— diciembre 2, 2020 a las 10:24 am

Ante inacción del Estado, Wampís restringen el tránsito de embarcaciones con madera extraída ilegalmente

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Fotos: Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís

La tala ilegal viene afectando los derechos de las comunidades indígenas ubicadas en Amazonas y Loreto, por lo que el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís viene restringiendo desde el 1 de diciembre el transito las embarcaciones con madera extraída ilegalmente en las cuencas del Río Santiago en Amazonas y Morona en Loreto.

Desde el mes de octubre de este año, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha venido advirtiendo a las instituciones nacionales sobre la tala y comercialización ilegal de madera, que se viene trasladando desde Perú hacia Ecuador, pese a que hay control en la frontera a cargo del Ejército y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú (SERNANP), que resguarda la Reserva Ichigkat Muja en el puesto de Cahuide, que limita con Ecuador.

Durante todo este tiempo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Amazonas ha aducido falta de recursos o competencias para accionar ante la problemática de la tala ilegal. La Defensoría del Pueblo advirtió que hay amenazas a la vida e integridad a uno de sus líderes Wampís y su familia por parte de actores presuntamente vinculados a estos ilícitos.

Asimismo, informaron que, debido a la falta de respuesta del Estado, se organizaron para adoptar medidas de protección frente a estos hechos de grave amenaza para sus miembros y el entorno donde viven. En ese marco, a partir del 1 de diciembre, tomaron el control del tránsito fluvial del Río Santiago y han retenido algunos botes que no contarían con autorización respectiva, hasta que se cuente con la presencia de las autoridades competentes. Este hecho, ha ocasionado tensión con otras comunidades awajún vecinas, por lo que se temía un enfrentamiento, alerta la Defensoría.

Por otro lado, el 28 de noviembre, en la comunidad de Alianza Progreso, el GTANW sostuvo una reunión con la ARA Amazonas, en el marco de una asamblea extraordinaria con las autoridades Wampís, maestros y jóvenes Wampís, donde se comprometieron a dar plazo sólo hasta el 30 de noviembre para el paso de embarcaciones, así como una tregua de un mes para la formalización del aprovechamiento de la madera balsa, con el objetivo de garantizar que no haya deforestación y la venta de palo de balsa/topa sea una iniciativa sostenible y no destructiva del ambiente.

Las tensiones siguen presentes en el territorio Wampís y, no ha habido respuesta de parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ni el Ejército, ni los Ministerios de Defensa e Interior han respondido oficialmente a las denuncias del GTANW.

Mientras que comuneros de Galilea reportan que embarcaciones con madera, tripuladas por ciudadanos ecuatorianos, siguen saliendo del Centro Poblado La Poza en dirección a la frontera, y posiblemente serán detenidos por la guardia Wampís en Alianza Progreso. El control real y la vigilancia territorial están en manos de las naciones originarias.

La Defensoría del Pueblo advirtió que resulta de suma urgencia que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), el Ministerio Público y las autoridades regionales y locales, adopten acciones efectivas en el marco de sus competencias para combatir la tala ilegal en la cuenca del Río Santiago, donde además de los territorios indígenas se encuentran el Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera de Cóndor, de la Zona Reservada Santiago Comaina, y de la Reserva Comunal Tuntanaín.

Con relación a las amenazas y situación del riesgo a la integridad del líder Wampí solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, de acuerdo con el Protocolo para garantizar la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, se instauren acciones efectivas para la protección de la vida e integridad del líder y su familia. Asimismo, ha puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público, con la finalidad de que, en el marco de las competencias las instancias fiscales de las jurisdicciones respectivas desarrollen acciones urgentes de investigación de los hechos denunciados.

Es importante mencionar que, en el transcurso de este año, se han reportado varios atentados contra la vida e integridad de las personas que han denunciado sistemáticamente actividades ilegales de depredación al ambiente. Asimismo, no debe olvidarse que, en el año 2014, se produjo la lamentable muerte de Edwin Chota y otros miembros de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto quienes venían demandando la adopción de correctivos frente a actividades de tala ilegal en el ámbito de sus comunidades amazónicas. La falta de control efectivo de estas actividades son una grave amenaza para el entorno en el que desarrollan los pueblos indígenas, por ello es ineludible desplegar el mayor esfuerzo estatal para evitar que estos terribles sucesos se repitan.

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