Foto: Habla Castañeda
Escribe Gustavo Guerra García
Los limeños votaron el 2014 con la esperanza de que su nuevo alcalde culmine con buena gerencia las reformas que estaban en marcha en Lima. Sin embargo, contra los intereses de la ciudad, el actual burgomaestre ha procedido a desarticular todos los procesos en curso. Los primeros avisos se dieron cuando negó que existe un Plan de Desarrollo Urbano al 2035 (PLAM) concordado con EL Callao. Lo único que tenía que hacer la gestión amarilla era ponerlo en consulta y luego aprobarlo por ordenanza. La decisión de ignorar el PLAM, generó que se produzca un movimiento en todos los centros de estudiantes de arquitectura que hasta ahora marchan por una Lima Planificada.
Al poco tiempo, se agudizaron los problemas cuando el alcalde anuncia que la reforma del transporte no existe y empieza a demolerla sistemáticamente. La reforma del transporte ha sufrido la anulación de la mitad de los contratos de Corredores Complementarios, la anulación de la adjudicación de la licitación de recaudo privado (tarjetas electrónicas del SIT), la cancelación del estudio de factibilidad de la infraestructura (semafórica, vial y de paraderos) de los corredores complementarios, y la cancelación sin explicación de todas las licitaciones de las rutas de aproximación e integración.
Desmontar la reforma en un 90% de su cobertura y despedir a cientos de inspectores ha generado la proliferación de los taxis informales y colectivos ilegales que sólo en el Corredor Tacna-Garcilaso- Arequipa (TGA) llegan a ser 30,000 por día. El alcalde despidió al 90% de los inspectores y construye un By Pass con 530 grietas que nadie le pidió. Con esas dos decisiones ha logrado que la velocidad de circulación de los buses baje de 15 Km. por hora a 10 Km. en TGA. Como consecuencia, los pasajeros por día han bajado de 160,000 en diciembre del 2014 a 110,000 en la actualidad.
Pero allí no quedan todos los males. Murales que eran obras de arte han sido pintados de amarillo y en infraestructura nos está quitando el Ovalo Canta Callao en Los Olivos, la ampliación de la Separadora Industrial hacia la Panamericana Sur, los viaductos que debían hacerse entre el centro histórico y San Juan de Lurigancho y el Teleférico al Cerro San Cristobal, que lo cambió por un servicio inseguro sobre la base de buses transformados irregularmente.
Además, ha cometido la barbaridad de cancelar unilateralmente el proyecto del túnel de Javier Prado-La Marina-Faucett, y acosa a los concesionarios de los proyectos “Túnel del Centinela” y de “Vía Expresa Sur” con el objetivo de que no se inicien las obras. Con ello nos quedamos sin un túnel que conecte La Molina con la vía Expresa por debajo de Angamos-Primavera, y sin la continuación de la Vía Expresa desde la Estación Las Flores hasta la Panamericana Sur.
Al mismo tiempo, la gestión amarilla nos ha quitado el proyecto de espacio público más importante de la ciudad que era el Proyecto Río Verde, que tenía como objetivo la recuperación de la ribera del Río Rímac y aportaba un parque con una extensión equivalente a la del Campo de Marte.
En seguridad, a pesar de la crisis que vive el país, Luis Castañeda despidió a ciento de serenos, pues van a “optimizar” el servicio.
En lo social, la gestión amarilla impidió el traslado de los Shipibos de Cantagallo a Campoy, lo que pudo haberles salvado de la tragedia ocasionado por un incendio. Además, la gestión amarilla no gastó el 95% de los recursos para atender la emergencia durante el Niño Costero.
Y en perjuicio de los habitantes de Lima Norte y de Puente Piedra, adelantó ilegalmente el cobro de un peaje asumiendo una extraña defensa de los intereses de la empresa por encima del bien común.
Para redondear el desastre, la gestión amarilla ha permitido la venta total de las acciones de la concesión de OAS en Línea Amarilla y la venta de la mayoría de las acciones de Odebrecht en Rutas Nuevas de Lima, en circunstancias que el país requería los activos se mantengan bajo control de dichas empresas para que gobierno del Perú pueda cobrar las reparaciones que nos corresponden.
Ahora, la gestión amarilla sigue tratando de imponerle a los vecinos más pasos a desnivel que acabarían con todos los árboles de la Avenida Salaverry e intenta ensanchar la Avenida Benavides contra lo establecido en el plan urbano de Miraflores.
Para coronar, es de público conocimiento que la gestión de defensa civil y de fiscalización de la MML están seriamente comprometidas con denuncias públicas de comerciantes sobre coimas y extorsiones para aprobar diferentes permisos y certificados en lugares, en donde el descuido y la informalidad han causado varios incendios con muertos y heridos. Por todas estas razones, el alcalde de Lima debe renunciar. Es necesario que la ciudad de Lima recupere su dignidad. Ya es hora.
