— octubre 27, 2020 a las 5:47 pm

Juzgado de Cotabambas en Apurímac absuelve a 17 comuneros criminalizados por participar en protesta

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Foto: Andina

El Juzgado Unipersonal de Cotabambas absuelve a 17 comuneros campesinos injustamente acusados por la comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catatróficos, disturbios y, daños. La Fiscalía solicitaba condenas de hasta 17 años de pena privativa de la libertad, el proceso judicial duró cinco años.

La sentencia señala que de acuerdo a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados, se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de responsabilidad de los acusados.

Este proceso se inicia tras una serie de protestas públicas que se realizó a fines de setiembre de 2015, donde las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron manifestaciones a fin de que se les atienda sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generados por la actividad minera del proyecto minero Las Bambas de la empresa china MMG Las Bambas.

Señala la Ong Fedepaz a cargo de la defensa, que tanto el gobierno y la empresa minera denunciaron falsamente a los comuneros por diversos delitos, quienes no hacían más que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social.

Por ello, fueron detenidos alrededor de 25 campesinos, disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, a quienes se les acusaba de poseer un arma de fuego y dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso, por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac.

Dicha prueba fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información falsa y contradictoria, por lo que el Juzgado señala: “El testigo General Rucoba Tello, manifestó haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no le competía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o desesperada. Por otro lado, las demás pruebas (…) en modo alguno acreditan la vinculación directa entre el origen ilegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las dinamitas por parte de los acusados”.

Para Fedepaz el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y suscripción por parte del Jefe Policial Rucoba, “se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine falsamente a los dos campesinos acusados (…) se ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando”, señala el comunicado.

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