Destacado, Entrevistas — Diciembre 6, 2016 a las 8:39 pm

“Los inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario”

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Estados Unidos es el principal comprador de telas y de alimentos como espárragos, uvas u hortalizas peruanas.  Sin embargo, el ‘made in Peru’ oculta una historia de abusos en empresas reconocidas como Topy Top o Agrícola Virú que venden a gigantes como Gap, Hugo Boss, Ralph Lauren o Wall Mart: acoso y despido de trabajadores sindicalizados, inestabilidad laboral con contratos de un mes, violaciones de la ley de seguridad e higiene y la falta de fiscalización laboral.
Estas precarias condiciones de trabajo y vulneración, amparadas por los regímenes laborales especiales  que regulan estos sectores,  fueron documentadas en la queja presentada por organizaciones sindicales ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Juan Carlos Vargas, economista de Programa Laboral de Desarrollo (Plades), explica el impacto de estas normas sobre los derechos de los trabajadores, y las negativas consecuencias que tendría para Perú si hace oídos sordos a las recomendaciones formuladas por EE.UU., enfrentándose incluso a una sanción económica.

¿Cuál ha sido el impacto económico del TLC en el sector exportador textil y agrario peruano?
El mercado norteamericano está  por encima del 65% para el sector textil y de confecciones,  y en el caso de los alimentos es un poco más variable pero sigue siendo EE.UU. el primer destino.

A pesar de la situación económica mundial, en ningún momento ha habido un revés económico  para la agroexportación; es más, este sector sigue creciendo. Si antes estaba concentrada en Ica, hoy en día se ha expandido hasta Arequipa, Ancash, Lambayeque, Piura, e incluso  hasta la selva para productos muy específicos.  Esta actividad está creciendo porque hay una demanda exterior y  precios interesantes que hacen rentable la actividad.  Las perspectivas económicas han sido muy positivas, y se prevé que sean  mucho más interesantes: va  a haber un crecimiento mayor de las exportaciones.

Los sectores textil y agrario han crecido con el TLC. Sin embargo, estas dos actividades trataron de ser potenciadas mucho antes y fueron reguladas mediante dos regímenes laborales especiales que tenían una función promocional, es decir, se pensaron para una duración determinada, sin embargo, se han ido prorrogando y el textil ha cumplido 38 años de vigencia.
El régimen más antiguo es  el Decreto Ley 22342 (Ley de Exportación No Tradicional) que data desde el año 1978, se promulgó durante el gobierno militar. Eran unos años de crisis internacional donde tuvimos un gran problema de acceso a divisas, de dólares, entramos todos en colapso, eso generó que se dieran una serie de incentivos para promover las exportaciones. Fue previsto como algo excepcional y transitorio, sin embargo ya ha cumplido 38 años. Por otro lado, en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción del Sector Agrario 27360, cuando era ministro de Agricultura José Climper, gerente general de una de las grandes empresas exportadoras de la época, Agrokasa. Esta norma también fue pensada para un periodo temporal, sin embargo, se ha ido extendiendo sin ninguna evaluación. Hay un cuestionamiento en este caso por un evidente conflicto de intereses.

La queja interpuesta sostiene que Perú está incumpliendo el capítulo laboral del TLC.  ¿Estas normativas  estarían generando a Perú ventajas comparativas (dumping social) sobre sus productos de exportación a costa de precarias condiciones laborales y menores salarios?
Las normativas que promocionan el sector agrario y textil efectivamente establecen menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones inferiores a las del régimen general.  Los trabajadores agrarios tienen menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o  perciben una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones.  Mientras que en la actividad textil se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional, perjudicando el derecho a la libertad sindical. Estos regímenes son discriminatorios.

Estas normativas estarían generado dumping social,  es decir, explotación de carácter laboral. El capítulo laboral es parte integrante del acuerdo y por tanto, Perú se tiene que comprometer a cumplirlo. Si el mecanismo de solución de diferencias determina que esa violación ha existido,  el país afectado puede imponer una represalia comercial de la magnitud del daño que ha sufrido por la otra parte, es decir,  Perú podría ser sancionado.

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El régimen agrario tiene la particularidad de que permite que  las empresas aporten menos a EsSalud. ¿Está el Estado subvencionado a las empresas agroexportadoras? La ley otorga un subsidio y permite que las empresas que están en el régimen de la promoción agraria solo paguen el 4%, mientras el resto de empresas pagan el 9%. EsSalud termina subsidiando a estas empresas. Es  necesario evaluar cuánto es el costo.

Desde el TLC las exportaciones textiles bordean los 2 mil millones de dólares anuales, y las agrícolas han crecido un 144%. ¿Tiene justificación-desde la perspectiva económica- que sigan vigentes estos regímenes laborales?
Nunca ha habido una revisión y evaluación del sustento objetivo de ambas normas. Creo que ha llegado  el momento de que la ley se reenfoque hacia sectores que quizá lo necesiten, como empresas pequeñas, que podrían dinamizarse o incentivar su actividad exportadora.  Hoy  en día la mayoría de las empresas que están usando estos regímenes son las grandes empresas;  cuando dicen que estos regímenes favorecen a las micros y pequeñas eso no es cierto, en realidad estos son regímenes están siendo usados mayormente por grandes empresas exportadoras.

El Departamento de Trabajo EE.UU. mostró su preocupación y formuló una serie de recomendaciones. Hasta el momento, el Gobierno peruano no se ha pronunciado al respecto. Quienes sí lo han hecho, son los gremios empresariales como Adex que señalan que si se modifican o derogan estos regímenes especiales se ahuyentaría la inversión ¿qué opina al respecto?
Lo que estaríamos admitiendo bajo ese razonamiento es que lo que busca la inversión es justamente tener facilidades para tener menores costos laborales. Hay muchos estudios que demuestran que lo que buscan las inversiones es un marco de estabilidad, que permita a las empresas operar.

Hace unos dos  años, un conjunto de renombradas marcas internacionales  (Adidas, New Balance o GAP), que compran a proveedores nacionales, estuvieron en el Perú. Todas las empresas internacionales que tienen negocios con empresas peruanas  en el sector textil y agrario tienen códigos de conducta, certificaciones, sistemas de auditorías, y es evidente  que están preocupadas por las normas que permiten vulnerar derechos, como el  de la libertad sindical de los trabajadores.

La conclusión  a la que llegaron estas empresas es que este régimen tiene que ser modificado, y esa conclusión la plasmaron en una carta que mandaron al presidente Humala, donde afirmaban que esta ley hace difícil que puedan cumplir con los códigos internacionales de conducta porque permiten violaciones de normas en las empresas peruanas y recomendaron que sea modificado.

¿Cuál fue la reacción de ADEX y de la Sociedad Nacional de Industria? Clamar autonomía y defensa de la soberanía nacional. Los inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario.

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