Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam Perú, alerta sobre el aumento de cultivos de palma aceitera en la Amazonía. En nuestro país, el Grupo Melka ya deforestó 11 mil hectáreas y casi 100 mil más estarían en riesgo de aprobarse las 11 solicitudes que se encuentran en trámite. Pinto resalta que, si bien Perú no se encuentra en riesgo todavía, la migración del cultivo de palma de Asia a África y a los bosques amazónicos, representa una gran amenaza para el país.
P.- ¿Por qué es tan demandado el cultivo de palma aceitera en el mercado global?
R.- La palma está asociada a una serie de productos de uso cotidiano para la industria alimentaria, para la cosmética, para la farmacéutica también y además tiene un uso como biocombustible.
P.- ¿Es verdad que los biocombustibles no son amigables con el medio ambiente?
R.- Hay una larga discusión. Originalmente se pensó que los biocombustibles eran una alternativa frente al calentamiento global, eran como un reemplazo a los hidrocarburos, pero estudios recientes -auspiciados por Oxfam y otros en el marco de la política de la Unión Europea- están dando cuenta de que producir el biocombustible genera tanto calentamiento global como los hidrocarburos mismos, entonces realmente no es una solución. Sin embargo, se mantiene como una política el incorporar un porcentaje de biocombustible en los combustibles fósiles, sobre todo para el uso automotriz.
P.- ¿Cuáles son las causas de que los biocombustibles sean más contaminantes?
R.- La producción implica deforestación y uso de otros combustibles por el transporte. Entonces en el costo-beneficio no necesariamente significa una alternativa tan eficiente como se pensó en algún momento.
P.- ¿Qué países son los que más demandan la palma aceitera?
R.- Es un producto que se consume en todo el mundo. Hay una fuerte demanda de los países industrializados. En la Unión Europea están discutiendo muchísimo el tema de la palma aceitera para la cosmética, para las industrias alimenticias y también como biocombustible. Están en plena discusión de su política energética hacia el 2030 y parte de las preocupaciones que tiene Oxfam es que esta mayor demanda signifique un crecimiento de estos cultivos en bosques como la Amazonía, que son zonas que reúnen las condiciones biofísicas para ello.
P.- En Malasia e Indonesia la actividad ha significado la deforestación de 15 millones de hectáreas de bosques…
R.- Sí, durante muchísimo tiempo se ha saturado las zonas de Asia sobre la producción de palma y justamente por eso en la búsqueda de nuevas áreas de explotación es que se está migrando hacia las zonas de África y a los bosques amazónicos, siendo Perú uno de los primeros países donde se evidencia un crecimiento de los cultivos agroindustriales de palma, pero que todavía no es muy grande.
P.- Habría que estar alerta entonces y tomarlo como un precedente….
R.- Por supuesto, la situación de Malasia ha sido denunciada a nivel global y es parte de las preocupaciones de Naciones Unidas. Justamente en razón de esa situación es que se establecieron preocupaciones, políticas y cuidados en la producción de palma a nivel global. El problema es que en un país como el nuestro que tiene débil institucionalidad ambiental y una serie de vacíos legales que han sido alertados por el propio Ministerio del Ambiente, cabe la posibilidad de que áreas de bosques sean convertidas en áreas de producción agrícola. Cuando esas áreas estaban en manos de pequeños campesinos individuales no se evidenciaba un gran problema, aunque sí es un problema de deforestación; pero cuando ya hablamos de grandes empresas agroindustriales –una lógica de capitalismo agrario en la selva-, el riesgo es muchísimo mayor porque no tenemos las condiciones para enfrentar esa situación.
P.- ¿Qué impactos sociales ha traído el cultivo de palma en Perú?
R.- En principio, la palma está asociada a la deforestación. Además, los agroquímicos asociados a la producción pueden generar contaminación de quebradas, ríos, etc. Hay un problema de desposesión de los pequeños propietarios, de campesinos individuales. En Perú hay denuncias importantes en el caso de Tamshiyacu (Loreto) donde los pobladores señalan que vendieron sus tierras con muy poca información porque les dijeron que el Estado se las iba a quitar. En San Martín y Ucayali hay denuncias de comunidades, dicen que hay un conflicto con los palmicultores y con gente que pretende vender palma.
P.- ¿Qué consecuencias ha traído el crecimiento de la palma en la Amazonía?
R.- Hay algunos casos donde se alude a situaciones de corrupción. En Ucayali, el gobierno regional ha entregado amplias áreas en concesión para la producción de palma aceitera. También hay problemas legales en la medida en que muchas áreas agrícolas en realidad son boscosas y ahora se están utilizando para el cultivo de palma, entonces existe una discusión sobre si se necesita o no un instrumento de gestión ambiental para empezar a producir. Los empresarios dicen que no porque es un área agrícola y la compraron así, pero algunas autoridades han entendido que, si es bosque, se necesitan estudios de impacto ambiental.
P.- Entre 2011 y 2013, el Grupo Melka deforestó 11 mil hectáreas de bosques en Ucayali, ¿cuál es el impacto de esto?
R.- Alegando que son áreas agrícolas, se ha deforestado un área que tenía cobertura boscosa y, en la medida en que no se tenga un catastro, estas 11 mil hectáreas pueden ser un anuncio de lo que vendría luego. Actualmente hay unas 100 mil hectáreas en solicitud; entonces, si no se tienen controles para este tipo de actividad, podrían ser deforestadas.
P.- Son 11 solicitudes en trámite para la concesión de palma aceitera que representan la posible deforestación de 99,356 hectáreas de bosques. ¿Qué consecuencias traería la aprobación de esas solicitudes?
R.- Si es que no se tienen los respectivos controles, por supuesto que habría un impacto mayor. En esa medida es que nosotros invocamos a un diálogo entre los distintos actores involucrados (incluyendo a los representantes de los palmicultores, funcionarios públicos, académicos y asesores de las organizaciones indígenas), para discutir cuáles serían las condiciones de continuidad de la producción de palma en la Amazonía. Los palmicultores señalan que ellos operan sobre áreas que ya son de producción agrícola, que lo que están haciendo es transformar las áreas para el cultivo de palma. Sin embargo, hay alertas de áreas boscosas que no eran de producción agrícola y ahora sí lo son.
Las organizaciones indígenas han solicitado que haya una suerte de moratoria, un plazo para que el Estado pueda reorganizar sus capacidades a nivel de la normativa, de la capacidad de fiscalizar, de lograr un nivel de catastro, de generar una política clara de titulación de las comunidades indígenas y, con esas condiciones ya acordadas, que se pueda continuar con una producción de otro tipo.
P.- El especialista Juan Luis Dammert mencionó que Perú tiene “ventajas legales” para que los productores adquieran grandes extensiones de bosques, ¿cuáles son esas ventajas?
R.- La legislación agraria y la legislación ambiental no necesariamente están suficientemente coordinadas, entonces tú tienes que por mérito de un estudio de suelos aprobado por el Ministerio de Agricultura, se puede determinar que un área es apta para la producción de un cultivo aunque esa área tenga cobertura boscosa. Esta ha sido una discusión durante muchísimo tiempo. El Ministerio del Ambiente ha insistido en que, si hay cobertura boscosa, no puede ser un área de producción agraria, al menos que cuente con los permisos ambientales respectivos. Pero, en la medida en que esto ha sido materia de interpretación en los casos de Ucayali y de Loreto, Juan Luis alertaba que existen estos vacíos que han permitido que esta situación se produzca.
La Constitución dice que los bosques son áreas que deben protegerse, que no pueden ser deforestados sin un Estudio de Impacto Ambiental o un instrumento similar, pero hay que regularlo para que por ninguna posibilidad de corte agrario, se generen estos permisos de producción. Hay un vacío entre estas normas.
P.- ¿Cuál es la problemática que viven los pequeños campesinos? ¿Han sido desplazados por la agroindustria?
R.- En el caso de Tamshiyacu aparentemente sí, en algunas zonas de San Martín también hay reclamos, los pobladores dicen que hay gente que llega con la voluntad de especular tierras para la posterior producción de palma. Pero no podríamos hablar por los campesinos.
P.- ¿Cuál es su valoración sobre la creación del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú 2016-2025?
R.- El plan no está aprobado. Se saluda que haya un plan en la medida que orienta una política. Es mejor que haya uno a que se siga desarrollando la actividad sin apoyo del Estado. Pero es un plan que está más orientado a la lógica del Ministerio de Agricultura, de los productores de palma y no necesariamente cuenta con la participación de todos los sectores involucrados. Consideramos que el Ministerio del Ambiente debería tener un papel, por lo menos, similar al que cumple el Ministerio de Agricultura. Además la sociedad civil no ha tenido una participación adecuada. Tampoco se prevé someter este plan a consulta previa con las comunidades.
P.- ¿Qué falta para su aprobación?
R.- Tenemos entendido que ya está listo para aprobarse porque fue sometido al mecanismo de participación vía web y la participación ciudadana general.
P.- Los productores de palma defienden que su cultivo ha contribuido al abandono de cultivos ilícitos como la coca, ¿es cierto?
R.- Aparentemente es un cultivo que ha permitido salir de la pobreza a un sector importante de pequeños productores, quienes habrían abandonado cultivos ilícitos, eso es lo que señaló el Gobierno y el representante de los palmicultores. Nosotros no lo ponemos en duda, seguro que es así. El asunto es cómo afecta a otros intereses y no genera una amenaza de deforestación muy grande, porque partimos del supuesto de que es un cultivo que tiene un potencial en el mercado y no debería ser rechazado de plano, pero sí debería establecer una serie de condiciones dada la fragilidad del bosque amazónico.
P.- ¿El cultivo de palma podría desplazar al cultivo de coca?
R.- Es bastante difícil porque hay mercado para ambos, pero no es un tema menor. Es importante tomar en cuenta cualquier alternativa que haya a los cultivos de coca, pero habría que ver si la producción nacional efectivamente se ha reducido. Lo que muchas veces sucede es que lo desplaza, pero no necesariamente se erradica el cultivo.
P.- ¿Qué papel está tomando el Estado? ¿Hay un control real? ¿Qué políticas hacen falta?
R.- No hay una presencia del Estado y eso es parte del problema, en casi ninguno de los casos se ha visto que una autoridad pueda asumir un rol de fiscalización y eso lo señalaba la Defensoría del Pueblo en un evento que tuvimos, decían que en su proceso de evaluación, dada la complejidad del tema, el sector agricultura, el sector ambiente y los gobiernos regionales se pasaron la pelota entre ellos y ninguno asumía el control del fenómeno social, político y económico que se genera alrededor de la palma.
P.- ¿Qué debería hacer el actual Gobierno?
R.- Lo primero es tener una visión multidimensional del asunto. No nos oponemos a que los palmicultores y el Ministerio de Agricultura tengan una política de promoción, el asunto es que no puede ser ese el único criterio para ordenar la actividad, entonces este Gobierno tendría que convocar a todos los actores involucrados: gobiernos regionales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, sociedad civil organizada y pueblos indígenas para discutir juntos una política que recoja los intereses de todos. También reforzar la institucionalidad y solucionar los vacíos de interpretación legal.
P.- A nivel de Latinoamérica, ¿qué países tienen conflictos por el cultivo de palma?
R.- Nosotros no somos ni lejanamente en país que más produce palma aceitera. En Sudamérica tenemos a Ecuador y Colombia que producen más y en Brasil también hay una política de promoción importante. El tema es que en la Amazonía no se estaba produciendo palma en un número significativo. Son países que estarían en riesgo si el mercado global demanda más el producto.
