José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y actual jefe del programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de la ONG CooperAcción, alerta sobre el futuro del agua en Perú y explica las principales razones que motivan los conflictos socioambientales alrededor de proyectos mineros. Le preocupa la pasividad y poca precaución por parte de las autoridades competentes, así como la omisión de los costos ambientales: “Tenemos que considerar el costo de la degradación ambiental para sincerar las cifras macroeconómicas”, señala.
P.- ¿Cuáles son los principales problemas de la gestión del agua en el país?
R.- Se debe transparentar la información, identificar cuáles son los problemas que el país tiene que enfrentar. La información que se maneja tiene tres décadas de antigüedad. Hay que tener un adecuado diagnóstico sobre cuál es la situación y cuál es la problemática del agua. Un segundo tema es que Perú está identificado como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, estamos en un proceso de desglaciación, todos los glaciales que están por debajo de los 5 mil metros van a desaparecer en los próximos años. Vamos a perder esa capacidad de almacenar, ese es un tema clave, fundamental.
Tenemos que identificar dónde están las situaciones de estrés hídrico en el país; por ejemplo, lo que sucede en Ica, en la la zona de costa de Arequipa, pero también en el norte del país y otras regiones. Por ejemplo, ahora todo el mundo reconoce que en el valle del Tambo, en Islay Arequipa, se vive una situación de estrés hídrico, sin embargo, entre el 2010 y 2011, en el primer EIA del proyecto Tía María, la empresa pretendía utilizar agua de la cuenca, lo que provocó una férrea oposición de la población.
P.- La Defensoría del Pueblo registró 153 casos de conflictividad social vinculada al agua durante los años 2011 y 2014. ¿Qué políticas públicas se deben implementar para fortalecer la gobernanza del agua en zonas mineras?
R.- Tenemos marcos normativos que ya existen, pero no hay capacidad institucional ni voluntad política para defenderlos e implementarlos. Hay que fortalecer la institucionalidad existente; hay que ver y analizar cómo está funcionando esa institucionalidad vinculada al manejo de las cuencas, al manejo del agua; hay que buscar coordinación y una articulación integral, transversal. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) está inscrita a un ministerio de un sector que es el principal consumidor del agua (Ministerio de Agricultura). Lo ideal para un país como el Perú es que la ANA se convierta en una autoridad transversal, transectorial. Particularmente, preferiría verla como un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
La institucionalidad ambiental en el país tiene que fortalecerse, no se tiene que debilitar. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años con los denominados paquetazos ambientales (Ley N° 30230, Ley N° 30227, Decreto Supremo N°054 y Decreto Supremo N°060), es una clara muestra que hemos retrocedido en institucionalidad ambiental.
P.- ¿Qué debilidades existen en la fiscalización de los recursos hídricos en el país?
R.- La Ley 30230, aprobada en julio del año 2014, debilitó tanto la capacidad sancionadora como de fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En la práctica, el OEFA ha sido puesto en la congeladora durante tres años y eso, sin duda alguna, es un retroceso preocupante. En el tema del agua hay muchas instituciones que tienen competencia en este tema pero que no coordinan entre sí. Por ejemplo, para el tema del consumo humano se encarga las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA); para la calidad es la Autoridad Nacional del Agua; para el caso de los vertimientos y los límites máximos permisibles es el OEFA, que como hemos mencionado ha sido debilitado en su capacidad sancionadora por la ley 30230.
P.- Usted mencionó que todos los años el Perú pierde 6 mil millones de dólares en costos ambientales. ¿El Estado ha considerado ese factor al momento de aprobar los proyectos mineros?
R.- No, lamentablemente son todavía costos invisibles. Creo que hay que comenzar a sensibilizar y visibilizar esos indicadores. Así como nos dicen todos los meses o todos los años que la economía creció en tanto, bueno hay que comenzar también a decir “la degradación aumentó tanto, nos costó tanto del Producto Bruto Interno”, porque así como las actividades productivas ayudan a sumar y a que crezca la economía del país, la degradación ambiental si no es abordada adecuadamente, es una resta que hay que comenzar visibilizar para sincerar las cifras macroeconómicas.
P.- Durante la campaña electoral, Roque Benavides, presidente ejecutivo de la minera Buenaventura, escribió en El Comercio un artículo titulado “Elecciones, minería y agua” donde sostenía que el agua debe ser un tema central en las propuestas de los candidatos y desde luego, en la agenda del próximo gobierno.
R.- Creo que todavía los partidos políticos no incorporan en serio el tema ambiental, siguen pensando en la economía como si estuviésemos en la década del 50. Hay que comenzar a entender que en Perú y en el mundo hay una crisis ecológica, un proceso de cambio climático y, si la economía no incorpora las variables ambientales, estamos haciendo la economía del siglo pasado.
Si uno revisa los planes de desarrollo de todos los ministerios productivos y de infraestructura, la variable del cambio climático no existe, pensamos que es de otro planeta y no entendemos que es un tema de este planeta y, más aun, no entendemos que nuestro país está identificado como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Es un error garrafal. Además, el principal indicador que presenta el país y que lo ubica entre los más vulnerables al cambio climático es la perdida alarmante de ecosistemas que almacenas y producen agua.
P.- Roque Benavides exhortaba a una gestión de recursos hídricos de manera integral y proponía la creación de reservorios. ¿Cree que es la solución?
R.- No es la solución y, en segundo lugar, ellos plantean los reservorios en muchas zonas del país como un reemplazo a los ecosistemas de lagunas altoandinas, el caso de Conga es el mejor ejemplo de eso. Este proyecto minero buscaba secar todo un ecosistema de lagunas altoandinas: dos lagunas iban a ser secadas porque ahí estaba la zona mineralizada, y otras dos iban a ser afectadas para ser utilizadas como depósitos de desmontes del proceso productivo. Entonces los reservorios están siendo pensados por la minería y por los empresarios mineros como instrumentos que reemplazan a las lagunas, no como algo que suma o añade.
Un ecosistema de lagunas altoandinas le pertenece a todos los peruanos, es un activo natural del país y pretenden ser reemplazadas por reservorios que finalmente son bienes privados. Además, los reservorios están construidos en función del proceso productivo de la minería, por más que después vayan a ser transferidos al país.
P.- ¿Qué tan importante es el agua para la minería si el gremio minero repite constantemente que consume solo el 1% del agua a nivel nacional?
R.- Tengo entendido que esa cifra es de hace tres décadas; por lo menos se debería actualizar e informar la metodología que han empleado. Sería clave pedirle a la ANA que nos actualice esa cifra. Lo segundo es que los promedios nacionales ocultan lo que pasan en determinadas zonas, en determinadas cuencas; entonces me pueden decir que la minería consume el 1% del agua disponible en todo el país (cosa que en realidad no es cierto), pero, por ejemplo ¿cuánto consumen las mineras en la cuenca hidrográfica de Cajamarca? Ahí ya no es 1%. Por ejemplo, en la cuenca Mashcón hay estudios que muestran que estamos hablando de un 34%.
P.- Desde el sector minero se afirma que la minería no tiene gran impacto en la calidad y disponibilidad del agua, ¿hay informes técnicos que sustenten esas afirmaciones?
R.- La principal fuente conflictiva social tiene como origen proyectos productivos vinculados a la minería, lo dice la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros y cualquier persona que conoce un poco sobre lo que pasa en el país en materia de conflictividad social. ¿Por qué se producirían los conflictos si no hay impactos? Es un poco contradictorio afirmar eso.
Lo cierto es que la minería causa una rápida alteración del régimen hidrológico y severas restricciones de acceso al agua para otros usuarios, lo que a su vez provoca conflictos.
Entonces, la minería es una actividad que tiene impactos muy importantes, muy significativos, sobre todo la gran minería pero también la pequeña, la minería informal, la minería artesanal y la minería ilegal, sobre todo la aluvial.
P.- El programa electoral del presidente electo, Kuczynski, desarrolló de manera más detallada y extensa propuestas en relación al agua. Propuso dotar personería autónoma a la ANA, concluir el sistema nacional de información de recursos hídricos, y la creación de una Red Nacional de Vigilancia del Agua para colaborar con el control de las fuentes y el reporte del agua con participación social. ¿Cómo valora esas propuestas?
R.- Todo eso me parece correcto pero insuficiente porque en el programa de Peruanos por el Kambio, en la página 131, se asume plenamente el discurso de la tramitología, están convencidos que en el Perú hay un exceso de trámites, un exceso de permisos, un exceso de burocracia que no digo que no exista, pero ellos señalan que es el factor fundamental por el cual en los últimos años la inversión en minería ha decrecido. Se olvidan aceptar que hay una tendencia global que muestra que se acabó el periodo de superciclo de los precios. Lo que me preocupa es que ellos, a partir de esa identificación, pretendan insistir en debilitar la institucionalidad ambiental, las regulaciones ambientales, y como parte de esas regulaciones está el tema del agua.
P.- PPK propuso el “adelanto social” en las zonas de proyectos mineros. ¿Considera que esta propuesta va a resolver la conflictividad?
R.- Entre el año 2003 y el año 2011 o 2012, en el periodo del superciclo, hubo una trasferencia muy importante y muy significativa de recursos económicos a las regiones donde había actividad minera; sin embargo, en esos años los conflictos aumentaron, se llegó a 278 conflictos. Volvemos al diagnóstico: los conflictos no solamente se deben a causas económicas o a demandas no satisfechas de cierta infraestructura; la gente también está preocupada por los impactos ambientales que generan las actividades, les preocupan los impactos sociales que generan y también quieren defender sus formas de vida, su cultura que muchas veces se ve transgredida por la llegada de actividades como la minería. La idea es generar equilibrios.
P.- ¿Qué medidas deberían tomarse desde el Ejecutivo para abordar esta alta conflictividad social por el agua?
R.- No hay un sistema nacional que permita un abordaje de los conflictos de manera distinta, incluso en el Perú se sabe que tal o cual conflicto le pertenece al Ministerio del Ambiente, otro conflicto le pertenece al Ministerio de Energía y Minas, el otro al Presidencia del Consejo de Ministros y cada uno actúa de acuerdo a sus criterios y a su mejor forma de entender las cosas. Lo que necesitamos es una actuación integral; un sistema que permita un abordaje multisectorial; que haga la efectiva la presencia del Estado en las regiones; con una estrategia que priorice la prevención y con un claro enfoque de derechos.
P.- Usted mencionó que teme que el gobierno de PPK priorice el enfoque económico, olvidando la multidimensionalidad que caracteriza a los conflictos. ¿Cómo cambiar esa mirada?
R.- El reto es influir en el debate público, plantear algunas iniciativas y algunas propuestas sobre cómo entendemos los problemas y cómo deberían ser abordados. Regreso a la idea de un Estado que tenga una capacidad de actuación multisectorial (tenemos un Estado que funciona con una lógica de compartimiento estancos), con los diferentes sectores o ministerios articulando; garantizando presencia en los territorios, previniendo y reconociendo y defendiendo derechos.
P.- El Ministerio de Energía y Minas afirma que hay más de 6.800 pasivos ambientales por la actividad extractiva. ¿Qué peligros suponen para la población? ¿Se está haciendo algo para frenar los daños?
R.- Cuando se habla de pasivos ambientales mineros hay dos indicadores que hay que utilizar: el número de pasivos y el número de pobladores que están en la zona de influencia de esos pasivos. Hemos tenido un enorme déficit en la identificación de pasivos ambientales y, sobre todo, de pasivos ambientales mineros. Lo que el Estado ha hecho en los últimos años es sincerar ese inventario, construirlo, se ha vuelto más riguroso y por lo tanto el número de pasivos ha aumentado.
Lo más complicado y grave es que un número significativo de esos pasivos no tienen dueño, no hay empresa responsable, entonces ese pasivo ambiental que nos ha dejado una actividad productiva, al final tiene que ser asumido por el Estado peruano.
P.- Frente a un sismo de grandes proporciones, 9 millones de habitantes se verían afectados por la contaminación del río Rímac con relaves de Huarochirí, ¿qué hacer para prevenir esto?
R.- Los riesgos por los pasivos ambientales en la zona de la cuenca alta del río son enormes. Pese que esa situación está identificada desde hace bastante tiempo, no se ha hecho absolutamente nada para evitar que una situación de emergencia pueda provocar un daño ambiental a la principal cuenca de Lima. Es un excelente ejemplo de lo que pasa en varias partes del país, pasivos que están ahí y que pueden provocar situaciones de emergencia y catástrofes ecológicas. Lo lamentable es que uno ve mucha pasividad de parte de las autoridades correspondientes y en la práctica no se hace nada.
P.- Pese a que Perú es uno de los países con más agua dulce del planeta, el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) prevé que para el 2040 nuestro país será uno de los más vulnerables al estrés hídrico. ¿Qué futuro le espera?
R.- Si seguimos en esa tendencia, la situación se volverá más complicada. Ya hemos perdido el 20% de la Amazonia a nivel continental y un 20% adicional está seriamente deteriorado. Tenemos que ser conscientes de que efectivamente el Perú forma parte de una de las más importantes reservas de agua dulce a nivel global, pero al mismo tiempo el ecosistema está seriamente presionado y afectado. Además, por temas de geografía y densidad poblacional, no hay que olvidar que apenas el 1.8% del agua disponible se ubica en la vertiente del Pacífico, precisamente donde se ubica la mayor parte de la población y las actividades económicas más dinámicas. Al Perú le toca hacer su tarea, tiene que desarrollar estrategias serias, políticas consistentes e instituciones que puedan implementar esas políticas.
