José de Echave, ex vice ministro del Ambiente analiza el primer año del gobierno de PPK en el tema minero ambiental, señala que la reducción de los conflictos socioambientales no se deben a una estrategia del gobierno sino a temas coyunturales como el Niño Costero, además del contexto internacional, como el descenso de los precios de los metales. “La lógica desde el Estado sigue siendo la misma: no hay capacidad de prevenir conflictos, no hay nuevas estrategias y no hay presencia del Estado en los territorios donde están las industrias extractivas”.
Por Magali Zevallos
P.- ¿Cuál es el balance del primer año de gobierno de PPK en el tema minero ambiental?
R.- El gobierno sigue pensando que la manera de reactivar varios de los proyectos que fueron seriamente cuestionados por las poblaciones como el proyecto Tía María (Arequipa), el proyecto Conga (Cajamarca), es bajar estándares sociales y ambientales para que las empresas tengan mejores condiciones para invertir. No se está dando cuenta que el escenario global cambió y que las empresas en los últimos años no han estado en las mismas condiciones para poder desarrollar inversiones importantes. En los últimos años las empresas mineras han estado invirtiendo menos en el Perú y en todo el mundo. La desregulación social y ambiental no va a ser el camino para crear condiciones para que las empresas inviertan. Lo que va a terminar animando a las empresas es la subida de las cotizaciones de los minerales, lo que en algunos casos ya ha comenzado a ocurrir.
Lo cierto es que en estos primeros 12 meses, el gobierno presenta un balance bastante negativo en torno a los conflictos sociales y a los temas ambientales. Si no hay un giro de 180°, si no hay una estrategia, si no hay voluntad política para enfrentar los conflictos vinculados a actividades extractivas, y además si se sigue el mismo camino de retroceder y debilitar la institucionalidad ambiental y las políticas ambientales, lo que vamos a tener más adelante son nuevamente un repunte de la conflictividad social.
P.- ¿La reducción de los conflictos sociales son un logro del gobierno de PPK? ¿Estamos hablando de una estrategia frente a los conflictos o se debe a una coyuntura política?
R.- Creemos que es un tema coyuntural, los meses de febrero hasta abril han estado fuertemente marcado e influenciado por el fenómeno del Niño Costero, por lo que la agenda social, ambiental y económica ha girado en torno a este evento climático externo. Además, hoy en día se ha podido comprobar una menor presión en los territorios; las empresas no tienen ni capacidad ni voluntad para llevar adelante proyectos mineros de gran envergadura. Ya no estamos en los escenarios que se presentaron hace algunos años atrás, lo cual no quiere decir que algunos conflictos no se vayan a reactivar.
El problema es que la lógica desde el Estado sigue siendo la misma: no hay capacidad de prevenir conflictos, no hay nuevas estrategias y no hay presencia del Estado en los territorios donde están las empresas extractivas.
P.- En los dos últimos gobiernos se han radicalizado las leyes para criminalizar las protestas sociales, y hay centenares de ambientalistas denunciados. ¿Cómo evalúa el primer año de PPK en este tema?
R.- Las leyes siguen siendo las mismas y la presión sobre defensores ambientales siguen siendo enormes. Global Witness acaba de publicar un informe que da cuenta que el mayor número de personas desaparecidas, muertas o heridas por conflictos sociales están precisamente vinculados a casos de conflictos con actividades extractivas. Eso está ocurriendo en el Perú desde hace algunos años, sobre todo en los territorios con presencia de actividades extractivas.
P.- ¿En este gobierno qué normas ambientales se han visto debilitados?
R.- Este gobierno ha continuado el camino de sus antecesores. Se siguen debilitando estándares ambientales: la legislación ambiental y la institucionalidad ambiental, llámese el Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos cada vez están más débiles y pierden competencias. Se han modificado los estándares de la calidad del aire, que ha permitido elevar 12 veces el límite de dióxido de azufre, pasando de 20 a 250 unidades por metro cúbico. Y en términos de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, uno de los hechos más preocupantes de estos últimos meses ha sido la modificación del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio del Ambiente, que le ha quitado función rectora al Minam sobre una política clave y vital: la del ordenamiento territorial.
Finalmente, hay un Decreto Legislativo N°1285 que ha reducido las exigencias y los procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales, para un gobierno que se ha planteado como prioridad el tema del saneamiento básico y el tema del agua nos parece preocupante.
En términos generales, la institucionalidad ambiental, las políticas ambientales, los organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, como es el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), siguen siendo los blancos de un proceso de debilitamiento. La lógica es seguir bajando las regularizaciones ambientales y se pretende hacer creer que de esa manera las inversiones van a comenzar a llegar.
P.- El Ministerio del Ambiente se encuentra debilitado y actualmente tenemos estándares ambientales más bajos que de Chile. ¿Qué rol viene ejerciendo el Minam?
R.- La impresión que uno tiene es que es una figura decorativa, es una suerte de maceta verde en el gabinete de ministros que no le dan importancia al tema. El Minam no asume su rol de autoridad ambiental en el país, cada vez se achica más y se debilita. Si uno revisa el discurso de 28 de julio, el tema ambiental está reducido a la mínima expresión. Eso es preocupante, el componente ambiental juega un rol significativo en cualquier estrategia de desarrollo en pleno siglo XXI, ocupa un rol importante, un rol de primer orden, en cambio en el Perú se piensa que lo ambiental es un problema o una traba.
P.- El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros destaca que se han incrementado los conflictos laborales en el sector minero ¿a qué se debe?
R.- En primer lugar hay que recordar que una gran mayoría de trabajadores mineros no tienen una relación directa con la empresa minera; son trabajadores de empresas intermediarias (services): alrededor del 70% de los trabajadores mineros están en las empresas intermediarias, lo que significa que no tienen las mismas condiciones laborales que el resto, no reciben los mismos beneficios.
En segundo lugar, los ingresos económicos de los trabajadores mineros también se han reducido de manera significativa, porque antes, en la época del súper ciclo de precios de los metales, cuando había utilidades altas, ellos tenían beneficios por distribución de utilidades que eran significativos. Hoy en día esos beneficios se han reducido o prácticamente han desaparecido. Por lo tanto los ingresos de los trabajadores han bajado de manera significativa.
Hay un tercer elemento que también aparece en la agenda y que está vinculado con el tema de la salud ocupacional y la exposición a contaminantes por metales pesados y que afecta a los trabajadores y también a los entornos poblacionales. Estos son algunos de los principales puntos que aparecen en la agenda de las demandas laborales.
P.- Los precios del zinc y el cobre han subido ¿Vamos a volver a tener el boom de los precios de los metales?
R.- En el corto plazo no creo que regresemos a la época de súper ciclo. Los precios del cobre y del zinc efectivamente se han recuperado y un poco también el oro el año pasado. Pero no estamos en un escenario del boom de precios, como se vivió entre el año 2002-2013. Pero el Perú tiene algunas ventajas que deberá aprovechar: en nuestro país, los costos de producción de las minas, sobre todo las de cobre, son muy bajos y por eso se explica que muchas empresas estén interesadas en desarrollar sus proyectos. Hacer minería en Perú sigue siendo atractivo, y para ello no se tiene porque afectar los estándares ambientales.
P.- En cuanto al conflicto Las Bambas, el Ejecutivo declaró de interés nacional la zona de influencia minera del proyecto. ¿Qué avances se han dado?
R.- El problema es que después de ese acuerdo y de ese ofrecimiento muy poco es lo que se ha avanzado en la implementación de esos proyectos. Es más en estos días se han reactivado las movilizaciones y algunos bloqueos de carretera en la zona. Si el gobierno no toma las precauciones del caso, si no toman interés en cumplir con los compromisos pactados, nuevamente va a enfrentar problemas sociales de envergadura. No hay que olvidar que Las Bambas es la inversión más grande y más importante que ha habido en la minería peruana en las últimas décadas y la gente espera ver que lleguen los beneficios y que se respeten sus derechos.
