Andina
Paulina Garzón
Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina, IISCAL
El pasado junio se realizó en Lima la segunda ronda de negociación para la “optimización” del TLC Perú-China. Vale recordar que la negociación del primer acuerdo en el 2008 incluyó 6 rondas a largo de un año. Según declaraciones oficiales, se habrían revisado temas relativos al comercio de servicios, inversiones, procedimientos, reglas de origen, propiedad intelectual, y comercio electrónico. Sin embargo, llama la atención que no se hayan evaluado los impactos del primer TLC en cuanto a sus implicaciones ambientales y sociales en la extracción y comercio de minerales, el sector más importante de cooperación financiera y comercial entre ambos países. En los 9 años de existencia del primer TLC, la minería (principalmente el cobre) representó el 83.5% de un total de US$ 76,835 millones acumulados de las exportaciones totales a China, según cifras oficiales.
Las Bambas y Marcona son dos ejemplos emblemáticos de los proyectos mineros chinos en Perú. Según un reporte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA) durante los últimos dos años, en Las Bambas, proyecto operado por China Mineral and Metals Group se han promulgado 7 estados de emergencia. Según la ley peruana el estado de emergencia es una medida de excepción, pero las autoridades lo han usado regularmente para controlar a las poblaciones locales que han usado el bloqueo de carreteras para exigir el respeto de leyes ambientales y el derecho a la consulta; y compensaciones equitativas por sus tierras. Hasta hoy, los conflictos en Las Bambas arrojan un saldo de 4 muertos. En el caso del proyecto minero en Marcona, la empresa china Shoungang Hierros del Perú ha sido sancionada en múltiples ocasiones por infringir la legislación laboral relacionada a tercerización irregular y contratación laboral fraudulenta, discriminación salarial, incumplimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo (incluyendo accidentes fatales), y despidos masivos.
El pasado Abril, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Perú Equidad, CooperAcción, y el CICDHA exhortaron al Ministro de Comercio y Turismo del Perú, Edgar Vásquez, a integrar en el TLC Perú-China “optimizado” “… medidas que garanticen que los proyectos … [estén en] conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Con el primer TLC con China, Perú no logró alcanzar la diversificación de sus exportaciones y tampoco un incremento sustancial de productos con valor añadido; al contrario, ha fortalecido el viejo modelo primario exportador. La “optimización” del TLC debería constituir una oportunidad para el cambio. Algunos pasos en esa dirección incluirían: (i) abrir un espacio de participación para las organizaciones sociales en las siguientes rondas de negociación; (ii) una evaluación independiente y comprehensiva de las inversiones chinas en el sector minero; y (iii), la incorporación de capítulos sobre medio ambiente y derechos humanos en el TLC “optimizado”.
