Foto Alfombra roja/Alejandra Ballón
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido uno de los temas más invisibilizados dentro de los programas políticos y el debate entre los candidatos que postulan a los distintos niveles de gobierno. Este hecho resulta preocupante en un país como el nuestro en el que prevalece un comportamiento machista y en el que según el Equipo Itinerante de Urgencia del Ministerio de la Mujer, durante el confinamiento del 2020, se atendió a 2.693 mujeres por casos de violencia sexual.
Para Alejandra Ballón, artista e investigadora social especializada en la problemática de la salud pública y los derechos reproductivos de las mujeres durante los años de 1996 – 2000, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debe tener un interés central dentro de las propuestas de los candidatos en todos los niveles.
“La lucha contra la violencia de género tiene que ser central para la democracia y no lo es. Ni la ciudadanía ni el Estado están comprendiendo la dimensión del problema y eso se refleja en el tipo de candidaturas que tenemos. Las mujeres no están interesadas en política seguramente porque tienen otras prioridades y una carga doméstica, emocional y familiar mucho mayor. Quizá no tienen el tiempo, ni la motivación para poder estar al tanto de la política y eso juega en contra. Hay un 25% de mujeres que no colocan el número de congresistas y es muy importante que las mujeres salgan a votar y lo hagan por congresistas que representen sus derechos”, señala Ballón.
Sobre las declaraciones emitidas por el candidato López Aliaga (Renovación Popular) y Johnny Lescano (Acción Popular) sobre el tratamiento de los casos de las niñas y mujeres que quedan embarazadas producto de violación y a las que no se les permitiría abortar, Ballón sostiene que son propuestas que caen en el mismo discurso del programa Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria en el que las mujeres no podían tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y eran esterilizadas sin su consentimiento.
“La influencia del lobby religioso y el control del útero de las mujeres como política de Estado es peligroso; ahí tienes los casos de esterilizaciones forzadas o embarazos forzados que son dos caras de la misma moneda. Un embarazo forzado muchas veces es una gran causa de mortalidad materna. Entonces tenemos una derecha recalcitrante, en contra de los derechos de las mujeres y en contra de la libertad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, derecho que los hombres sí tienen. Lescano está buscando los votos religiosos y conservadores por eso se posiciona en contra del aborto porque políticamente quiere todo ese lobby. López Aliaga es muchísimo más conservador y fanático y no tiene argumento ni cordura alguna. Es un fanático que dispara para todos lados y utiliza el discurso de la mujer para crear una polémica y ganar visibilidad política. Él está atacando los derechos de las mujeres para crear polémica y ganar un rédito político y eso es terrible para un candidato presidencial”.
En esa misma línea, Ballón manifestó que la candidatura de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) es la única entre los dieciocho candidatos que propone la despenalización legal del aborto y por ello apuesta por los derechos civiles y reproductivos de las mujeres. “La única que da cara a esta problemática social es Verónika Mendoza, quien además defiende los derechos civiles desde una visión demócrata de centro izquierda. Tiene candidatos de extrema derecha y ultra religiosos que adoptan esos discursos para que sean políticas de Estado, versus una única candidata que defiende los derechos civiles y, por ende, los derechos de las mujeres. Desde la perspectiva del enfoque de género, no hay mucho más que decidir”, dice.
*Tomado de la entrevista en vivo realizado por la historiadora Marilyn Céspedes para Gran Angular.
Ballón también se pronunció sobre la búsqueda de justicia de las víctimas por el caso de esterilizaciones forzadas, quienes después de veinticinco años parecen encontrar una luz al final del túnel. Durante el segundo gobierno del expresidente Alberto Fujimori se implementó el programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que buscaba reducir la pobreza en el país a través de un programa de esterilizaciones que alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones. En 2015, se creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), un Registro Administrativo creado con la finalidad de identificar el número de personas afectadas por esta política de Estado. Para la investigadora este caso: “después de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo por el nazismo en Alemania, es el segundo caso más masivo y grande que existe. Del total del registro, 93% de mujeres fueron esterilizadas frente a un 7% de hombres, cuando son ellos quienes pueden tener más hijos. Hubo una discriminación de género desde el inicio del programa”.
A lo largo de dos décadas las víctimas han presentado testimonios y pruebas para respaldar su posición frente a esta problemática, las cuales han sido respaldadas por distintas instituciones que han emitido estudios y registro sobre el programa AQV. Sin embargo, el proceso judicial se ha dilatado en múltiples oportunidades. Al respecto, Ballón señala que “Existen evidencias abrumadoras de que las esterilizaciones forzadas fueron parte de una política de Estado. Podemos remitirnos a 1999 cuando el CLADEM publicó su informe (Nada personal: reporte de derechos humanos sobre la aplicación de anticoncepción quirúrgica voluntaria 1996-1998). Para el 2002, tenemos investigaciones realizadas por el Congreso y la Defensoría del Pueblo. Esta no es una situación de falta de evidencia, hay muchísima. Han sido veinticinco años de lucha para que se inicie la investigación judicial y ahora estamos viendo dilatación, argucias, un manejo legal tan opaco y poco transparente en donde el racismo es permanente y se refleja en el trato a las víctimas. Tampoco hay arrepentimiento por parte de quienes llevaron a cabo este programa”.
Cabe resaltar que en estas audiencias se verá la denuncia penal presentada por el Ministerio Público contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud: Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humano. Aunque los pasos para la obtención de justicia parecen estar avanzando, Ballón señala que ya es muy tarde para lograr reparar a todas las víctimas y se deben tomar acciones inmediatas para que más mujeres logren acceder a una justicia social.
“La reparación no va de la mano del proceso judicial porque eso va a demorar muchísimo. Cuando la audiencia termine, se abrirá la investigación judicial que podría durar entre dos a tres años; luego viene el juicio que podría tardar otros cinco años más. También debemos considerar que muchas de las mujeres afectadas ya están muriendo. Si se implementa el acceso a la justicia y se ejecuta sin dilataciones, de todas maneras ya estamos muy tarde. El Estado debe reconocer las implicancias y dar las disculpas públicas; además de hacer una reparación de inmediato para lograr una justicia social. El Registro de Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) ya tiene más de ocho mil víctimas registradas en sus tres etapas, el siguiente paso concreto a dar es que esas mujeres sean incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) para que puedan acceder a los siete programas que tiene el Plan Integral de Reparaciones. Esa es una política de Estado que debe implementar el candidato elegido en estas elecciones”.
Al respecto, Ballón también se manifestó sobre las declaraciones emitidas por la candidata presidencial Keiko Fujimori quien fue primera dama durante el segundo gobierno de su padre Alberto Fujimori, años en los que se llevó a cabo el programa AQV. La candidata manifestó que en un eventual gobierno suyo indultaría a su padre acusado por crímenes de lesa humanidad en el que se incluye el caso de esterilizaciones forzadas y otros más.
“Keiko Fujimori tiene un techo, no me parece una candidata que pueda lograr la presidencia, pero en el caso de que fuera elegida sería un desastre para los derechos de las mujeres y el golpe más cruel para el caso de esterilizaciones forzadas que dilataría la búsqueda de justicia. Además, hay que recordar que Keiko en la campaña pasada llamó “mito” a las esterilizaciones ocurridas en el Perú. ¿Qué juicio puede tener una persona que llama mito a más de 300 mil afectadas por una política de Estado genocida, que cometió crímenes de lesa humanidad y de guerra y que obviamente está basada en un racismo institucional muy fuerte? En un país pluricultural como el nuestro, no podemos tener candidatos abiertamente racistas. No nos podemos permitir eso”.
