Escribe Gustavo Guerra García
En Lima existen dos sistemas privados de recaudo concesionados: el del Metropolitano y la línea 1 del Metro. Ambos con tarjetas de baja capacidad tecnológica y que por lo tanto no pueden interoperar. Es decir, el pasajero que usa la tarjeta del Metropolitano no puede pasar su tarjeta por los validadores de la línea 1 del Metro y viceversa.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó una licitación para que el Sistema Integrado de Transportes implemente un sistema de recaudo privado y los resultados fueron buenos. Participaron los operadores tecnológicos de ciudades tan importantes como Madrid, Santiago y Bogotá en consorcios y se logró términos muy favorables para la ciudad. De hecho, la retribución al ganador de la licitación por cada validación era un 40% más baja que la contribución del operador de recaudo privado del Metropolitano. A pesar del éxito de la licitación para el contrato de la operación privada de recaudo, el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se negó a opinar y dar la opinión favorable antes de la firma de contrato, pues hicieron una interpretación totalmente forzada de su propio reglamento. Dicho sea de paso, la posición del MEF era tan débil que tuvieron que modificar el reglamento de promoción de la inversión privada con posterioridad a la adjudicación del sistema de recaudo privado en Lima para que su criterio prevalezca en casos semejantes en un futuro.
Los mejores estudios jurídicos y abogados especializados en concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP) respaldaron la posición del municipio de Lima, pero el MEF se mantuvo en sus trece y no dio la opinión favorable. La idea de los funcionarios del MEF era que la licitación debería regresar al momento previo a la integración de las bases, lo cual para los abogados expertos en la materia era, simplemente, una locura. Debe decirse que dicha decisión no podía ser tomada pues iba contra todo el marco legal establecido y exponía a riesgos a todos los directivos de Protransporte.
Dado que el MEF tiene un plazo de cumplimiento que de no cumplirse causa silencio administrativo, la adjudicación fue consentida y Lima se preparaba para beneficiarse de que todos los pasajeros de los corredores complementarios podrían utilizar una tarjeta con una alta capacidad tecnológica que le permitiría interoperar con los validadores de la línea 1 del Metro y del Metropolitano. Pero la gestión amarilla, anuló la licitación de la operación de recaudo privado, lo que causó que el concesionario ganador (GMD) interponga un recurso judicial contra la MML. La anulación fue dada con toda la intención de adjudicar a dedo (hay declaraciones públicas de los directivos de Protransporte al respecto) el sistema de recaudo de corredores complementarios al operador de recaudo del Metropolitano que es un 40% más caro que la oferta económica de GMD.
Entre enero del 2015 y junio del 2017, la MML no hizo nada para volver a licitar apropiadamente un sistema de recaudo privado de forma apropiada. El 28 de julio del 2017, el Gobierno nacional lanzó la iniciativa de la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano de Lima y Callao que tendría facultades para armonizar el funcionamiento de las rutas de todos los modos de transporte y administrar los sistemas privados de recaudo. A pesar de que la iniciativa legislativa del poder ejecutivo ya está en discusión en la Comisión de Transportes del Congreso, la MML ha sacado de la manga un esquema de recaudo provisional que, todo indica, está dirigido a que gane el concurso el operador privado de recaudo del Metropolitano. Es decir, que generará que en los corredores complementarios, se tenga una tarjeta que no sea interoperable con la línea 1 del Metro ni con las demás líneas de la red básica del Metro.
Entiendo la desesperación de los operadores de corredores complementarios que esperan que el sistema de recaudo privado opere por diferentes necesidades, pero ir a un sistema de recaudo con una tecnología obsoleta sólo para que la gestión amarilla favorezca a un interés particular es un escándalo. Si la gestión amarilla quiere licitar un sistema privado de recaudo debe hacerlo bien y las exigencias deben ser, por lo menos, semejantes a la licitación que culminó el 2014 y que fue ilegalmente anulada por Protransporte. ¿Para qué se ha puesto sobre la mesa el tema de la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano Lima Callao, si la MML va a tomar decisiones absurdas para complicar su gestión y hacerla menos eficiente con el afán de favorecer a una empresa amiga?
La verdad es que la decisión de concursar a través del Scotiabank (para evitar realizar una licitación pública con los controles correspondientes), el sistema de recaudo privado con carácter provisional por tres años, es una decisión del todo cuestionable y que merece el máximo escrutinio público. Una perla más de la gestión de Luis Castañeda y una bomba de tiempo más de una gestión que en el transporte ha sido tan deficitaria, que ha logrado generar un consenso alrededor de la necesidad de que se cree una Autoridad Única del Transporte Urbano, que –en la práctica- despojará de sus principales competencias a los gobiernos provinciales de Lima y el Callao.
