De acuerdo al sociólogo e investigador Francisco Durand, el financiamiento de los privados en la campaña electoral puede influir en el desarrollo de una red de corrupción en la política que permita capturar al Estado, señala que por ello es importante generar un sistema de vigilancia ciudadana que permita informar al público de dónde viene el dinero de la campaña y cómo se ha usado, porque las donaciones bajo la mesa se dan en efectivo, sin recibo, sin bancarización, de manera clandestina, como la que dio Dionisio Romero a Keiko Fujimori o como las que dio Odebrecht a los partidos políticos que vienen siendo investigados actualmente. “Se puede decir que es como una especie de coima porque nadie garantiza que los dos millones de dólares que aporta una empresa sean invertidos en la campaña. Eso es lo que ha sucedido con Keiko, quien recibió una montaña de dinero en varias elecciones y hasta ahora no se ha rendido cuenta de qué se ha hecho con ese dinero”.
Por Marilyn Céspedes
P.- Hay una frase que aparece en su libro “La captura del Estado en Latinoamérica”, que señala: “la pregunta clave en política no es quién gobierna, sino quién manda”. Con todas las crisis políticas que hemos vivido en el Perú desde que Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia en el 2016, ¿podemos saber quién o qué grupos han estado al mando de nuestro país durante los últimos años?
R.- Siguen estando al mando los grandes intereses económicos que están representados gremialmente en la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas). Esta es una situación un poco más precaria porque el país ha enfrentado un panorama económico particular desde que la bonanza terminó; también porque los partidos políticos se han atomizado. En el Congreso, por ejemplo, desde la última elección general hay partidos más pequeños y más dispuestos a hacer planteamientos que podrían no gustarle a estos grandes grupos, pero que al final, a través del lobby, logran seguir manteniendo el poder que tienen.
P.- ¿Qué buscan obtener las grandes corporaciones al financiar a determinados partidos políticos?
R.- Buscan mantener los niveles de ganancia y rentabilidad que han venido teniendo desde el año1990 en adelante con los procesos de privatización en el país. Para poner un ejemplo concreto en el caso de las AFP, ellos manejan alrededor de 50 mil millones de dólares, que es el resultado del ahorro forzoso de los pensionistas peruanos que han entrado al Sistema Privado de Pensiones, y esa es la base de su poder. Ese dinero es manejado con absoluta libertad, y es invertido en el mercado nacional y extranjero, dándole a las AFP un gran poder de mercado, a pesar de que los dueños de los fondos no tienen ninguna representación en la empresa.
Lógicamente, las AFP han estado en contra de todas las propuestas de devolución de los fondos a los pensionistas durante la pandemia y ahora se oponen a la reforma del sistema que reintroduce la idea de la solidaridad. Siempre ha sido así, mantener el status de la élite que representa más o menos al 0.1% del país.
P.- Eso es lo que se conoce cómo “Captura del Estado”. Hoy quienes intentan hacerlo son las grandes corporaciones del sector privado, pero ¿qué otros poderes han intentado capturar al Estado?
R.- La captura del Estado es establecer una relación privilegiada con los que toman las decisiones, principalmente, en el Ejecutivo y a veces también en el Congreso por medios de mecanismos como el lobby, la financiación de campañas, el uso de las puertas giratorias y, en algunos casos, sobornos como se demostró en el caso del “Club de la construcción”. Ellos no solo dominan a través de las corporaciones o sus medios, sino que tienen una suerte de aliados, entre los principales está la tecnocracia neoliberal que los ha acompañado desde 1990 en adelante; los grandes medios de comunicación conservadores, como el grupo El Comercio y RPP, también han contado con el apoyo de ciertos políticos y de partidos que en la mayoría de casos han aprobado normas y tomado decisiones que favorecen a este núcleo capturador.
P.- Hay varios mecanismos que facilitan la captura del Estado como los lobbys, las puertas giratorias, los sobornos y el financiamiento electoral. La nueva Ley de partidos regula lo último, pero sigue siendo posible que los partidos acepten sobornos, pacten lobbys. ¿Cómo regular eso?
R.- En estas elecciones hay que considerar dos factores: la nueva ley electoral que introduce restricciones y brinda financiamiento público a los partidos y de otro lado, la pandemia. Sin embargo, no creo que cambien fundamentalmente las cosas porque en el Perú gran parte del dinero de todas las elecciones de nuestra historia la han dado los ricos y las grandes empresas, y eso no va a cambiar porque, en gran parte, los pobres no financian campañas; pueden participar en los mítines, hacen labores organizativas, pero no más. Mientras que la clase media aporta algo con análisis políticos, porque tiene alto nivel educativo.
Otra razón que es importante tener en cuenta es que en el Perú, si bien las leyes existen no se aplican estrictamente. La ONPE, por ejemplo, ha demostrado una gran debilidad regulatoria, y en algunos casos incluso se podría decir que ha sido capturada por el dinero, como sucedió en el caso del partido de José Luna, que se sospecha que ha pagado sobornos. La ONPE en materia de fiscalización es lo menos que hace, y tal es así que las verdaderas revelaciones de la plata bajo la mesa que se ha entregado en las últimas elecciones en el caso de Lava Jato se han hecho a través de la Fiscalía con información que viene de Brasil y no del Perú.
P.- ¿El sistema electoral que tiene el Perú intensifica la dependencia de las organizaciones políticas al financiamiento privado?
R.- En parte, aun cuando hay un sistema electoral basado en reglas e instituciones estas reglas no se respetan y las instituciones no vigilan. En parte también es la estructura propia de la sociedad peruana con la tremenda desigualdad que hay, es la que explica estos patrones. Yo diría que el 90% de los casos, la financiación de los ricos (como personas o familias), y de las grandes empresas que dominan la economía peruana es por interés y está demostrado en el hecho de que ellos pueden financiar a varios partidos y a varios congresistas al mismo tiempo, porque lo que cuenta es quién va a manejar el Estado peruano, quién va a presidir las elecciones del Congreso o quién va a votar en el Pleno, y poco les importa si son verdes, amarillo, morados o lo que fuere.
También ellos tienen el poder de influir indirectamente en una elección, debido a que pueden hacer campañas contra ciertos candidatos por medio de los periódicos, televisión y redes sociales. Entonces cuando ellos ven que un enemigo o, en este caso enemiga, porque así es como ven a Veronika Mendoza, la única candidata importante de la izquierda, pueden hacer una contra campaña, sobre todo en la segunda vuelta, invirtiendo recursos en los medios de comunicación o generando formas de diseminación de ideas para influir en el resultado de las elecciones. Esto se acelera en la segunda vuelta. Ahí es donde los dos punteros están mucho más necesitados de dinero, y es ahí cuando piden que los apoyen, y así se crea una relación de dependencia que puede dar paso al lobby o la puerta giratoria.
*Tomado de la entrevista en vivo realizado por la historiadora Marilyn Céspedes para Gran Angular.
P.- En el caso peruano, la captura del Estado comienza a tomar fuerza durante la dictadura de Fujimori, pero alcanza su punto máximo en regímenes democráticos; como sucedió con el caso Odebrecht, por ejemplo. ¿Influye de alguna manera el tipo de gobierno en la decisión de las grandes corporaciones de querer capturar al Estado?
R.- Ellos prefieren dictaduras pro mercado, creo que es donde les es más fácil sacar normas que les favorezcan, porque les es más fácil acceder a los recursos naturales vía las leyes de concesiones. Les es más fácil también el sistema de privatización que en el Perú han sido muy avanzado, pero en democracia se acomodan con bastante facilidad a través de mecanismos donde lo más importante es la financiación electoral, porque inicia una secuencia de hechos que luego determina un patrón de influencias de todo un gobierno. En algunos casos particulares, predomina el soborno, por ejemplo en la construcción de obras públicas.
En Estados Unidos y Europa hay muchísima preocupación por el lobby, la puerta giratoria, la financiación de campañas que están intentando regular. Hay una corriente de interpretación en los países desarrollados y también en América Latina y otras llamadas democracias de mercado como los ex países comunistas de Europa, donde ya se habla abiertamente de una democracia secuestrada y comprada, porque se ha generado una capacidad para capturar al Estado, y hasta ahora no se sabe qué proponer para corregir esa situación. Entonces, estamos ante un problema universal que demuestra, al menos en el caso de Estados Unidos y Europa que es donde hay más información y fiscalización, que cada vez más las corporaciones invierten en campaña electoral, y cada vez más gastan más en lobistas y en publicidad a través de los medios porque realmente resulta un gran negocio.
P.- ¿Cuáles son las inversiones más comunes que realizan los partidos con el dinero que reciben del sector privado?
R.- De la parte que los partidos declaran a la ONPE y según la información que tienen que presentar –que a veces es falsa información porque son documentos fraguados o son actividades de recolección de fondos que son extrañas como las rifas o cócteles en los que no se sabe bien de dónde viene el dinero– se concentra sobre todo en publicidad radial y televisiva, pero también en viajar a todo el país para organizar los mítines, para contratar los equipos de sonido, las bandas de música, todo lo que es impresión de imágenes, pintas en las paredes, etc., pero sobre todo contratar a un equipo de especialistas de campaña que son muy caros y son los que guían al candidato. También puede usarse el dinero para hacer contra campaña a otro candidato.
Ahora, de las donaciones bajo la mesa que se dan en efectivo, sin recibo, sin bancarización como la que dio Dionisio Romero a Keiko Fujimori o como las que dio Odebrecht a todos los partidos es un dinero que se da de forma clandestina. Si se le da a un candidato a la presidencia, por ejemplo, dos millones de dólares en maletines, ellos saben que nos les van a pedir recibos ni tampoco le van a pedir rendición de cuentas de cómo usaron el dinero. Entonces, ese dinero va al propio candidato y, por lo tanto, se puede decir que es como una especie de coima, porque nadie garantiza que los dos millones de dólares que aporta una empresa sean invertidos en la campaña. Eso es lo que ha sucedido con Keiko Fujimori que recibió una montaña de dinero en varias elecciones y hasta ahora no se ha rendido cuenta de qué se ha hecho con ese dinero. Entonces, la financiación de campaña puede considerarse en algunos casos como una coima, pero no todas las empresas recurren a ese mecanismo.
P.- ¿Cuál sería el escenario más idóneo para que las grandes corporaciones hagan un aporte más limpio y legal a los candidatos de su preferencia?
R.- La mejor donación que se hace es por convicción, para apoyar a la democracia. Que crean en una causa y elijan al candidato más idóneo que represente a varios sectores de la sociedad. Y la peor donación es la que se hace de forma clandestina, bajo la mesa, sin recibo. Aunque las más grandes donaciones hasta ahora han sido interesadas.
P.- Hay partidos que no provienen del entorno del poder económico, incluso los rechazan ¿cómo podrían enfrentar estos partidos el poder fáctico que representan las grandes corporaciones si llegaran a la presidencia?
R.- Hay candidatos que prefieren no recibir donaciones porque no quieren tener “deudas”, que es entendida como una admisión de culpa frente a cómo funciona el sistema. Esa es una decisión ética que se debe tener claro una vez que comienzan a candidatear. Los partidos deberían tener bien claro de quién van a aceptar donaciones, hasta qué monto van a aceptar, porque mientras más grande, mayor la dependencia o la deuda. En países desarrollados pueden haber campañas honestas con pequeñas donaciones porque la gran mayoría de la gente tiene tarjeta de crédito y por medio de internet se puede contribuir, lo cual permite montar una campaña y manejar los gastos de esa manera.
P.- Para hacer un voto responsable los electores tendrían que conocer quién financia a su candidato y que intereses hay detrás. Son los medios quienes deben informar, sin embargo no suelen abordar estos temas ¿Por qué sucede esto y cómo pueden los electores acceder a esta información?
R.- Felizmente ahora, aunque dentro de ciertos límites, tenemos la alternativa de los medios sociales y podemos no solo discutir este tipo de temas, sino también informar a veces de casos que no se conocen. Antes había un monopolio casi total de tipo informativo y de análisis, porque tú solo podías salir al aire o escribir un artículo o ser entrevistado en televisión con el permiso de los dueños de los medios de comunicación o de los jefes de las páginas editoriales; había un sesgo muy fuerte a favor de los candidatos y de ciertos temas. Ahora es posible informarse y debatir a través de los medios sociales particularmente a través de las organizaciones de periodistas independientes de investigación y por lo tanto se asegura que haya una transparencia.
P.- Para finalizar, ahora que estamos en el año de la celebración del bicentenario, ¿qué reflexión tienes sobre estos doscientos años?
R.- Siempre es una oportunidad, no sé si para empezar de nuevo, porque tenemos doscientos años de historia bajo la forma republicana de gobierno, pero sí es un momento de reflexión que permita abrir un espacio para hacer algunas propuestas. En materia electoral, deberíamos aprender de las lecciones anteriores y exigir a los candidatos que informen quién los ha financiado, y si no están dispuestos a dar esa información yo creo que hay que generar un sistema de vigilancia ciudadana, que permita informar al público de dónde viene realmente el dinero y cómo se ha usado. Hay muchísimo camino por mejorar y creo que hemos llegado a un punto en el cual durante los últimos cinco o seis años ha habido un reforzamiento de esa capacidad de exigencia, de transferencia, de fiscalización, en algunos casos una mayor independencia, como en el caso del Poder Judicial que por primera vez en la historia puede mandar a la cárcel a un millonario y hacerle una investigación. Confío también en la juventud que está demandando cambios.
