Foto Andina/Difusión
Desde abril del año pasado el Perú cuenta con un Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, que dispone la creación del primer Registro oficial de denuncias e incidencias sobre ataques en contra de personas defensoras o situaciones de riesgo, sin embargo el Ministerio del Interior y el Ministerio Público no adoptan aún las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, demanda que ha sido extendida por la Defensoría del Pueblo a ambas instituciones.
En este contexto, tampoco el Congreso de la República ha ratificado el Acuerdo Escazú, instrumento jurídico para proteger la integridad física de los defensores.
Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Natural Tambopata, manifestó que “Desde el 2009 el caos y el control generado por la tala y la minería ilegal amenaza permanente la integridad de los líderes del comité de gestión que se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata, así como a líderes de otros espacios, quienes por defender sus tierras y los bosques son víctimas de constantes amenazas y agresiones por parte de actividades ilegales. Nadie se ha preocupado por atacar este problema, pese a que se ha proporcionado información certera y confidencial”, cuestiona Zambrano, en la Mesa Técnica ¿Cómo asegurar la protección de los defensores?, organizado por el congresista Alberto de Belaunde.
“Si no existiría minería y tala ilegal no existiría amenazas. Nosotros hemos luchado para que haya una estrategia integral y sostenida, sin embargo hemos llegado a estos niveles por la indiferencia total de las autoridades, donde los ilegales confían en la impunidad”, dice Zambrano.
Las voces de los defensores ambientales ponen en evidencia que el Estado no les está brindando medidas efectivas de protección contra las amenazas y actos de violencia que vienen sufriendo. El Guardaparque del SERNANP, Werhner Atoche Montoya, denunció que en lo que va del año 2020 han sido asesinados 137 Guardaparques en el mundo. Señaló que las principales amenazas se deben al comercio silvestre ilegal, grupos criminales organizados, banda de narcotraficantes y la minería ilegal, “los guardaparques dedicamos nuestras vidas a la protección de nuestros recursos naturales, por eso pedimos que se gestione ante la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior, se investigue y capturen a estos criminales, hasta el momento no hay una sola persona presa e investigada”.
Deyvis Huamán, responsable del SERNANP, ratificó sobre la difícil labor que realizan los Guardaparques a nivel nacional para la protección de las áreas naturales protegidas frente a amenazas como: la tala ilegal, minería ilegal e invasiones en un contexto de pandemia.
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Por su parte, Ascencio Vásquez, presidente de la Red de Lomas del Perú, denunció la degradación por parte de mafias y organizaciones criminales dedicadas a la ocupación ilegal y tráfico de tierras, quienes constantemente amenazan a las personas que se dedican a la defensa de estos ecosistemas.
De parte del Estado, Edgardo Rodríguez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirmó que falta una mayor intervención del Estado en todos sus poderes. “Debemos reconocer que en la época de pandemia se han presentado hechos de mayores riesgos, siendo la zona más afectada la Amazonía. Nos preocupa también Cusco, por la situación de los pueblos indígenas, además de defensores comunitarios”.
Con respecto a la implementación del Protocolo de los Defensores de Derechos Humanos y las solicitudes de activación de Alerta Temprana (PAT), sostuvo Rodríguez que han recibido un total 15 pedidos de activación del Protocolo, y que solo se han admitido siete solicitudes, cinco casos tienen que ver con casos ambientales, y cuatro de ellas se han emitido la alerta frente a ataques o amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, a fin de articular acciones urgentes de protección. Es decir, que de los 15 pedidos, el Ministerio de Justicia sólo viene dando seguimiento y monitoreo a cuatro casos.
Percy Castillo, Adjunto de Derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, preciso que el Estado debería brindar a los defensores ambientales efectivas medidas de protección contra las amenazas y actos de violencia. “Desde el 2013 al 2019, 15 defensores ambientales han sido asesinados en todo el país. La Defensoría intervine en casos donde ya ha habido pérdidas de vida, para exigir investigación hasta que se establezca la responsabilidad, un factor que incide la pérdida de vidas humanas es la impunidad. Sancionar con todo el rigor de la ley es un deber, que compromete la garantía de no repetición, si estos homicidios se mantienen impune, lamentablemente la defensa de derechos humanos seguirá siendo una clara actividad de riesgo”.
Castillo cuestionó que el Protocolo de los Defensores de Derechos Humanos no sea una norma intersectorial, con mayor nivel, “lamentablemente el Ministerio Público y el Ministerio del Interior no se sienten comprometidos, necesitamos una intervención articulada urgente”.
Finalmente, el congresista Alberto de Belaunde indicó que el Estado tiene una deuda con los Defensores Ambientales. “Debemos terminar con la campaña de desinformación sobre el Acuerdo de Escazú y la protección de los defensores ambientales, y a la par debemos asegurar el cumplimiento de los estándares que nos sugiere Escazú, considerando aspectos estructurales, presupuestarios y normativos”, Aseguró, que es necesario asegurar que los estándares ambientales que asegura Escazú sean cumplidos, y dijo que “ello pasa por asegurar la tutela de derechos de los defensores ambientales”.
