A pesar de que muchas empresas mineras han obtenido préstamos en el Programa Reactiva Perú y que el precio de los metales está en alza, las minas han aplicado la suspensión perfecta de manera arbitraria, señala la abogada laboralista Nelly Ledesma, advierte que la crisis sanitaria se ha convertido en una excusa de las mineras para atacar a los sindicatos a través de despidos injustificados, como es el caso de tres empresas mineras: Shougang, Marsa y Chinalco, donde tres importantes dirigentes han sido despedidos por denunciar los masivos contagios de Covid-19 y las condiciones laborales en este contexto.
La crisis sanitaria ha sido un detonante de la situación laboral que los trabajadores mineros ya venían denunciando, como es el caso del abuso de la tercerización, la precarización de los sueldos y las jornadas atípicas prolongadas, sostiene la abogada Nelly Ledesma. “En la actual coyuntura, las empresas mineras se han aprovechado y han aplicado suspensiones perfectas arbitrarias. Los trabajadores, ya sean de planilla como los de contrata han tenido afectación a su libertad sindical y a su derecho al trabajo. El sector minero no está en malas condiciones, pero está usando a la pandemia como excusa para despedir y suspender a los trabajadores sindicalizados. Al extremo que algunas mineras han pedido el cierre por tres años con la finalidad de acabar con los sindicatos, como es el caso de la mina Raura y Atacocha. El golpe que se está dando es a la libertad sindical”.
Añade Ledesma que actualmente hay una vulneración a la libertad sindical. “Los empresarios han visto, en la crisis sanitaria, la oportunidad para desaparecer sindicatos. Están cesando a los trabajadores con el criterio de que el sindicato es el enemigo de la empresa, pero eso no es así: lo único que hacen es fiscalizar. Por ejemplo, han despedido a dirigentes sindicales de las mineras Marsa, Chinalco y Shougang, por denunciar los contagios masivos o por denunciar el incumplimiento del protocolo de prevención sanitaria, adicionalmente se les ha denunciado penalmente. Hay una persecución hacia los dirigentes sindicales, y eso pasa porque hay una ausencia del Estado peruano que está dejando solos a los trabajadores con sus empleadores, para que resuelvan el problema entre ellos, siendo la parte más fuerte el empleador”, señala la abogada laboralista.
Con respecto a las denuncias de contagio masivo de Covid-19 en las unidades mineras, denuncia Ledesma que los contagios que se vienen dando en los campamentos no están siendo reportados al Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas ni al Ministerio de Trabajo, a pesar de que es una obligación legal las empresas no están informando, por lo que no hay una cifra oficial de contagio de los trabajadores de este sector productivo, agrega que la mayoría de los trabajadores mineros que han fallecido a causa de la pandemia han sido trabajadores de contratas.
En este sentido, la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FTMMSP) solicitó al gobierno central, las cifras oficiales de la cantidad de contagios en el sector, y que de acuerdo al monitoreo de las denuncias que vienen recibiendo estiman que son 10 mil los trabajadores mineros que han sido contagiados.
Para Ledesma, el problema de los contagios masivos es que los empresarios hicieron oídos sordos a las demandas de los trabajadores y sindicatos. “Los trabajadores mineros pidieron de manera mayoritaria que antes de ingresar a la mina se les tome pruebas moleculares y no rápidas, además solicitaron que cada unidad cuente con un centro médico que permita dar una atención adecuada y rápida. Esas recomendaciones no fueron acogidas por los empleadores”.
“Las empresas no informan porque quieren evitar responsabilidades y porque tienen miedo a las sanciones o a las denuncias porque en la legislación existe la responsabilidad del titular minero por solidaridad, es decir, lo que les pase a los trabajadores de contrata también es responsabilidad del titular minero. El problema es que tenemos un Estado débil, en este escenario se ve que no tiene la suficiente autoridad para solicitar que las empresas brinden esa información por transparencia. No hay ninguna entidad que esté fiscalizando y sancionando”, sostiene.
Cuestiona la abogada laboralista que con la pandemia se han aumentado las jornadas laborales.“Estas jornadas se han vuelto inhumanas, los trabajadores son internados entre 30 y 40 días, lo que viene generando estrés laboral”, dice Ledesma.
En cuanto al rol de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –Sunafil, señala la abogada que desde antes de la pandemia tiene un problema estructural, no cuenta con presupuesto, no tiene un horario adecuado para realizar inspecciones y tiene reacciones retardadas para realizar supervisión y fiscalización, y que con la crisis sanitaria se ha empeorado la situación. “Actualmente no están realizando inspecciones in situ, se está recurriendo a inspecciones vía virtual, vía zoom, entrevistas por teléfono y verificación de documentos, el trabajo que están haciendo es muy limitados. Es necesario repotenciar a la Sunafil con mayor presupuesto”.
*Tomado de la entrevista en vivo realizado por la historiadora Marilyn Céspedes para Gran Angular.
