Por Javier Diez Canseco*
Cuando el Sistema Privado de Pensiones fue creado en 1992, se dijo que sería superior al estatal, afectado por el uso fiscal del fondo y falta de transparencia. Los afiliados recibirían mayores beneficios, mejor atención, y sus aportes serían manejados con transparencia y eficacia. Diez años después, poco de lo prometido se ha cumplido. Se acumulan quejas sobre la forma en que las AFPs operan: elevadas comisiones, cobros injustificados, pobre rentabilidad neta -según estudios del BCR-, insuficiente información, manejo poco transparente de las inversiones, desconocimiento de sueldos de altos funcionarios, etc. La lista es larga. Quizás eso inspiró a Beatriz Merino a mencionar el tema en su discurso de toma de posesión en el Congreso, pero falta ver propuestas específicas.
Las AFPs fueron extraordinariamente favorecidas durante el Fujimontesinismo. Lo que quedaba del sistema público de pensiones fue depredado en su beneficio. Hoy el sistema de AFPs es un oligopolio con un mercado cautivo de clientes, que -una vez dentro- no tienen opción para regresar al sistema público, además quebrado. Actualmente las AFPs cuentan con 3 millones de afiliados y perciben ingresos anuales por aproximadamente S/. 550 millones. Pero no se fomenta la competitividad y transparencia del sistema previsional. Imponen, sin límites, los abusos que quieren. Debe ponerse orden en la forma en que se maneja el dinero de los aportantes, exigiendo prácticas de buen gobierno corporativo y que se eliminen las inversiones riesgosas, con garantías insuficientes y de difícil cobranza. Ni siquiera tienen un Fondo de previsiones para garantizar su propia existencia.
Estoy presentando un Proyecto de Ley para elevar de 8% a 10% del sueldo, el aporte a la cuenta de capitalización individual del trabajador en el sistema privado de pensiones, equiparándolo al aporte del afiliado en el sistema público. Ello estimulará la competencia entre AFPs y con el sistema público, apuntando a reducir las comisiones que las AFPs cobran, y -al aumentar la cuenta individual del afiliado- permitir mayores pensiones a la jubilación. Proponemos reducir a 10% el límite de inversiones en el exterior, para que los recursos captados por las AFPs en el Perú, permanezcan y sean invertidos en el Perú, desarrollando el mercado de capitales interno. También pedimos que se exija una relación real entre la ganancia que la AFPs perciben para sí y el rendimiento que éstas obtienen para los aportantes.
El Proyecto busca fomentar la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos encomendados. Las AFPs sólo deberían invertir en empresas que cuenten con código de Buenas Prácticas Corporativas -acorde a las disposiciones de la OCDE y el MEF-que tengan directorios elegidos transparentemente, y que cuenten con comités de auditoria independientes. Planteamos formar un Fondo Previsional de Administración de Cartera –para garantizar los aportes de los afiliados en caso que la AFP entrará en falencia económica- y obligar a las AFPs a informar adecuadamente sobre el uso que se hace de las contribuciones de los afiliados y sobre los cobros que se cargan a éstos. Finalmente, proponemos la creación de un “Comité Especial de Políticas de Desarrollo”, destinado a promover las reformas estructurales para el eficaz funcionamiento del Sistema Previsional Privado.
Hay mucho por hacer en el tema de la Reforma del Sistema Privado de Pensiones. Es necesario que profundas reformas sean adoptadas lo antes posible. Estamos hablando de los intereses de millones de peruanos, cuyo derecho a una jubilación que les permita un nivel de vida digno debe ser protegido a toda costa. Beatriz Merino debe hacer propuestas concretas y no dejar el tema olvidado. Manos a la obra, entonces.
*Congresista del Partido Democrático Descentralista
22 de octubre de 2003
