Créditos: Andrés Alviar
ROCÍO PEREYRA ZAPLANA
Especialista en análisis y diseño de políticas públicas,
regulación y desarrollo sostenible
Hace unas semanas escribía sobre el problema del racismo y la discriminación racial en nuestro país, distinguiendo sus dimensiones interpersonal y estructural[1]. Esta vez quiero comentar sobre el Proyecto de Ley para la prevención, eliminación y sanción del racismo y la discriminación racial (PL N° 3793/2018-PE). Se trata del primer proyecto de ley en esta materia, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y resulta clave, pues reconoce la naturaleza estructural del problema; integra y fortalece la legislación vigente sobre el tema; brinda definiciones, principios y enfoques; establece medidas de prevención, eliminación y sanción de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, entre otros.
Un primer acierto del proyecto de ley es la definición del problema y sus manifestaciones. Siguiendo las convenciones internacionales, define la discriminación racial como toda distinción, basada en características físicas o características culturales, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el ejercicio de derechos de las personas. Esta definición resulta fundamental porque generalmente se ha asociado el racismo al color de piel o los rasgos físicos de las personas, obviando las características culturales, que incluyen el origen étnico o nacional, ascendencia, lengua materna, indumentaria, costumbres, entre otras. De igual manera, el proyecto de ley propone una lista no exhaustiva de manifestaciones de la discriminación racial, que permiten tanto al operador de justicia como al ciudadano distinguir cuándo se enfrentan a una situación de discriminación racial.
Otro acierto del proyecto de ley es que si bien afirma que el racismo es un problema que afecta a toda la sociedad peruana, es vivido de manera diferenciada por determinados grupos, que son además grupos históricamente discriminados en el país, tales como los pueblos indígenas andinos y amazónicos, las comunidades nativas y campesinas, la población afroperuana, y las personas de origen o ascendencia andina, amazónica o afrodescendiente. Por ello, el proyecto desarrolla medidas específicas de prevención orientadas a favorecer a estos grupos.
En ese sentido, el proyecto de ley dispone que el Sector Trabajo promueva el acceso al empleo sin discriminación racial, así como genere oportunidades laborales para los grupos históricamente discriminados. Asimismo, el Sector Educación deberá garantizar el acceso y permanencia en la educación pública de dichos grupos. Por su parte, el Sector Salud deberá garantizar el derecho a la salud con pertinencia cultural e implementar programas de prevención, atención y rehabilitación de enfermedades prevalentes en los referidos grupos. También dispone que el Sector Interior implemente medidas para contar con personal policial capacitado para prevenir y atender denuncias de discriminación racial. Otra novedad es que el Ministerio de Cultura deberá implementar un Observatorio Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial para el monitoreo y supervisión de políticas en la materia.
El racismo se encuentra tan normalizado en nuestra sociedad que muy pocos saben que puede ser sancionado. El proyecto de ley fortalece los mecanismos de sanción existentes y, por ejemplo, establece que los propietarios, administradores o trabajadores de establecimientos comerciales que cometan actos de discriminación racial podrán ser sancionados con el cierre temporal o definitivo de sus locales. Por su parte, los servidores públicos que cometan actos discriminatorios podrán ser suspendidos o destituidos. Igualmente, la discriminación racial será causal de destitución de los docentes de escuelas y universidades. De otro lado, la emisión de contenidos racistas en la radio y televisión será considerada una infracción muy grave. Y, a nivel penal, la figura de ‘incitación al odio racial’ será tipificada como delito en el Código Penal.
Con este proyecto de ley, el Perú seguirá el camino de otros países de la región, como Argentina, Bolivia, Uruguay y México, que han aprobado leyes similares. Urge que el Congreso priorice su debate y, una vez aprobado, el Ejecutivo cumpla con su implementación. Una ley contra el racismo coadyuvará también a que la sociedad sea menos permisiva y reaccione cada vez más ante este problema. ¡Lleguemos al Bicentenario siendo un país plenamente
justo e igualitario!
[1]Ver: La superación del racismo: la gran reforma pendiente
