Créditos: Jonas Hulsens
ROCÍO MEZA
ABOGADA
¿Pueden los servicios de la Policía Nacional del Perú ser privatizados? Informe analiza las consecuencias de 138 convenios suscritos entre empresas extractivas y la PNP para la prestación de servicios policiales extraordinarios.
Desde hace más de 20 años, existe un marco legal que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a firmar convenios con empresas para que efectivos policiales presten sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de sus proyectos extractivos, a cambio de una contraprestación económica.
Con la finalidad de analizar el impacto y la naturaleza de esta práctica, el Instituto de Defensa Legal, EarthRights International, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos analizaron 138 convenios suscritos entre los años 1995 y 2018. Resultado de esa investigación es el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú”.
El informe ha identificado que dichos convenios de prestación de “servicios policiales extraordinarios” vienen siendo instrumentalizados para la violación de derechos humanos de las poblaciones que viven en las zonas de influencia de proyectos extractivos, especialmente de los pueblos indígenas.
Así, el Estado desconoce sus obligaciones nacionales e internacionales, pues el diseño y aplicación de los convenios perturban el pleno ejercicio de derechos y libertades. Por tanto, los convenios, y las normas que los sustentan, son inconstitucionales y transgreden el derecho internacional de los derechos humanos. Paralelamente, los convenios quiebran las obligaciones de las empresas, muchas de ellas multinacionales, en el marco de la responsabilidad social empresarial y el Derecho Internacional.
Asimismo, los convenios afectan la imparcialidad y la independencia de la PNP – principios que sustentan la función policial – pues crean un vínculo entre la Policía y las empresas extractivas. La falta de imparcialidad genera, a su vez, conflictos de interés. (El Código de Ética de la Función Pública exige al policía –como funcionario público– regirse por el deber de neutralidad, evitando cualquier situación que comprometa el adecuado cumplimiento de sus labores).
La propia función policial se deslegitimiza, pues su privatización la desnaturaliza y la orienta a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad. El Estado ha expedido normas que garantizan dicho vínculo, que en la práctica representa la “privatización de la función policial”. Con este vínculo, el Estado no solo favorece los intereses de las empresas, en desmedro de la garantía de derechos fundamentales, sino que agrava la conflictividad generada por la operación y expansión de actividades extractivas.
Los convenios han permitido la creación de un escenario hostil en el que se vulneran derechos, sobre todo de los defensores y defensoras de derechos humanos, el territorio y el ambiente. Se han convertido en una herramienta ilegítima contra la movilización social y la protesta. No es coincidencia que muchas de las violaciones a los derechos humanos de los últimos años, hayan ocurrido en zonas tradicionalmente mineras e hidrocarburíferas. Y precisamente, la investigación encontró que la mayoría de las empresas extractivas con convenios aún vigentes tienen proyectos en regiones donde ha habido movilización social. De los 29 aún vigentes, 5 están en Cajamarca, 10 en el llamado corredor minero (Cusco, Apurímac y Arequipa) y 2 en la Amazonía.
Al analizarse la sistematicidad con la que el Estado ha regulado y suscrito los convenios, ha quedado clara su estrategia de instrumentalizarlos para garantizar el desarrollo de las actividades extractivas vulnerando derechos y libertades. Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho.
CONVENIOS VIGENTES
Fuentes
Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. © EarthRights International – © Instituto de Defensa Legal -© Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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