— julio 25, 2016 a las 9:51 pm

Doe Run, más allá del arbitraje internacional

Por

Las recientes declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski sobre la situación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha  evidenciado un tema pendiente del Estado peruano respecto al incumplimiento de la atención en salud de las poblaciones contaminadas en La Oroya: desde hace más de 10 años existen medidas cautelares (de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado peruano atienda la salud de 79 personas contaminadas con metales pesados.  Y hace una década (2006), el Tribunal Constitucional del Perú ordenó al gobierno peruano tomar medidas para salvaguardar la salud de todos los pobladores de La Oroya, sin embargo no hay avances.

LO Giuliano Koren

Crédito: LO Giuliano Koren

Tras la visita de PPK  a La Oroya y su respaldo público a los trabajadores del Complejo, ha traído consigo fuertes críticas del sector ambiental, debido a que la reactivación del Complejo va más allá del lado laboral, así PPK ha tenido que salir a deslindar y aclarar que no piensa reducir o flexibilizar las políticas ambientales: “Hay una información completamente falaz que está dando vueltas de que queremos empeorarlos (los estándares ambientales)”, dijo el presidente electo en el programa periodístico Panorama.

PPK comentó sobre las décadas de contaminación en La Oroya y agregó que en caso se haga una nueva refinería, la misma tendrá que cumplir con los estándares ambientales internacionales: “Lo que queremos es tener un estándar más alto, lo que pasa es que para la refinería de cobre en La Oroya se ha puesto un estándar que no existe en otra parte del mundo”, enfatizó PPK.

Desde la paralización del Complejo Metalúrgico más de 2 mil 400 trabajadores de La Oroya ven su futuro laboral incierto.

Expertos advierten que no se está viendo el abanico de problemas alrededor del complejo metalúrgico, “si se quiere buscar una solución en La Oroya, se tiene que ver el problema desde todas las aristas: respetar los derechos laborales de los trabajadores, cumplir con los estándares de calidad ambiental y que el Estado asegure un tratamiento integral en la salud de toda esa población”, señala Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh.

En la misma línea, José de Echave investigador de la Ong CooperAcción destaca que Kuczynski tiene un gran reto por delante, que no será fácil de afrontar: “Nos suscitó preocupación la visita del presidente Kuczynski cuando dio este mensaje donde apuntaba principalmente y casi única y exclusivamente a la reactivación del complejo metalúrgico. Nosotros señalamos que La Oroya tiene una arista laboral y una arista productiva, pero también existe la arista ambiental donde está el tema de salud pública”, dice.

LO Brian Wilson

Crédito: LO Brian Wilson

Las actividades de Doe Run ocasionaron importantes pasivos ambientales en La Oroya desde el inicio de su operación en el año 1997. Entre los años 2004 y 2006, el Ministerio de Salud determinó que más del 90% de los niños de la zona que fueron examinados viven con plomo en la sangre. Pero no solo eso pues, desde el año 2007, La Oroya es considerada una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, según rankings del Instituto Blacksmith.

En el año 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En el año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a un grupo de 65 personas en La Oroya. Dichas medidas iban destinadas a que este grupo de personas recibieran un diagnóstico médico especializado y que con base en este diagnóstico reciban un tratamiento”, menciona María José Veramendi, abogada de AIDA, y agrega que, en mayo de este año, la Comisión amplió las medidas cautelares para incluir a 14 personas más.

Tras casi una década de dicho pronunciamiento, el Estado peruano no ha asumido las medidas como debió: “Llevamos casi 10 años de estas medidas cautelares y lamentablemente, al día de hoy, no se han cumplido plenamente”, dice Veramendi.

“Llevamos casi 10 años de estas medidas cautelares y lamentablemente al día de hoy estas no se han cumplido plenamente”

Desde AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) consideran que Perú no cumplió con ninguna de las dos ordenanzas, ya que no hubo tratamiento especializado. Además, señalan que incluso se perjudicó la integridad de quienes recibieron las medidas cautelares, pues recibieron hostigamiento por parte de algunos trabajadores de Doe Run, quienes los catalogaron como los culpables de la paralización del complejo metalúrgico.

Capítulo del Ciadi no ha terminado

En abril del 2011, el Grupo Renco inició un proceso de arbitraje ante el CIADI contra Perú por el cierre del Complejo Metalúrgico La Oroya. La empresa solicitó una indemnización de US$800 millones y se amparó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, dicho arbitraje fue desestimado. Sin embargo, el Grupo Renco calificó de “insignificante” la victoria de Perú ante el Tribunal Arbitral Internacional, pues consideran que la desestimación se dio por motivos técnico legales y no por cuestiones de fondo, por lo que volverán a presentar la misma demanda.

LO Anna Cederstav

Crédito: LO Anna Cederstav

Para De Echave el fallo del Tribunal Arbitral favorable a Perú es una buena noticia, “pero esto no quiere decir que el capítulo del arbitraje haya terminado”, advierte. Añade que “hay que ser muy cuidadosos para que en las decisiones que se tomen sobre lo que vaya a pasar en la Oroya, no vayan a darle algunos elementos adicionales a la empresa”.

En el arbitraje, Renco alegó haber recibido un trato injusto con respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, pero lo cierto es que Doe Run ha tenido constantes prórrogas durante 15 años en los que no cumplió con la remediación. La primera fue pedida el año 2005 y consiguió un nuevo plazo hasta octubre del 2009. Sin embargo, la empresa volvió a incumplir la prórroga y solicitó una nueva ampliación la cual fue aceptada, aquella vez le otorgaron 20 meses. Doe Run incumplió una vez más y en 2012 pidió una tercera ampliación que fue rechazada.

“Doe Run, fue la única empresa que no cumplió su programa de inversiones ambientales y tuvo 15 años para hacerlo con prórrogas excepcionales, ahora ha dejado un importante pasivo ambiental”, finaliza De Echave.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*