Escribe María Ysabel Cedano
¿Quién decide si lo que hacemos es ilegal y sancionable?
En el Congreso, están decidiendo sobre la legalidad o no de nuestras conductas sexuales y reproductivas. Y las penas sí son consideradas delitos y faltas. Es la peor reforma del Código Penal de los últimos 30 años. No es garantista de los derechos humanos. El derecho penal es usado por las fuerzas conservadoras y fundamentalistas en el Congreso para imponer su moral y creencias sobre sexualidad y reproducción.
¿Crees que se comete prostitución infantil o explotación sexual? La propuesta del nuevo Código Penal que el Congresista Eguren llevó al Pleno con respaldo del Fujimorismo tipifica como delito la “prostitución infantil”. Actualmente, en el caso de personas adultas, la prostitución no es delito salvo cuando es forzada. Y debe seguir así. Pero, en caso de menores de edad, lo que corresponde es sancionar esta conducta siempre como explotación sexual y sancionar severamente. El Ministerio de la Mujer se ha pronunciado al respecto. Sus observaciones habrían sido consideradas.
¿Crees que se debe exigir un testigo para sancionar penalmente el acoso sexual? El acoso sexual es una forma de violencia sexual contra las mujeres generalizada y naturalizada. Es un mecanismo de control social machista sobre el cuerpo, la sexualidad y la identidad de las mujeres. Los acosadores atacan y dañan la integridad y salud de las mujeres. Deben ser sancionados y no o se debe exigir un testigo. El patriarcado se resiste a valorar el testimonio de las mujeres, ve amenazada su conducta sexual machista y no desea ser sancionado. Esto sólo contribuirá a la impunidad de los acosadores.
¿Sabías que antes de 1991, la violencia sexual se sancionaba para proteger el honor de las mujeres y no la libertad sexual? ¿Sabías qué la violencia sexual dentro del matrimonio y entre personas del mismo sexo recién son delitos desde 1991? ¿Sabías que recién en 1997 se logró la derogatoria la eximente de pena al violador que se casaba con su víctima? ¿Sabías que ahora se sanciona la violación sexual con objetos y la penetración en cualquier parte del cuerpo mediante violencia física y amenaza grave? Las feministas han logrado esto y siguen luchando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual como acto de poder y por lo tanto que niega el derecho de las mujeres a decidir.
¿Quién decide si es legal o ilegal interrumpir un embarazo voluntariamente?
Hace 90 años, el Estado despenalizó el aborto terapéutico. La lucha feminista logró que se aprobara el protocolo de atención del aborto terapéutico en el 2014. El PPC y los fujimoristas han intentado que se convierta en ilegal durante este Congreso. En el marco de la reforma del código del Niño/a y Adolescente, pretendieron que reconozca derechos absolutos al concebido. De esta forma, los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos a la vida y la salud, serían de menor jerarquía. En el proyecto fujimorista el consentimiento de las mujeres no importa. Es el Estado y las Iglesias quienes deciden por ellas.
Las fuerzas del PPC y el Fujimorismo han liderado el archivamiento del proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual a pesar de contar con el apoyo de más de 100 mil ciudadanas/os y de la opinión pública. Inclusive del Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer. En el marco de la reforma penal, lideran las propuestas para agravar las penas en todos los casos de aborto y están creando el delito de “Aborto Imprudente”. No sólo mantienen como ilícito el aborto por violación sino que ahora se sancionará con trabajo comunitario, es decir, buscan que la pena sea efectiva. Nos les interesa que las mujeres que han decidido abortar sigan muriendo y se lesionen por causa de suicidios (sobre todo de las mujeres jóvenes), abortos clandestinos e inseguros. Nos les importan las recomendaciones de instancias del sistema universal y regional de protección a los derechos humanos para que se despenalice el aborto en caso de violación. Cabe señalar que las observaciones del Ejecutivo sobre el nuevo código penal no han respaldado la opinión técnica favorable del Ministerio de la Mujer, ente rector de las políticas de igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres.
¿Hasta cuándo las mujeres no tendremos garantizado nuestra autonomía plena, la igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia?
¿Cómo queremos ser madres? ¿Producto de una decisión personal? ¿De una decisión de pareja? ¿De una violación? ¿De un descuido? Por decisión: esta es nuestra respuesta.
Desde fines de los 80, las feministas hemos disputado con los adversarios conservadores, fundamentalistas y antiderechos de las mujeres sobre nuestras libertades y derechos en el campo de la regulación penal sobre la sexualidad y la reproducción.
Todas las Comisiones revisoras del Código Penal desde fines de los 80, han propuesto despenalizar el aborto por violación.
El sistema de protección universal y regional de los derechos humanos nos respalda.
Hoy, en pleno siglo XXI, exigimos que el Estado reconozca, respete y garantice nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos.
Las mujeres sabemos que no hay fundamento jurídico nacional e internacional que nos niegue el derecho a decidir. En el Perú, nos hemos declarado en lucha por el respeto y garantía de nuestros derechos fundamentales.
Rechazamos proyectos autoritarios, dictatoriales y confesionales como el fujimorista que esterilizó forzadamente en los 90, que ahora impone maternidades y embarazos producto de violación, que niega derechos a las personas LGBT dejando en la impunidad los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y que en el futuro pretenden someter a consulta nacional su política de planificación familiar, según se lee en su plan de gobierno.
Nadie nos puede obligar a nada. Ni el Estado, ni la religión y la sociedad.
Las mujeres sabemos. Nuestra verdad es la de nuestros cuerpos. Luchamos por nuestra dignidad y felicidad. Exigimos un Estado y gobierno que nos lo garantice.
