Foto: CAAAP
A pesar de que la Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro), conformado por la empresa china Synohidro y la peruana Construcción y Administración, desistió en diciembre de continuar con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que el contrato de concesión continúa vigente, pero son los pueblos indígenas de Ucayali y Loreto quienes demandan la cancelación definitiva de la obra, porque es una amenaza latente para su supervivencia.
“El recorrido del río Ucayali forma parte del uso diario de las poblaciones indígenas y los caseríos. Su única fuente de bebida, alimentación e ingreso es el río, porque ahí están los peces. Con el dragado de los ríos, el agua estará turbia y eso restringirá el sistema evolutivo de los seres vivos porque hay un movimiento brusco en el ecosistema y los lugares donde habitan. La turbidez es un ciclo natural en los ríos, pero exigir una situación permanente todo el año es atentar contra la vida de los seres humanos y seres hidrobiológicos”, afirma Berlín Diques Ríos, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)
Por su parte, la abogada Verónica Shibuya, abogada del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) precisa que “el río constituye un elemento cultural de arraigo para las poblaciones indígenas que no ha sido valorado ni en la Consulta Previa, ni cuando se ha procedido a la concesión del proyecto. Hay que dejar en claro que las acciones para que ese proyecto se ejecuten son muy lesivas contra los derechos de las poblaciones indígenas. Esto es algo que el común de los ciudadanos de la urbe o capitalinos no comprenden en su totalidad. Este proyecto no solo afecta a las poblaciones indígenas, sino a todos la población”.
Tanto Shibuya como Diques manifestaron que el Estado peruano no ha considerado la preservación de la cosmovisión e integridad de las poblaciones indígenas y ribereñas de la amazonía, cuya relación con los ríos tiene una implicancia que va más allá de lo económico.
El dirigente indígena de Ucayali manifestó que las organizaciones indígenas no están en contra del desarrollo de obras que favorezcan la conectividad del país, “pero las obras de desarrollo deben de contar con sustentos y estudios técnicos que garanticen la supervivencia de nuestra comunidad”. Asimismo, afirma que la ejecución de la Hidrovía no puede ser una condición estatal para brindar servicios a las poblaciones indígenas involucradas, como servicios básicos como salud y educación.
Berlín Diques Ríos
“El Estado no solo debe prestar atención a las comunidades indígenas si hay un proyecto de por medio, eso no puede ser una condición para brindar los servicios básicos. Esa no es la manera correcta. El Estado debe asumir responsabilidades que ayuden a desarrollarse a las comunidades, porque tiene una deuda histórica con las poblaciones indígenas, y eso ha quedado demostrado con el archivamiento del Acuerdo de Escazú”, sostiene Diques Ríos.
Esta mega obra, de aproximadamente US$ 94.7 millones, con una concesión a 20 años, es un proyecto impulsado por el Estado por más de diez años, desde el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora también desde el gobierno de Martín Vizcarra, pero no tiene actualmente viabilidad social, ya que no solo implica a 14 pueblos indígenas entre Ucayali y Loreto, sino además a poblaciones ribereñas que viven a lo largo de los cuatro importantes ríos: Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali.
“Todos los gobiernos en su gran mayoría han tenido una mirada desdeñosa de la amazonía. La amazonia es como un mercado de donde pueden obtener recursos y nosotros qué obtenemos: índices más altos de pobreza, afectaciones ambientales y sociales. Esas desigualdades abren paso a esa condescendencia política y normativa por parte del Estado peruano que no pone en primer lugar la dignidad de las poblaciones indígenas”, sostiene Shibuya.
Ambos entrevistados manifestaron que el Estado deberá cancelar el megaproyecto. El líder indígena dice que el Estado ni la empresa están garantizando una adecuada ejecución de la obra, y que solo vulnera los derechos de las poblaciones indígenas: “Vamos a llegar hasta lo último, vamos a demandar al Estado peruano para que se anule el tema contractual, porque no tenemos garantías del tipo de actividad que se van a ejecutar en nuestro territorio. Está más direccionado a satisfacer a las empresas transnacionales, mientras que las poblaciones indígenas seguimos afectadas por las brechas sociales. Por ese lado, nuestra posición es única”.
*Tomado de la entrevista en vivo realizada por la historiadora Marilyn Céspedes para Gran Angular.
