Destacado, Opinión, Portada — agosto 31, 2017 a las 2:41 pm

Tras Odebrecht, el Caso OAS: La Segunda Ola de Información sobre la Corrupción en el Perú

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Ejecutivos de OAS son condenados por Lava Jato Foto: Jorgalggn.com.br

Escribe Gustavo Guerra García

El terremoto político causado por la información brindada por Marcelo Odebrecht relacionada a los aportes de su empresa a todas las campañas presidenciales de los últimos tiempos ya está en marcha y, al parecer, la Fiscalía y el Poder Judicial de Brasil se han asegurado de que la información llegue al Perú y que los datos sigan fluyendo. Pero, ahora lo interesante es que, además, se iniciará la entrega de información de la empresa internacional OAS, que es otra de las cinco empresas brasileras involucrados en el caso de Lava Jato. OAS está a un paso de cerrar un acuerdo con la Fiscalía peruana para el traslado de información sobre actos de corrupción en el Perú. El acuerdo está condicionado por la decisión del juez Sergio Moro y del equipo de trabajo del Caso Lava Jato, que obliga a la empresa a delatar los sobornos y los financiamientos de campañas ejecutados en el Perú, a cambio de que sus 14 ejecutivos presos en Brasil puedan acogerse al mecanismo de delación premiada. De cerrarse el acuerdo con OAS, esta sería la segunda empresa a la que se le aplicarían las condiciones del Decreto de Urgencia N°003-2017.

Entre los ejecutivos involucrados está Leo Pinheiro, máximo representante de OAS, el mismo que lidera las conversaciones con los fiscales peruanos iniciadas hace más de seis meses. Las mega-obras que serían parte de la investigación son seis. Entre ellas están el Hospital Antonio Lorena del Cusco (relacionado al caso Heredia-Humala y al del ex Gobernador del Cusco, Jorge Acurio), la Línea Amarilla y otras obras ejecutadas por Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En total las obras involucradas tienen un valor de US$1,224 millones.

Quizás el caso más emblemático es el Proyecto de Línea Amarilla, pues -por sus números-es el segundo proyecto más entreguista de la historia vial del país, después de la Interoceánica del Sur. El Proyecto Línea Amarilla es una iniciativa privada presentada durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio y aprobada por el Consejo de Lima con inversiones de alrededor de US$530 millones para ejecutar un túnel por debajo de la Vía de Evitamiento. Este proyecto utiliza dos tercios de los peajes de Lima y por el flujo de inversiones debió implicar una exigencia de al menos US$1,200 millones. Para dar una referencia, en el contrato de Rutas Nuevas de Lima se comprometieron casi US$600 millones de inversiones con la mitad de los ingresos por peajes que en Línea Amarilla. Una de las cosas más curiosas del proyecto de la Línea Amarilla es que cuando la iniciativa privada se presentó las condiciones eran mejores a las que se acordaron (cuando en todos los casos siempre sucede al revés). Por ejemplo, los proponentes plantearon que los peajes se cobren sólo a partir de que se culmine cuando se termine el 70% de la ejecución de las obras, pero al firmar el contrato con la segunda administración amarilla, esta cláusula se desvaneció de forma semejante a la página 11 y se adelantaron los cobros de peaje para el 2013.

Durante la campaña de Susana Villarán, la posición de Fuerza Social y de la Confluencia era que el proyecto de la Línea Amarilla debería suspenderse o cancelarse. Bajo la amenaza de la suspensión o cancelación, la administración 2011-2014, le impuso a OAS US$170 millones adicionales de inversiones, entre los que se incluía: 1) un fideicomiso de US$75 millones para el Proyecto Vía Parque Rímac; 2) que los predios se compren a US$30,000 o al precio de mercado y no a US$5,000 como estaba establecido en el contrato original; 3) la construcción de viaductos del Centro Histórico a San Juan de Lurigancho; 4) la extensión de la Separadora Industrial hasta la Panamericana Sur; 5) la compra del terreno en Campoy para los Shipibos de Cantagallo; y 6) OAS debía ceder el 7% de sus ingresos por peajes a favor de la Municipalidad de Lima para el mantenimiento de la red urbana. Estas medidas a favor de la ciudad, se compensaron con una ampliación del plazo de la concesión de 10 años. El pre acuerdo se firmó el 2011 y la adenda al contrato se firmó el 2013. El sustento del equilibrio económico financiero estuvo a cargo de ESAN. Estas modificaciones fueron positivas para la ciudad y redujeron la rentabilidad del concesionario, para pasar de US$530 millones a US$700 millones era insuficiente en relación a los US$1,200 millones de inversiones que debió tener el proyecto de la Línea Amarilla. A favor del equipo municipal tendría que decirse que la suspensión o cancelación de un contrato firmado hubiera implicado cuantiosas sanciones del CIADI, mecanismo vigente en el Perú para la protección a la inversión extranjera. Por ello, la renegociación tenía límites.

Posteriormente, en el 2014, Gissele Zegarra, la ex gerente de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, firmó el contrato original de Línea Amarilla, coordinó con Leo Pinheiro de OAS, para que no se firme el fideicomiso del proyecto del Parque Rímac. Esto ocurrió entre las elecciones que dieron como ganador para un tercer mandato a Luis Castañeda Lossio y el inicio de su mandato previsto para el 1 de enero de 2015. La interferencia de Zegarra, que fue también asesora de OAS, impidió la firma del fideicomiso del proyecto del Parque Rímac. Al inicio de la tercera gestión amarilla, se desmontó la adenda firmada el 2013 y se “canjearon”  todas las obras y ventajas para la ciudad por un By Pass en 28 de julio con 530 grietas y un bulevar que se ha cancelado. La segunda adenda, al disminuir los compromisos efectivos de inversión, mejoró la rentabilidad del concesionario en perjuicio de la ciudad. Esta segunda adenda le ha permitido a OAS vender la concesión en más de US$1,600 millones, después de haber ejecutado obras por alrededor de US$490 millones. Es decir, ganancias superiores a los 200%. El hecho de que la gestión amarilla permitiera que se venda la concesión sin que el Estado pueda exigir reparaciones a tiempo, es un tema que se debe investigar a profundidad al igual que todo lo actuado en este proyecto desde el inicio hasta el final. El acuerdo por firmarse entre OAS y la Fiscalía peruana será muy importante, pues sabremos si existieron sobornos en relación a las principales decisiones de las seis mega-obras que ejecutó -total o parcialmente- OAS desde el 2009. Todo apunta a que pronto sabremos la verdad.

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