Para Lieven Pype, representante en Perú de Broederlijk Delen (BD) y coordinador de la campaña Espinar no puede esperar, la ley de debida diligencia de la Unión Europea (UE) alcanzaría a la empresa Suiza Glencore porque es una transnacional que factura montos mayores a 40 millones de euros anuales dentro del territorio de la UE; además, porque recibe créditos de bancos europeos que tienen una facturación mayor a 150 millones de euros anuales.
P.- ¿Cómo la ley de debida diligencia de la UE podría significar un cambio para Espinar?
R.- Frente a la ausencia y la incapacidad del Estado peruano de atender las demandas de la población de Espinar, esta ley, de ser aprobada, obligará a las empresas europeas que operan en terceros países, a cumplir una serie de normas y conductas para garantizar los derechos de la población en Espinar. De esta forma, la empresa estaría obligada a incorporar “políticas de debida diligencia” en todas sus operaciones, incluyendo las extraterritoriales, es decir fuera de la Unión Europea. Esto significa que van a tener que respetar obligatoriamente el medio ambiente y los derechos de los pobladores, van a tener que prevenir, mitigar y atender los daños potenciales o reales, eso incluye mecanismos de acceso a justicia, y la posibilidad de sanciones si no cumplen.
P.-¿En qué etapa se encuentra esta ley?
R.-En este momento se encuentra en la fase de discusión tanto en el Parlamento como en el Consejo. Esas tres instituciones, incluyendo la Comisión Europea, cada una por su lado, realizan lo que se llaman “lecturas” a la propuesta, es decir la discuten, y luego se unen en lo que se conoce como el “triálogo” de las instituciones para llegar a un consenso. Es raro que no se apruebe, después de tanta discusión, aunque podría suceder. Luego de ser aprobada, esta directiva pasa por los parlamentos de los 27 Estados miembros de la UE para ser integrada en la legislación nacional de cada uno.
P.-¿Por qué Espinar es el centro de atención de esta campaña?
R.- Porque la situación de los y las espinarenses nos demuestra los vicios históricos y actuales de las industrias extractivas, entonces, queremos demostrar a través de todo lo que no ha funcionado bien en Espinar cuales son los elementos que debería de contemplar esta directiva. De esta manera la norma debería contribuir a que en las inversiones actuales y futuras los impactos negativos, como la contaminación del agua con metales pesados, se pueden prevenir y los derechos se respetan en su integralidad.
P.-¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
R.- El objetivo es doble, por un lado, queremos lograr justicia para la población de Espinar, que por muchos años está esperando que se atiendan sus demandas. Por otro lado, queremos que la visibilización de lo que no funciona bien en Espinar sirva para poder convencer a los Parlamentarios y al Consejo de la Unión Europea de que hay que votar a favor de una ley que garantice derechos.
P.- ¿Por qué recaería responsabilidad en Glencore si no hay una prueba final de que el origen de la contaminación del agua sea por su operación minera?
R.- Existen muchos indicios y estudios suficientes que demuestran que hay una relación entre las operaciones mineras y la contaminación generada en Espinar. Pero, aun así, digamos que no hay un estudio científico definitivo, único, inobjetable, bien, aun así, se tendría que aplicar el Principio Precautorio que está incluido en la Ley de Debida Diligencia. ¿Qué dice este principio? Que la simple coexistencia de los daños (el agua está contaminada, eso es un hecho) con las operaciones debería ser motivo suficiente para obligar a la empresa a atender esta contaminación, la histórica, la actual y la potencial futura.
P.- ¿De qué trata el Principio Precautorio en el marco de esta Ley de Debida Diligencia?
R.- El principio precautorio implica que una empresa no solo espera a poder detectar daños reales, sino que los va anticipando; es decir hace un análisis de la posibilidad de que estos daños se produzcan y ante la existencia de riesgo ya está obligada a hacer todo lo posible para prevenirlo. Además de atender los daños cuando estos se produzcan por supuesto.
P.- ¿Por qué para ustedes no basta con que Glencore cumpla con las regalías mineras y el dinero del convenio Marco que otorga a Espinar?
R.-No, no basta. Glencore paga sus impuestos porque es su obligación, pero eso no le da derecho a vulnerar derechos de las personas o a afectar el medioambiente en Espinar. Estamos hablando de externalidades de sus operaciones que también conllevan a una responsabilidad. Entonces, Glencore por un lado tiene que cumplir con toda la normativa de pagar impuestos, de contribuir al desarrollo local, pero está a la vez obligada a que sus operaciones no impliquen impactos negativos para la población y su entorno.
P.-¿Qué significa que la ley de debida diligencia cubra a toda la cadena de valor de la operación minera?
R.-Toda la cadena de valor significa que la Ley de Debida Diligencia tomará en cuenta los daños que genera cada uno de los actores en la secuencia de extracción, de comercialización del cobre, eso implica tanto instituciones que financian como bancos, fondos de inversión, las empresas subcontratadas y también los compradores finales del cobre para fines de industrialización. Abarcar toda la cadena de valor significa que todos estos actores comparten responsabilidad.
P.- ¿La ley de debida diligencia alcanzaría a Glencore cuyo país (Suiza) no pertenece a la UE?
R.- Sí le alcanza. La ley de debida diligencia obligará a Glencore por tres razones: primero, porque factura un monto mayor a 40 millones de euros anuales dentro del territorio de la UE, siendo el umbral para sectores de gran impacto como la minería; segundo, porque recibe créditos de bancos europeos que tienen una facturación mayor a 150 millones de euros anuales como por ejemplo BNP Paribas o Deutsche Bank; y tercero porque vende cobre y otras materias primas a empresas europeas que también tienen una facturación mayor a 150 millones de euros.
P.-¿Puede una ley europea pasar sobre la legislación peruana, es vinculante para el Estado o es para la empresa?
R.-Si se aprueba la Ley de Debida Diligencia, esta se incluirá en las legislaciones de los países de la UE. A su vez las empresas de estos países que operan fuera de la Unión Europa están obligadas a cumplir. Esta ley no será vinculante para el Estado peruano, ni para las poblaciones afectadas. Lo que si va a suceder es que estas últimas van a tener una puerta abierta en la UE para denunciar los daños.
P.-¿Por qué hablamos de justicia para Espinar?
R.- Porque hay que restituir los derechos donde han sido vulnerados. Justicia implica acceso integral a servicios especializados de salud para las personas con metales tóxicos en la sangre, por la contaminación histórica y actual. También hablamos de justicia porque tiene que haber, desde nuestro punto de vista, una reparación. Hablamos de justicia porque se ha atropellado injustamente el derecho al territorio, a la identidad cultural, el derecho a la consulta previa, porque se ha criminalizado la protesta social para reclamar por estos derechos.
P.-Hablemos del comportamiento empresarial de Glencore, ¿cuál es su evaluación?
R.-Las noticias nos demuestran que Glencore es una empresa altamente cuestionada desde distintos ángulos, tiene actualmente una demanda por violación de derechos laborales, tiene un caso en el que admite públicamente haber sobornado a funcionarios públicos de diversos países africanos para lograr licitaciones. Por estos hechos, según el medio Bloomberg, Glencore pagará alrededor de 1500 millones de dólares en multa. La preocupación de la población de Espinar es que algunos altos funcionarios, presuntamente implicados en estos casos de corrupción, tenían una responsabilidad sobre las operaciones en el Perú durante muchos años. La pregunta es: ¿hasta qué punto esas prácticas se podrían haber dado también en su territorio?
