaron de estudiar y el 94% se dedica solo a labores domésticas.
Ni una menos
646 mujeres habrían sido asesinadas entre 2009 y junio de 2014, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El 88,7% de ellas a manos de sus parejas, ex compañeros o algún familiar. Además, 7 de cada 10 mujeres peruanas sufrieron violencia por su esposo o pareja, según reveló la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES).
“La cadena es cruel, primero no tienes políticas de prevención contra la violencia sexual, no hay ni siquiera canales de difusión sobre dónde ir en caso te suceda algo como eso. Si denuncias, no te creen, debes aparecer golpeada para que te reciban; luego vas al servicio de salud a pedir una anticoncepción oral y no te la dan porque está prohibido. Y encima, si es que enfrentas un embarazo por violación que no quieres llevar, no puedes interrumpirlo de manera segura porque el Código Penal no lo permite”, manifiesta Brenda Álvarez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
646 mujeres habrían sido asesinadas entre 2009 y 2014. El 88,7% de ellas, a manos de sus parejas, ex compañeros o algún familiar.
En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha registrado 9,495 casos de violencia familiar y sexual contra menores de edad en el país. “Falta muchísimo por avanzar en el campo de la prevención y la atención, evidencia de ello son las altas cifras de violencia que todavía tenemos y, sobre todo, las altas cifras de violencia sexual que fundamentalmente afectan a las mujeres jóvenes y a las niñas”, manifiesta Meléndez.
A pesar que se promulgó la ley del feminicidio, la tentativa ha aumentado. El Observatorio de Criminalidad señala que las razones que alegan los agresores son “porque sus parejas los querían dejar”, “porque eran infieles” o “porque no querían tener relaciones sexuales”. Asimismo, no hay políticas públicas efectivas en cuanto a prevención: “En lo que menos se ha hecho e invertido es en prevención, porque el Ministerio de Educación es el gran ausente, aun teniendo competencias”, dice María Ysabel Cedano, directora de Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Demus.
Colectivo 25N/ Andrés Alviar
El Ejecutivo promulgó el lunes 23 del presente mes la Ley para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar “La Ley reconoce no sólo la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, sino también por parte de la comunidad y del Estado. Esta normativa fortalece la política pública contra la violencia al involucrar a los distintos ministerios para trabajar de manera articulada y al crear el Observatorio de la Violencia contra la Mujer”, explica Cedano.
Brechas
«La violencia contra mujeres y niñas es causa y consecuencia de la desigualdad de género y de la discriminación y su existencia es una de las muestras más claras de «sociedades fuera de equilibrio», declaró la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
La socióloga Carmela Chávez explica que para la erradicación de la violencia contra la mujer se incluya el trabajo con hombres para transformar la «masculinidad hegemónica», aquella que marca una forma exitosa de «ser hombre» que promueve una posición social dominante de éstos sobre las mujeres. La educación y los medios de comunicación se convierten en unas herramientas fundamentales. «Hay mucho que hacer, hay que impulsar imágenes no sexistas, que los comerciales no reproduzcan esa imagen de la mujer en roles tradicionales», sostiene. Chávez explica que estos discursos televisivos son asimilados de manera inconsciente y que serían necesario apelar a mecanismos de autorregulación de la prensa. En relación a la educación, considera necesario el «trabajo con formación de docentes, hacer un seguimiento en la aulas para ver cuánta narrativa sobre igualdad está cuajando en las escuelas, porque muchos docentes tienen aún enormes prejuicios y resistencias”. En ese sentido es urgente contar con un Plan de Educación Integral que incluya el enfoque de género, tanto para el trabajo, con estudiantes, docentes y padres de familias.
