La gran Corrupción

Escribe Gustavo Guerra García

Los primeros registros de sobornos de Odebrecht, datan del primer gobierno de Alan García en relación a los proyectos: Chavimochic I y Charcani V. En estas dos obras hay pruebas en Brasil con registro de depósitos al ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Jorge Ramos Ronceros. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa –el Barata de la época-, que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución del Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, el Maiman de aquellos tiempos.

Luego, durante el fujimorato, US$1,800 millones se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción. US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción en los gobiernos de Alberto Fujimori. Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y luego 35 más se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó cuantiosos gastos en compra de armamentos después del conflicto con el Ecuador, varias obras sobredimensionadas (Carretera Ilo-desaguadero y la Presa de Cuchoquesera) y varias privatizaciones que subvaloraron activos.

Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras se reinstaló y logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que, según estudios auspiciados por la propia Odebrecht, se generaron beneficios por US$1,900 millones, pero los costos ascienden a US$4,500 millones sumando inversión, conservación y emergencias. Perdimos US$2,600 millones. Hubo muchísimas irregularidades en la Interoceánica del Sur. Todas ponían en posición de indefensión al Estado y fueron señaladas inicialmente desde el Partido Democrático Social (PDS), germen de Fuerza Social- desde el 2005, y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República nunca hizo nada efectivo.

Las decisiones de política pública en relación a la Interoceánica del Sur eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de Brasil, Suiza, el Reino Unido y los EE.UU. Pero, por mucho tiempo no existieron pruebas que hoy sí tenemos. Debe decirse que también en relación a la Líneas 1 del Metro de Lima hay sobornos comprobados, por lo que dicho proyecto es el único en el que se han comprobado coimas a lo largo de 29 años.

Hoy por hoy. Tenemos a dos ex presidentes en la cárcel y a un ex presidente prófugo en los EE.UU. Ollanta Humala merece ser investigado por varios casos y es apropiado que se analicen a fondo los proyectos de la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Toledo y García, las pruebas de corrupción no han sido presentadas. Por ello, la prisión preventiva parece excesiva, pues el fiscal aún no ha formulado la acusación y parece bastante inequitativo que no haya la misma diligencia en la Fiscalía para investigar la información que proviene de Brasil sobre el financiamiento de Odebrecht a las campañas de Keiko Fujimori y Alan García. También preocupa que justo cuando empieza a fluir la información sobre Keiko y García, un fiscal acuse a Barata y genere que se interrumpa el traslado de la información de la corrupción peruana desde el Brasil.

De otro lado, el gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llegó muy a destiempo, pues el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además, debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar y elevar el valor de dichas concesiones. OAS, por ejemplo, invirtió US$490 millones en la Línea Amarilla y la vendió en US$1,500 millones. ¿Cómo es posible que se haya producido semejante diferencia?

A pesar de todos los problemas señalados, esta es una buena época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años, cuando denuncié las irregularidades del proyecto de la Interoceánica del Sur, yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras. Si la Fiscalía resuelve los problemas que traban el flujo de información, caerán todos los que corresponde que sean imputados y, por una vez, se habrá golpeado de forma definitiva al más grande agente de gran corrupción en Perú. Si se puede.